El Govern de Salvador Illa ya ha tomado el relevo del ejecutivo del president Aragonès. A falta de que se acabe de completar el traspaso que los socialistas han definido de "modélico y ejemplar", el nuevo president de la Generalitat encara múltiples retos que tendrá que afrontar en los próximos meses. De la crisis en los Mossos d'Esquadra por el operativo que no pudo detener a Puigdemont, a la negociación con el Estado sobre una nueva financiación o la ejecución del traspaso de Rodalies, Illa cuenta con una mayoría insuficiente, 42 diputados, que le obligará a llegar a acuerdos con ERC, Comuns, Junts o incluso el PP. De hecho, en esta línea ha ido su discurso los últimos días, y es que se ha basado en evitar el dogmatismo y sectarismo y mostrar la voluntad de entendimiento con todas las fuerzas democráticas. El nuevo ejecutivo, además, ha prometido un decreto ómnibus en sus primeros 100 días para dar respuesta a una de las grandes problemáticas de los últimos dos años: la sequía.
La mejora de la financiación
Esquerra Republicana y el PSC llegaron a un acuerdo para mejorar la financiación de Catalunya. Y es que los catalanes viven en la tercera comunidad que más aporta y la décima que más recibe. Por eso, los dos partidos acordaron la llamada "financiación singular", aunque los socialistas lo evitan definir como concierto económico. Uno de los retos es ver si el PSC querrá cumplir con el acuerdo. Aunque los de Salvador Illa han insistido en que lo cumplirían, el independentismo tiene serias dudas. En todo caso, quien se encargará de eso será la consellera de Economia i Finances, Alícia Romero, que tendrá que negociar con su homónima en el Gobierno, María Jesús Montero, y conseguir una mayoría en el Congreso que tendrá que contar con Junts per Catalunya.
Con todo, el nuevo Govern monocolor del PSC tendrá que conseguir que "la Generalitat, gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Catalunya y aumente sustancialmente la capacidad normativa con coordinación con el Estado y la Unión Europea". El acuerdo también dice que la "gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los impuestos soportados en Catalunya corresponde a la Agencia Tributaria de Catalunya" y asegura que "la aportación de los gastos del Estado se establecerá a través de un porcentaje de participación en los tributos". El texto del pacto, al mismo tiempo, habla de solidaridad hacia las otras comunidades autónomas y tiene que estar "limitada por el principio de ordinalidad".
Una de las prioridades de este nuevo Govern, tal como establece el acuerdo, es que es "imprescindible desarrollar la Hacienda catalana" con el objetivo que esta administración alcance plena autonomía en la "recaudación, gestión, liquidación e inspección de todos los tributos que se generan en Catalunya". Además, esta hacienda tendrá que instrumentalizarse a través de la Agència Tributaria de Catalunya a fin de que asuma las funciones de aplicación de todos los tributos generados en Catalunya. Los plazos del acuerdo son claros: durante el primer semestre del 2025 habrá que presentar el acuerdo en la comisión bilateral entre el Govern y el Estado, mientras que el 2026 Catalunya tendrá que empezar a gestionar, recaudar, liquidar e inspeccionar la totalidad del IRPF, el principal tributo del sistema fiscal español.
El traspaso de Rodalies
Otra carpeta caliente del nuevo Govern de Salvador Illa es el traspaso de Rodalies. En el marco de la investidura de Pedro Sánchez, el PSOE y ERC acordaron la inyección de 1.000 millones de euros para mejorar el servicio y un traspaso que tiene que empezar con la línea R1 a través de una empresa mixta entre ambas administraciones. El traspaso se tendría que completar en los próximos tres años y, de momento, incluye tres vías: la línea del Maresme (R1), la línea Papiol-L'Hospitalet-Vic-Puigcerdà (parte de la R3) y la línea de Sant Vicenç de Calders (la R2 sur). De hecho, en esta línea, una de las dos primeras medidas que acordó el Consell Executiu de este martes fue la de ratificar a Pere Macias como comisionado para el traspaso.
Con respecto al calendario, este pasado julio la Generalitat y el Gobierno acordaron que el traspaso de la línea 1 sería en el mes de enero del año que viene y se espera que antes de octubre de este año se haya terminado toda la documentación. La Generalitat y el Estado también acordaron que en diciembre del 2025 empiece todo el proceso, en este caso, para la R2 sur y la R3, y estudiar la posibilidad de incluir las infraestructuras de la R4 y la R16, que inicialmente habían quedado fuera. Todo ello, lo tendrá que gestionar la consellera de Territori, Transició Ecològica i Habitatge, Sílvia Paneque.
Crisis en los Mossos
La conselleria de Interior sufre una crisis desde que el president en el exilio, Carles Puigdemont, evitó su detención en Arc de Triomf. A pesar de la operación Jaula, los Mossos no pudieron detener al líder de Junts, hecho que provocó el enfado del ya exconseller de Interior, Joan Ignasi Elena, y del jefe de los Mossos, Eduard Sallent. Por eso, Salvador Illa, junto con la nueva consellera de Interior, una de las primeras cosas que ha hecho como president de la Generalitat ha sido visitar la central del cuerpo de los Mossos d'Esquadra en Sabadell. Desde allí, Illa cerró filas con la policía catalana y evitó valorar el operativo para detener a Puigdemont.
Otra incógnita será si el nuevo Govern mantendrá la actual estructura. Illa ya anunció en campaña que nombraría a Josep Lluís Trapero como director general de la policía catalana en sustitución de Pere Ferrer. Mientras que eso ya se da por hecho, quedará en duda cómo queda la situación del comisario jefe, Eduard Sallent, quien mantiene una relación tensa con Trapero y a quien Elena había nombrado major, pero la justicia lo había paralizado. Otros retos de Illa y Parlon serán reforzar las unidades de seguridad ciudadana y reducir la multirreincidencia, teniendo en cuenta que los hurtos son el principal delito que se ha cometido en Catalunya.
¿Se hace, o no, el Hard Rock?
Este es una de las dudas que ha recorrido sobre la política catalana durante los últimos dos años. El macrocomplejo de ocio entre Vila-seca y Salou, que también incluye casinos, teatros y equipaciones para congresos, fue el motivo principal por el cual los Comuns no apoyaron los presupuestos del 2024, hecho que provocó la convocatoria de elecciones anticipadas por parte del president Aragonès. Este proyecto ha sido una de las demandas de los últimos años del PSC de Salvador Illa, junto con el aeropuerto de El Prat y la B-40. Ahora, con las negociaciones para la investidura de Salvador Illa, el líder socialista parece que haya cambiado de prioridades. Y es que el PSC acordó con ERC y los Comuns aumentar el impuesto de los casinos del 10% actual al 55%. Eso podría desincentivar la inversión de este complejo, aunque no se da por descartado del todo. En todo caso, también lo tendrá que gestionar la consellera de Territori, Transició Ecològica i Habitatge, Sílvia Paneque.
¿Y la ampliación del aeropuerto?
Uno de los principales problemas que se encontró el president Aragonès en la pasada legislatura fue que se encontró con un Parlament a favor de la ampliación del aeropuerto de El Prat, mientras que su ejecutivo rechazaba esta idea y apostaba por modernizarlo. El acuerdo de los presupuestos del 2023 entre ERC y el PSC, entonces, impulsaba la creación de una comisión técnica entre el Govern y la Generalitat para abordar el "modelo aeroportuario" y "ganar capacidad". Al mismo tiempo, incluía el compromiso de conectar con AVE los aeropuertos de Girona y Reus y de preservar la biodiversidad de su entorno. Con eso, quedaba en el aire como se tenía que mejorar el aeropuerto de El Prat.
Este año, el texto del acuerdo entre ERC y PSC fija que se tiene que seguir con esta comisión técnica para definir el modelo aeroportuario catalán y definir los roles de los aeropuertos de Girona, Reus y Sabadell y Lleida. Con todo, avisa de que se tiene que respetar la biodiversidad, contribuir a la reducción de emisiones y poner en valor los espacios protegidos de la Red Natura 2000. Sin embargo, la principal novedad del acuerdo es que tanto ERC como el PSC "promoverán las modificaciones en el marco legal actual para hacer efectiva la creación de un nuevo Consejo Rector Aeroportuario de Catalunya (CRAC)". Eso tiene que sustituir al actual comité de coordinación aeroportuaria (CCA) y tiene que permitir una posible entrada de la Generalitat en la gestión del aeropuerto que, a estas alturas, está monopolizada por el Gobierno. Además, también se acuerda crear la Autoridad Aeroportuaria de Catalunya, que tiene que dar apoyo al nuevo papel de la Generalitat en el nuevo modelo de gobernanza. Y al fin y al cabo lo tendrá que gestionar Sílvia Paneque.
La vivienda, el eje del acuerdo entre el PSC y los Comuns
El acuerdo entre el PSC y los Comuns tuvo como eje central las políticas de vivienda. Y es que esta materia, sobre todo en las grandes ciudades, es uno de los deberes de la administración pública, teniendo en cuenta las dificultades de los jóvenes para emanciparse, el alto precio de los alquileres o las dificultades para encontrar un alquiler asequible. Por eso, el acuerdo entre el PSC y los Comuns recoge medidas como la garantía de 50.000 pisos nuevos en el periodo 2024-2030, y así incrementar la oferta de vivienda protegida para dar respuesta a la gran demanda de vivienda social y asequible. De estas viviendas que se incorporarán al parque de vivienda protegida, el INCASÒL tendrá que promover 15.000 en los próximos cuatro años a través de los diferentes mecanismos disponibles.
Además, se destinan 350 millones de euros en los próximos cuatro años para comprar 5.000 viviendas para ponerlos a disposición de la bolsa de alquiler social por emergencia habitacional. El acuerdo también incorpora un servicio de intervención en procesos de pérdida de la vivienda habitual e incluye un régimen sancionador para quien incumpla la regulación de los precios del alquiler e incorpora la modificación de la ley de arrendamiento urbanos (LAU) a fin de que los ayuntamientos tengan herramientas de planificación para saber cuántos alquileres de temporada hay en cada barrio. Al fin y al cabo, lo tendrá que gestionar, también, la consellera Sílvia Paneque.
El reto de la sequía
Las restricciones de la sequía han sido uno de los temas del último año. A pesar de las lluvias de los últimos meses, se calcula que si hay un otoño seco, las restricciones volverán en enero del 2025. Por eso, el ejecutivo ya ha anunciado un decreto ómnibus durante sus primeros 100 días con el objetivo de aumentar inversiones en este sentido. El objetivo del ejecutivo socialista es que el 2030 Catalunya no dependa del estado de los embalses, consiguiendo aumentar la potabilización y la regeneración del agua.
La lengua como eje vertebrador de la nación
"La defensa de la lengua no es un ataque contra nadie, sino la defensa de una de las columnas vertebrales de Catalunya". Así de claro y contundente fue Salvador Illa en su discurso de toma de posesión de sus nuevos consellers. Desde el Palau de la Generalitat, el president reivindicaba la creación de la Conselleria de Polítiques Lingüístiques en el marco del acuerdo con Esquerra Republicana. De hecho, Illa tendrá que impulsar durante sus primeros 100 días un Pacte Nacional per la Llengua con una dotación de 200 millones de euros con el fin de revertir la pérdida de terreno del catalán como lengua de uso habitual. También se da por hecho que el nuevo ejecutivo defenderá la vehicularidad del catalán en la enseñanza y el sistema de inmersión lingüística.
Remontar los malos resultados PISA en educación
La Conselleria d'Educació ha sido una de las más problemáticas en el Govern de Aragonès. Los sindicatos han tenido tensiones a lo largo de las últimas legislaturas con el conseller Cambray. Ahora, el objetivo de la nueva titular es el de llegar a acuerdos y consensos y contentar a la comunidad educativa. Pero no solo eso, sino que tendrá que conseguir un remontamiento de los niveles de lectura, escritura y matemáticas de los alumnos catalanes. Y es que en el estudio PIRLS de comprensión lectora y el informe PISA, Catalunya obtuvo de las peores notas de España. Además, también tendrá que afrontar la implementación de la sexta hora escolar.