Juan Carlos I vuelve este jueves a España 655 días después de fugarse a Abu Dhabi, una visita que llega después de que el mes de marzo la Fiscalía cerrara definitivamente todas las causas que había abiertas contra el rey emérito. Es precisamente la clausura de todos los frentes judiciales lo que ha propiciado un clima de impunidad total en el retorno del exmonarca. De hecho, será recibido con grandes honores en Sanxenxo (Galicia) y el lunes visitará el Palacio de la Zarzuela. El Ministerio Público se agarró a la "inviolabilidad" de Juan Carlos I y a las regularizaciones fiscales que efectuó a consecuencia de los millones que había obtenido y que no había declarado a Hacienda para dar carpetazo a todos los asuntos que lo salpican. Aunque la Fiscalía admitió que el emérito se enriqueció con fondos ajenos a su sueldo como jefe del Estado, Juan Carlos de Borbón pisará suelo español sin seguir dando explicaciones a la ciudadanía sobre sus acciones y conductas más que cuestionables.
El 3 de agosto de 2020, la Zarzuela publicaba una carta del rey emérito dirigida a su hijo Felipe VI. En la misiva, Juan Carlos I anunciaba que se marchaba de España y que abandonaba la Zarzuela. La decisión la adoptaba "con profundo sentimiento pero con gran serenidad" y por "contribuir a facilitar el ejercicio de las funciones" de Felipe VI debido a "ciertos acontecimientos pasados" de su "vida privada". El verano de 2020 fue el detonante que desencadenó esta marcha del emérito a Abu Dhabi. Desde principios de aquel año, las informaciones que llegaban desde Suiza sobre los negocios de Juan Carlos de Borbón en Arabia Saudí hacían que su situación en la residencia de la monarquía fuera insostenible. El único movimiento que había hecho el rey Felipe VI para intentar alejarse del legado de su padre fue el 15 de marzo de 2020, cuando anunció que renunciaba a cualquier herencia de Juan Carlos y que le retiraba la asignación como miembro de la familia real. Además, la justicia española había decidido iniciar las investigaciones pertinentes en relación con todo lo que había hecho referencia la justicia suiza. En concreto, Anticorrupción tenía tres carpetas abiertas de posibles tejemanejes del exmonarca.
Las comisiones por el AVE en La Meca
El 2 de marzo de este año, la Fiscalía del Tribunal Supremo anunciaba el archivamiento de las tres causas y descartaba que Juan Carlos I tuviera que hacer frente a alguna responsabilidad penal. Una de estas carpetas era la relativa a las presuntas corrupciones por el AVE en La Meca. El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, expresaba en la resolución que se cerraba la causa por "falta de indicios", "prescripción de los hechos" y "protección de los actos durante su reinado por la figura de inviolabilidad constitucional". A pesar de reconocer que hubo irregularidades, como el hecho de que Juan Carlos I ocultara dinero procedente del extranjero en Hacienda, recordaban que el emérito había efectuado dos regularizaciones fiscales, un procedimiento que hizo con ayuda económica de amigos suyos.
De hecho, Anticorrupción dejaba claro que uno de los beneficiarios de la Fundación Lucum era Juan Carlos de Borbón. La Fundación tenía una cuenta bancaria en Suiza donde se ocultaba una donación de 65 millones de euros procedente de Arabia Saudí. Sobre estos importes, el Ministerio Público precisaba que se había localizado dinero defraudado a la Hacienda Pública en concepto de IRPF entre el 2008 y el 2012, cuantías que superaban los 120.000 euros. En este sentido, el exjefe del Estado queda exento de responsabilidad penal porque las cantidades no declaradas entre el 2008 y 2011 quedaban "extinguidas por prescripción", en tanto que las del 2012 no serían "susceptibles de reproche penal porque estaba protegido por la inviolabilidad".
En relación —todavía— con el proyecto de AVE a La Meca, se investigaba al emérito por un posible delito de corrupción. La Fiscalía del TS acababa indicando en marzo que no se había podido establecer "ni siquiera de manera indiciaria" ningún vínculo entre el ingreso de dinero, el pago de posibles comisiones y la adjudicación del proyecto de AVE a La Meca. En todo caso, los motivos por los cuales lo investigaban es que se podría haber tratado de un "regalo que podría haber sido recibido en consideración de jefe del Estado que Juan Carlos de Borbón ostentaba en el 2008 y, por lo tanto, susceptible de integrar el delito de soborno". Nuevamente, esta infracción estaba "claramente prescrita".
Transferencias de un empresario
La segunda de las carpetas archivadas en marzo por la Fiscalía del Tribunal Supremo hacía alusión a unas transferencias que había realizado el empresario Allen Sanginés-Krause entre el 2016 y 2019. El beneficiario de estos importes fue Juan Carlos I y se trataba de una cuantía que llegaba a superar el millón de euros (516.606,32 euros). El Ministerio Público indicaba que "no existe constancia de ninguna contraprestación por los ingresos recibidos". La cifra se tenía que incluir en el impuesto de sucesiones y donaciones. En diciembre de 2020, el exmonarca detuvo el impacto con una nueva regularización fiscal por valor de 556.412,50 euros, una cantidad ligeramente superior a lo recibido por los intereses de demora, entre otros.
La Fundación Zagatka
La tercera de las causas era relativa a los gastos y viajes pagados de Juan Carlos de Borbón pagados por la Fundación Zagatka. Tras esta asociación, estaba el primo del emérito, Álvaro de Orleans. Estos costes se produjeron después de que el exjefe del Estado abdicara, hecho que tendría que suponer que no estuviera protegido por la inviolabilidad que confiere el hecho de ser el rey. Para hacer frente a este caso, y "sin previa notificación de la Agencia Tributaria", el rey emérito efectuó una nueva regularización de impuestos de 4,41 millones de euros.
Una sombra judicial en el Reino Unido
Aunque Juan Carlos vuelve este jueves a España sin ninguna preocupación judicial detrás, fuera de las fronteras del país sigue persiguiéndolo una sombra. Se trata de la justicia británica porque su examante Corinna Larsen lo denunció por acoso, a él y a los servicios secretos españoles, por "vigilancia ilegal" en el Reino Unido. A finales de marzo, el rey emérito recibió un golpe duro de los tribunales de Londres: se le negó que disfrute de inmunidad en el territorio inglés, de manera que se lo puede seguir investigando. Eso podría abrir la puerta a que se lo citara como acusado y tuviera que declarar. Corinna ha manifestado que sufrió "seguimiento ilegal": "intervención de llamadas, investigación de cuentas bancarias y espionaje de mensajes por móvil" con la implicación del Centro Nacional de Inteligencia.