Bandera verde a la espera de la bandera a cuadros. La ley de amnistía ha dado esta semana un gran paso adelante con la aprobación en el pleno del Congreso de los Diputados después del acuerdo entre el PSOE, Junts y ERC que culminaba un proceso de tonificación de cuatro meses en la Cámara Baja. Entre la primera propuesta que se conoció y el texto que el jueves salió de la Carrera de San Jerónimo en dirección al Senado, la amnistía ha ganado una armadura que el PSOE, Junts y ERC le han construido para reforzar sus posibles vulnerabilidades a merced de las maniobras retorcidas de los jueces españoles. Ahora, la ley emprende un camino repleto de trampas en la Cámara Alta, que la retendrá, como mucho, hasta el 16 de mayo. Acto seguido, el Congreso la revitalizará y le dará el sello definitivo que permitirá publicarla al Boletín Oficial del Estado. Sin embargo, una vez imprimida negra sobre blanco, lejos de haber alcanzado el cenit, entrará en el terreno más pantanoso: la aplicación por parte de los jueces.
La amnistía llega al Senado: el nuevo calendario
La primera fecha a anotar es la del martes 19 de marzo: se reúne la Mesa del Senado para calificar la iniciativa y, según ha podido saber ElNacional.cat, enviarla a la Comisión Constitucional (presidida por el histórico del PP y expresidente del Senado, Pío García-Escudero). Es un mero trámite, pero ha abierto una guerra entre PP y Vox: la formación de ultraderecha hace semanas que exige a los populares (con amenazas de querellas) que no acepten tramitar la ley y provoquen “un conflicto institucional”, mientras que en Génova replican que no harán “nada que sea ilegal” y reflexionan que cerrar la puerta del Senado a la amnistía restaría debates y evitaría volverle a poner el foco mediático.
Lejos de esta disputa, el martes la Mesa abrirá un plazo de diez días hábiles (con una posible prórroga de cinco días) para presentar enmiendas o propuestas de veto. El plazo cerrará inicialmente el 3 de abril y podrá prorrogarse hasta el 9 de abril, según el calendario de tramitación a que ha tenido acceso ElNacional.cat. Además, la voluntad del PP, según informaban hace unas semanas fuentes de la Mesa, es citar expertos y juristas para que comparezcan en la comisión y presenten argumentos contrarios a la amnistía. La mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta le habilita para controlar el proceso en todo momento. Los populares intentaron solicitar comparecencias en el Congreso para alargar la tramitación, pero el PSOE, Sumar, Podemos y los independentistas lo impidieron. Además, el PP también espera dos informes de la letrada mayor del Senado, Sara Sieria, sobre la ley y sobre su tramitación, así como el pronunciamiento del Consejo General del Poder Judicial. No olvidemos que el PP aprobó una reforma del Reglamento (de constitucionalidad cuestionable) que permite a la Cámara Alta no tramitar la amnistía de urgencia y retenerla durante dos meses.
Así las cosas, según los cálculos del Senado, el pleno definitivo se tendría que hacer el 8 de mayo. Ahora bien, aquella semana coincide con los últimos días de campaña electoral en Catalunya y la tradición parlamentaria (igual que pasó en Galicia y pasará en el País Vasco) acostumbra a dejar aquellas fechas sin compromisos en el Congreso y en el Senado. Por lo tanto, podría ser que la Cámara Alta se viera obligada a convocar un pleno en una fecha poco habitual para mantener la estrategia de dilatar al máximo la aprobación definitiva de la amnistía. Sea como sea, la ley acabará volviendo al Congreso y, previsiblemente, el 23 de mayo la Cámara Baja recuperará el redactado que se ha aprobado esta semana (sin tener capacidad para hacer nuevos cambios) y aprobará definitivamente la ley, que se publicará en el BOE.
Y después, los jueces
Una vez la amnistía aparezca en el BOE, entrará en vigor. El artículo 10 deja meridianamente claro que los jueces tendrán que adoptar las decisiones pertinentes de manera “preferente y urgente” y establece “un plazo máximo de dos meses” para aplicarla. En este tiempo, según fija el artículo 4, tendrán que dejar “sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en la prisión de las personas a las que resulte de aplicación la amnistía, así como las órdenes europeas e internacionales de detención”. Asimismo, los magistrados tendrán que acordar “el alzamiento inmediato de cualesquiera medidas cautelares”, cosa que se tendrá que producir aunque se suspenda el procedimiento penal fruto de una cuestión de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional o una cuestión prejudicial en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Estos dos recursos, que se da por hecho que los jueces presentarán, sí que frenarán la aplicación de la amnistía en todo aquello que no sea en lo referente a las medidas cautelares.
La líder de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, ya advirtió la semana pasada que si la amnistía no se aplica, será porque los jueces se atreven a “prevaricar”. De los plazos en los que cristalicen los resultados de la amnistía depende la presencia de Carles Puigdemont en el debate de investidura (previsto para la segunda quincena de junio) y sus opciones de poder ser el candidato efectivo a la presidencia de la Generalitat. El presidente en el exilio ha dejado clara su voluntad de volver a Catalunya y su abogado, Gonzalo Boye, ha adelantado que, incluso, estaría dispuesto a ser detenido.
El juego del gato y la rata entre jueces y partidos durante los cuatro meses de tramitación en el Congreso
El redactado de la amnistía que permitirá acabar con la persecución judicial contra el independentismo se pulió y refinó durante la tramitación de la ley en el Congreso de los Diputados, un proceso que ha ido en paralelo a las maniobras judiciales para intentar torpedearla. Calendarios acompasados entre el legislativo y el judicial. Los movimientos de los jueces empezaron incluso antes de conocerse el redactado de la amnistía. Días después del acuerdo entre el PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez y poco antes del pacto entre el PSOE y Junts, el magistrado Manuel García-Castellón acordó investigar Carles Puigdemont y Marta Rovira por terrorismo en el marco de la causa del Tsunami Democràtic. Primera piedra en el zapato. Una semana más tarde, el PSOE registró en solitario en el Congreso el texto de la proposición de ley de amnistía (discutida y debatida ámpliamente con los partidos independentistas) y Junts dio por cerrado el redactado arguyendo que cumplía “todas las expectativas”.
Sin embargo, las maniobras persecutorias de los jueces españoles obligaron al independentismo a moverse: desde aquel primer momento, la amnistía ha evolucionado en tres fases. Los primeros retoques se introdujeron el 18 de enero, en la ponencia. En aquel momento, el PSOE, Junts y ERC avanzaron en mejoras a la amnistía con la incorporación de las enmiendas técnicas que había registrado el PSOE de la mano de los republicanos, Sumar, Bildu, el PNV y el BNG. Afectaban a los efectos sobre la responsabilidad penal y sobre la responsabilidad administrativa y el levantamiento de las medidas cautelares y añadían la exclusión de los delitos contra la comunidad internacional y matices en el ámbito de aplicación. A pesar de eso, seguía quedando en el aire el blindaje del Tsunami Democràtic y los CDR.
La primera enmienda del terrorismo: “violaciones graves de derechos humanos” causadas “con intención directa”
El primer gran acuerdo se hizo público el 23 de enero, poco antes de que la Comisión de Justicia aprobara el primer dictamen. Los independentistas consiguieron separar a los socialistas de su posición inamovible y acordaron incluir un añadido para concretar lo que se considera terrorismo: se excluían del perímetro de la amnistía los actos de terrorismo que, “de forma manifiesta y con intención directa”, hubieran causado “violaciones graves de derechos humanos”, con especial mención a los artículos 2 y 3 (referentes al derecho a la vida y a la prohibición de las torturas) del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos. Eso quería esquivar la ofensiva judicial capitaneada por García-Castellón para intentar relacionar a Puigdemont i Rovira con un supuesto delito de terrorismo. Ahora bien, lejos de aparcar su persecución, el juez de la Audiencia Nacional puso más gasolina en su maquinaria y, 48 horas después, alegó que las protestas del Tsunami Democràtic vulneraron los derechos humanos y, concretamente, el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Era, justamente, el precepto que aparecía a la enmienda acordada entre el PSOE, Junts y ERC.
Esta maniobra situaba la amnistía en un terreno pantanoso. Los juntaires seguían reivindicando sus enmiendas para blindar la ley e insistían que, si no se aceptaban cambios para que la amnistía pudiera incluir a todo el mundo” y fuera “de aplicación inmediata”, no podrían darle apoyo. Mientras tanto, los republicanos reconocían que era “la mejor ley posible fruto de la necesidad de llegar a un consenso amplio” y tenían claro que votarían a favor porque un “juez prevaricador” no podía “marcar la agenda”. El PSOE no se movía: desde Ferraz, daban por cerrada la amnistía y aseguraban que se sentían “cómodos” con el texto. El retorcimiento del Código Penal por parte de García-Castellón había abierto una brecha. Finalmente, la formación de Puigdemont, reticente con el redactado y esgrimiendo que la ley tenía “agujeros por los que la justicia prevaricadora española” podía dejar la amnistía “en papel mojado”, votó en contra del texto: “¿Nos está pasando la represión por delante de las narices y no haremos nada?”, se preguntaba Míriam Nogueras. Eso devolvió el texto a la Comisión de Justicia y dio más tiempo para negociar.
La solución definitiva: terrorismo, traición y malversación con estándares europeos
Finalmente, después de un largo mes de incertidumbre, el día antes de la segunda votación a la Comisión de Justicia, el PSOE, Junts y ERC hicieron público el acuerdo para aprobar la ley de amnistía. El nuevo texto enmarcaba el terrorismo en una directiva europea, definía la traición a través de una resolución de lo Asamblea General de las Naciones Unides y fijaba que la malversación se incluía siempre que no hubiera dado lugar a un “enriquecimiento” en forma de “beneficio personal”. Esta fue la solución. Además, se ampliaba el perímetro de la amnistía hasta el 1 de noviembre del 2011 (a petición de Junts) y se permitía que la Generalitat devuelva las multas derivadas de la Ley Mordaza (a demanda de ERC). El misterio quedaba resuelto. La Comisión de Justicia del 7 de marzo dio luz verde al nuevo dictamen y el pleno del Congreso del 14 de marzo, ya sin la intriga de la última vez, aprobó la ley y la envió al Senado. Los abrazos en el patio del Congreso entre los diputados de Junts y ERC certificaban el éxito del independentismo y recosían las heridas de una tramitación que se había convertido en una carrera de fondo mirando de reojo al Poder Judicial.