El líder de la oposición y Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha calificado de "frívola y ridícula" la denuncia que el vicepresident del Govern con funciones de president, Pere Aragonès, hizo ante la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a la conferencia de presidentes autonómicos.
En una rueda de prensa celebrada este martes en el Parlament, Carrizosa ha asegurado que le "cuesta" pensar en "alguna cosa más improcedente, inoportuna y fuera de lugar" que el "comentario de Aragonès sobre su proyecto rupturista". "Eso nos avergüenza. Los representantes catalanes no saben comportarse en los foros. ¿Dónde queda la seriedad de nuestra comunidad autónoma con pronunciamientos como este?", ha cargado.
Carrizosa ha justificado a sus críticas asegurando que las instituciones europeas "ya se han pronunciado reiteradamente" a favor de la defensa de "el orden constitucional español". "Los referéndums que están en contra de las constituciones están fuera de la ley", ha insistido.
Por otra parte, Carrizosa ha instado al Govern a "dejar de contradecirse, en referencia a la confusión generada a raíz de la obligatoriedad del teletrabajo y también por las declaraciones de la consellera de Presidència, Meritxell Budó, asegurando que el confinamiento de fin de semana estaba sobre la mesa. Sin embargo, ha señalado que el teletrabajo es "una competencia del Gobierno" sobre la cual la Generalitat no puede regular.
"El Govern parece la cabina de los hermanos Marx. Es un Govern de aficionados que actúa a golpe de globo sonda", ha criticado. También ha anunciado que su grupo ha solicitado la comparecencia del vicepresident Aragonès, la consellera de Salut, Alba Vergés, y el conseller de Empresa, Ramon Tremosa.
Ataque al catalán
Por último, Carrizosa ha anunciado que han presentado una denuncia contra el grupo 'Defensa Catalunya' para "coaccionar trabajadores de establecimientos público que atienden en castellano". El caso tiene el orígen en una trabajadora de un horno de Barcelona que se negó a atender en catalán a dos clientas. Posteriormente, el grupo denunciado visitó el establecimiento para pedir explicaciones.
Hay que recordar que el artículo 128-1 del Código de consumo (que desarrolla el artículo 34 del Estatuto de autonomía) establece que los consumidores tienen derecho a ser atendidos oralmente y por escrito en la lengua oficial que escojan. Concretamente, las empresas y los establecimientos dedicados en venta de productos o a la prestación de servicios que desarrollan su actividad en Catalunya tienen que estar en condiciones de poder atender a los consumidores en cualquiera de las lenguas oficiales en Catalunya, es decir, el catalán y el castellano.