"Garantizar, aunque parcialmente, no sólo el derecho político de los candidatos privados de libertad, sino también el derecho de los electores, ya que sin la celebración y publicidad de este debate difícilmente tendrán la posibilidad de escuchar a todos los candidatos". Es el argumento principal que aduce Jordi Sànchez en la solicitud que ha hecho llegar tanto a la Junta Electoral Central como a Instituciones Penitenciarias para organizar un debate electoral en la prisión de Soto del Real.
En su escrito hace constar que "ya que se encuentra en prisión preventiva, solicita que se autorice la celebración del acto en Soto del Real con la presencia -si así lo aceptan- de los candidatos de las otras formaciones que obtuvieron representación en el 2016 por la circunscripción de Barcelona". Y no sólo eso, pide también que haya un periodista que modere el debate y que se permita la entrada a los medios de comunicación para hacer la correspondiente cobertura y difusión.
Al mismo tiempo, el candidato de Junts per Catalunya recuerda que no tiene ninguna comunicación restringida por orden judicial y que por lo tanto "no hay ningún motivo aparente para no autorizar el acto".
En otra carta, Junts per Catalunya pone en conocimiento de Instituciones Penitenciarias la formalización de esta solicitud a la Junta Electoral.