Carta del president en el exilio y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, y Toni Comín para exigir a la Comisión Europea que investigue el caso de Pablo Hasél. Los dos eurodiputados han enviado una carta al comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, pidiendo que investigue el caso del rapero, que hace casi tres años que está en la prisión. También piden a Reynders que investigue los casos de persecución de la justicia española contra los centenares de personas que, "por salir a protestar por su encarcelamiento, continúan perseguidas por los poderes judiciales españoles". En esta línea, recuerdan que Hasél es el único músico encarcelado en toda la Unión Europea.
En la carta, los eurodiputados de Junts per Catalunya aseguran que el caso es "impensable en un estado democrático". "Es impensable en un estado democrático que raperos vayan a la prisión para criticar el régimen, mientras activistas de extrema derecha o partidos como Vox se quedan impunes", aseguran a Puigdemont y Comín. De hecho, los dos exiliados recuerdan el caso de Valtònyc, que este año ha vuelto del exilio, a pesar de haber sido acusado de terrorismo, calumnias e injurias en la Corona. Al mismo tiempo, ponen sobre la mesa el caso de los 12 raperos de La Insurgencia que fueron condenados a seis meses de prisión, así como el caso de Alfredo Ramírez que fue sentenciado para publicar tuits en solidaridad a los presos políticos del País Vasco.
Citan el caso del escocés condenado a prisión
Puigdemont y Comín, al mismo tiempo, denuncian que la situación de Hasél no ha cambiado al cabo de 3 años, a pesar de las protestas contra su encarcelamiento en la prisión de Ponent. De hecho, expliquen cómo las protestas llevaron a varios manifestantes también en la prisión, como el caso del escocés William Aitken, a quien fue sentenciado a 5 años de prisión por un crimen de desórdenes agravados. "Según Alerta Solidaria, que está defendiéndolo, la sentencia se basa en el testigo de dos policías", explican los dirigentes de Junts, que recuerdan que fueron arrestados 148 manifestantes.
"El caso de Pablo Hasel es parte de la evidencia de cómo la justicia española utiliza el Código Penal para perseguir ciudadanos que critican las instituciones del Estado", subrayan Puigdemont y Comín, que también citan un ranking que sitúa España como uno de los países con más sentencias contra artistas.