Pau Juvillà, diputado de la CUP y miembro de la Mesa del Parlament, se sienta este lunes en el banquillo de los acusados por tener colgados en su despacho del ayuntamiento de Lleida lazos amarillos. El caso estalló durante la campaña electoral de las municipales del 2019 y dos años después llega al TSJC. El máximo tribunal catalán juzgará a Juvillà, ahora aforado, porque es diputado en el Parlament de Catalunya. Ciudadanos lo denunció durante la campaña electoral y la Fiscalía le pide 8 meses de inhabilitación y 4 meses de multa.
Juvillà intentó la nulidad del caso, pero el TSJC declaró que era competente para juzgarlo. El juzgado de instrucción número 3 de Lleida le remitió la causa al convertirse en aforado. El TSJC cogió el caso sólo unos días después de que archivara el caso de otra diputada de la CUP, Laia Estrada. El juicio tendría que quedar visto para sentencia este mismo lunes. Se ha programado una sesión de mañana y tarde.
Si el TSJC condena a Juvillà, perderá el acta de diputado. La CUP denuncia sobre esta posibilidad que "pasaría a ser un tribunal, y no la ciudadanía catalana, quien decide quién puede ser escogido como legítimo representante". El juicio empieza a las 10 h y a las 9 h se ha convocado una concentración y un acto de apoyo a las puertas del TSJC. A las 9.30 horas se celebrará el acto político con Pau Juvillà, Gabriela Serra, Eva Pous, Jordi Cuixart y la actuación de Ginestà.
La instrucción
El concejal cupaire compareció en mayo del 2019 en los juzgados de Lleida después de ser citado a declarar por un supuesto delito de desobediencia. Juvillà entró con la intención de responder a todo lo que se le preguntara, porque remarcaba que no se tenía que "esconder de nada" y no se haría "atrás''. La jueza concluyó que había indicios que podrían ser constitutivos de un delito de "desobediencia grave a la autoridad" o un delito de "desobediencia por autoridad o funcionario público".
Juvillà ha dicho que siempre ha reconocido los hechos, porque los lazos amarillos simbolizan que en el estado español hay "presos políticos". En este sentido, ha asegurado que seguirán defendiendo su posición a la espera de si eso tiene que pasar o no a juicio. El exconcejal cupaire también ha querido remarcar que la jueza no abrió el caso de oficio, sino que lo hizo a raíz de una denuncia de un partido, que es Ciudadanos, que "no tiene nada más que hacer que esto, porque no tiene acción política".
Su defensa siempre ha recordado que se trata de una causa ideológica. Hay que recordar que en vez de requerir a la administración sacar los lazos amarillos, se lo requirieron a un partido y es por eso que hicieron prevalecer el ''derecho fundamental de la libertad ideológica''. Juvillà recibió el apoyo de Junts per Catalunya, Esquerra y el Comú de Lleida, así como entidades como la ANC y Òmnium Cultural.
El que fue cabeza de lista de la CUP por Lleida durante los últimos comicios, Pau Juvillà, es biólogo de formación y uno de los miembros del equipo que negoció con ERC. En su día ya defendió que la decisión de mantener los lazos amarillos en las ventanas del despacho del partido en la Paeria se tomó de manera ''colectiva''. Según Juvillà, como partido político, tienen el ''derecho y deber de expresar la ideología'' y, por lo tanto, ''denunciar que el estado español está intentando invisibilizad la existencia de presos políticos y exiliados''.
El apoyo de la institución
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, y la presidenta del Parlament, Laura Borràs, han firmado un manifiesto con un centenar de personas para pedir la absolución del diputado de la CUP y miembro de la Mesa, Pau Juvillà. El manifiesto, bajo el título "Basta de represión. Dejadnos en paz", defiende que el juicio supone un "atentado contra el derecho a la libertad de expresión". Y, por este motivo, exige parar el proceso judicial, la absolución de Juvillà y el fin de la represión contra la "disidencia política".
El texto también afirma que el estado español busca "eliminar la disidencia a quien no puede ganar por vías democráticas" y recuerda que las formaciones independentistas conforman la mayoría absoluta en el Parlament. Señala que los lazos amarillos hacen referencia a la "represión ejercida por el Gobierno y la judicatura española" y, en este sentido, concluye que "no permitir exhibirlos forma parte de la oleada represiva contra la Generalitat, el movimiento independentista y cualquier movimiento de protesta que haya defendido el legítimo derecho a la autodeterminación del pueblo catalán".
El manifiesto defiende que el "gesto" de Juvillà de no retirar los lazos amarillos "no se puede considerar un símbolo partidista", sino que representa "el clamor contra la represión". Y afirma que la Junta Electoral Central (JEC) sí que se podría considerar un "órgano partidista", dado que sus miembros son escogidos por los partidos mayoritarios españoles, ya sea directamente mediante el Congreso de Diputados, ya sea indirectamente a través del Consejo General del Poder Judicial.