Ahora sí. La Audiencia Nacional (AN) ha confirmado el cierre de la investigación sobre la operación Kitchen y el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz irá finalmente a juicio, mientras la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal se ha librado. La sección tercera de la Sala de lo Penal ha desestimado este miércoles todos los recursos presentados, incluido el de la Fiscalía Anticorrupción. De esta manera, ha ratificado el auto del juez Manuel García Castellón mediante el cual se finalizaban las indagaciones y se procesaba tanto a Fernández Díaz como a su número dos, Francisco Martínez, y la cúpula de su departamento. Asimismo, se archivaba el caso para Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro.
El Ministerio Público había pedido que el instructor profundizara en la investigación con el objetivo de determinar si la orden de espiar al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas partió del entonces ministro del Interior o si llegó desde más arriba. Es decir, Anticorrupción pidió volver a imputar a Cospedal e investigar al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. Pero la AN ha rechazado la petición de las acusaciones de indagar en la versión aportada por el excomisario José Manuel Villarejo, que declaró que daba cuenta puntual a Rajoy del transcurso de la operación. Una versión que carece de cualquier tipo de apoyo indiciario.
El espionaje a Bárcenas existió
Así pues, los magistrados han confirmado el auto dictado el pasado 29 de julio por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, con el cual se puso fin a la investigación sobre Kitchen mediante la conclusión de que el supuesto espionaje en Bárcenas existió y tuvo éxito. Un supuesto espionaje que se habría puesto en marcha entre el 2013 y el 2015 desde el Ministerio del Interior para robarle la información delicada que pudiera tener sobre el PP y sus dirigentes. Con todo, procesó a un total de once personas y situó a Fernández Díaz como el máximo responsable de Kitchen. Entre los encausados se encuentran también el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el excomisario José Manuel Villarejo y el otrora chófer de Bárcenas Sergio Ríos.
La mayoría de las partes recurrieron contra lo que consideraron un "cierre en falso" del caso. Concretamente, la Fiscalía Anticorrupción acusó al juez de dibujar una "línea roja" en la investigación para no avanzar hacia la trama política. Y, en este sentido, apuntó a "una posible responsabilidad" de Rajoy y de la misma Cospedal, a la cual pidió volver a imputar.