El caso de Marcel Vivet, el manifestante condenado a cinco años de prisión por haber golpeado a un agente de la Brigada Móvil de los Mossos d'Esquadra, ha llegado al Parlament de Catalunya. Esta tarde a la comisión de Interior del Parlament, y a propuesta de la CUP, el conseller Joan Ignasi Elena, el secretario general Oriol Amorós y el director general de la Policía, Pere Ferrer -que no participa de las acusaciones, que recae directamente en el departamento-, han tenido que explicar la actuación del departamento de Interior y los servicios jurídicos en este caso. El activista condenado ha seguido la comparecencia desde la última fila de la sala de comisiones.
Hay que recordar que la Generalitat se personó contra Vivet pidiendo una pena de prisión de seis años de prisión, pero cuando salió la sentencia, aunque les daba la razón, presentó recurso para rebajar la pena. El agente de los Mossos agredido decidió no seguir siendo representante por la Generalitat de Catalunya y el juez que lleva el caso expulsó los servicios jurídicos de Govern de la causa, generando un movimiento rocambolesco. Hoy por hoy, la causa sigue abierta a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya dicte una sentencia firme, que habrá que ver si mantiene la condena de cinco años de prisión tal como va se dictó el pasado 11 de junio de 2021, pronto hará un año.
Elena defiende el cambio de criterios a raíz del caso Vivet
El conseller Elena y el secretario general Amorós han explicado que cuando llegaron a la conselleria vieron que había que cambiar los criterios para presentarse como acusación particular y decidieron presentar el recurso contra la sentencia que les daba la razón para evitar la "injusticia" de la pena contra Marcel Vivet. El secretario general no ha escondido cargar las culpas de las acusaciones de seis años de prisión contra Vivet en el anterior gobierno, el que lideraba el presidente Quim Torra, que es cuando se produjeron los incidentes y cuando los servicios jurídicos de Interior hicieron la petición de pena, de la mano de la Fiscalía.
Arran del caso de Marcel Vivet, el conseller Joan Ignasi Elena ha detallado que pidió cambiar los criterios de acusación por parte de la Generalitat en casos de atentado contra los agentes de la autoridad, en la línea de lo que hacen otros gobiernos como el español que sigue la misma línea al personarse en similares condiciones a la Policía Nacional, que evita personarse por otros delitos -como desórdenes públicos- y asegurando siempre que el agente policial haya sufrido lesiones. "Es lo que toca hacer a la Generalitat, defender a todos los funcionarios por igual. Otros tipos de delitos ya los persigue la Fiscalía", ha asegurado el conseller Elena.
La CUP cree que los Mossos "afinan" los atestados
El diputado Xavier Pellicer, de la CUP, el grupo que ha propuesto la comparecencia de este miércoles, ha felicitado al departamento por haber disuelto los servicios jurídicos del departamento de Interior, sumado a los cambios de criterio, para llevar todas las acusaciones desde un gabinete centralizado, bajo la batuta de Presidencia.
Sin embargo, Pellicer ha acusado a los Mossos d'Esquadra de "afinar políticamente" los atestados para conseguir que la Fiscalía "remate" con acusaciones "desproporcionadas" para "perseguir la ideología". El diputado ha asegurado que esta "cocina" quizás no es ni conocida por parte de los jefes políticos del departamento, pero ha pedido actuar para evitar nuevos casos, que, según ellos, se han demostrado que los atestados de los Mossos son falsos y han acabado con los acusados absueltos.
El PSC y la derecha española, contra el cambio de criterio
En el turno de réplica, el PSC y los tres partidos de la derecha española, VOX, PP y Ciutadans, han cargado contra los cambios de criterios ordenados por el departamento de Interior en las acusaciones de los manifestantes en acciones violentas y han insinuado un pacto entre los antisistema de la CUP con el Govern, a quién aseguran tiene la legislatura secuestrada. El conseller Elena ha contestado las acusaciones asegurando que los criterios que ha activado Interior son los mismos que aplica el Gobierno español con las acusaciones contra personas que atacan a la Policía Nacional.