El líder del PP, Pablo Casado, ha condicionado este lunes el apoyo de su partido a la prórroga del estado de alarma que el Gobierno quiere llevar al Congreso al hecho de que no dure más de ocho semanas, y no los seis meses que prevé La Moncloa. Según Casado, este plazo permitiría asegurar la movilidad durante los puentes de Almudena, Todos los Santos y la Constitución, y "salvar la campaña" de Navidad. Además, también reclama que "se active el plan B jurídico" con una modificación urgente de la Ley 3/1986 de medidas especiales en materia de salud pública que permitiría limitar la movilidad en caso de pandemia y establecer un mando único en el Ministerio de Sanidad.

Casado ha hecho estas manifestaciones en el XXIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar, donde ha asegurado que la oposición "ha remado a favor del gobierno" durante el estado de alarma y en "pactos de Estado" como el de pensiones y el pacto de Toledo.

Según Casado, la declaración del estado de alarma "es la constatación de un gran fracaso" porque Sánchez dijo que se había derrotado al virus y por lo tanto "o no dijo la verdad" o había "una agenda oculta" por parte del Gobierno.

En este marco ha criticado que Sánchez pretenda prorrogar el estado de alarma por seis meses porque la Constitución dice que tiene que ser para casos excepcionales, y ha expresado sus dudas sobre el hecho de que no haya control del Congreso

Además ha advertido que hay aspectos que podrían entrar en contradicción con la Constitución porque a su entender durante estos seis meses que prevé el Gobierno no habrá control jurisdiccional. También ha afirmado que la prórroga contraviene las indicaciones de la UE sobre el hecho de que las medidas excepcionales tienen que ser puntuales y hay que recurrir a la jurisdicción ordinaria.

Por estos motivos, ha advertido, el PP condiciona su apoyo al hecho de que se limite la aplicación del estado de alarma. "Pensamos que no puede superar en ningún caso las ocho semanas" que es el máximo que se alcanzó con los controladores aéreos. Según Casado, este plazo de ocho semanas permitiría garantizar el encaje jurisdiccional y sería óptimo en el ámbito sanitario porque permitiría que las comunidades estabilicen la curva hasta diciembre.

Además, según Casado, permitiría garantizar la movilidad en el puente de Almudena (se celebra en Madrid), por Todos los Santos y el puente de la Constitución, y permitiría también salvar la campaña navideña y daría tranquilidad a los españoles para reunirse con sus familiares por Navidad.

La segunda exigencia es que "se active el plan B jurídico" y se haga un marco alternativo al estado de alarma. Sería una modificación urgente de la Ley 3/1986 de medidas especiales en materia de salud pública que "permitiría limitar la movilidad en caso de pandemia y establecer un marco único en el Ministerio de Sanidad".