El castellano está en peligro en España. Al menos este es el diagnóstico que hacen desde el Partido Popular, que han cumplido su promesa. Este lunes, Pablo Casado ha presentado junto a UPN un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la llamada Llei Celaá, aprobada por las Cortes el pasado otoño. Los populares denuncian que la reforma educativa del gobierno de coalición "priva" al castellano de su condición de lengua vehicular, por la enmienda negociada entre ERC, el PSOE y Unidas Podemos. También aseguran que vulnera la libertad de los padres para escoger el colegio de sus hijos.

La enmienda de ERC tenía como objetivo "blindar" el sistema de inmersión en catalán. Se eliminaba la referencia a las lenguas vehiculares, contemplada inicialmente a la Ley Celaá. Y el redactado quedaba de la siguiente manera: "Las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado y en las otras lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución española, los Estatutos de autonomía y la normativa aplicable". La ministra Isabel Celaá dejó claro que la norma "no elimina el castellano", que está "absolutamente garantizado" como dicen la Constitución y los estatutos.

Otra enmienda del PSOE, Unidas Podemos y ERC acabó de encender la triple derecha. Las tres formaciones establecieron la prohibición de recibir financiación pública en las escuelas que separen por sexo, mientras el texto original de la Ley Celaá hablaba de concertar "preferentemente" los centros escolares mixtos. Ahora, la norma educativa señala que "los centros sostenidos parcialmente o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas" y "no separarán al alumnado por su género".

Desde un centro concertado de Madrid, con mascarilla con la bandera española, Pablo Casado ha criticado que la Ley Celaá "conculca lo que es una riqueza" y "ataca el castellano como lengua vehicular". En este sentido, el líder estatal del PP ha denunciado que "se utilice la lengua como instrumento de ingeniería social", como asegura que se ve en Catalunya, pero también en el País Valencià, las Baleares, el País Vasco y Navarra. "Queremos garantizar que sea lengua vehicular en toda España, que no es mucho pedir", ha implorado el dirigente conservador.

Por otra parte, Casado también ha lamentado la falta de "unidad" en el currículo educativo, que se utiliza para "intereses partidistas". Ha constatado cómo no se ha reforzado la Alta Inspección Educativa del Estado, que "se vuelve a derivar a las comunidades autónomas". Eso, ha sostenido, perpetúa "el adoctrinamiento evidente en Catalunya, que está llegando a otros territorios". Haciendo un cóctel de actualidad, ha ejemplificado como ahora "en Valencia se exige el conocimiento de la lengua que ellos dicen catalana, yo digo valenciana".

Por todo esto, el líder de la oposición a garantizado que "cuando lleguemos al Gobierno derogaremos la Ley Celaá, que va contra la unidad nacional". "Los hijos no pertenecen al Estado", ha concluido Pablo Casado.