Habría estado sorprendente que una noticia del Tribunal Constitucional la anunciara Pablo Casado. El problema es que la noticia no era tal. Este lunes en un acto público, el jefe de la oposición y líder estatal del PP ha adelantado que supuestamente el alto tribunal "le había dado la razón" y había dicho que el fondo de la Generalitat para cubrir las fianzas del Tribunal de Cuentas --a través del Institut Català de Finances-- era "inconstitucional". La realidad, sin embargo, ha resultado ser bastante distinta: simplemente se ha admitido a trámite, como acostumbra a pasar con la mayoría de recursos. Una vez aclarada la situación desde el mismo TC, desde el equipo de Casado se escudan en un "lapsus". Un "lapsus" en un acto de campaña en Castilla y León, con el dirigente conservador batallando por su propio liderazgo.
Concretamente, el TC ha comunicado hoy al PP que el pleno ha acordado "admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad" planteado por más de cincuenta diputados del PP contra el fondo complementario de riesgos de la Generalitat de Catalunya. De la misma manera, ha dado traslado al Congreso, al Parlament y al Govern de Catalunya para que "puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaran convenientes". Eso es todo, un trámite básico. De hecho, el alto tribunal ya hizo lo mismo el pasado octubre, con el recurso que había presentado la extrema derecha de Vox. En ningún caso entra en el fondo de la cuestión.
Pero Pablo Casado ha vendido otra cosa. En un acto público en Castilla y León, el presidente del PP ha asegurado que el TC "nos ha respondido hoy a nuestro recurso" y que "nos da la razón que es inconstitucional que una administración pública como la Generalitat, con los impuestos de los catalanes, pague el coste de los que han malversado, han defraudado para dar un golpe al Estado". Y ha remachado: "Ya basta. Sánchez les ha indultado, en contra de lo que pedía el Tribunal Supremo, pero el colmo es que nos lo haga pagar".
Cuando se ha conocido lo que había pasado de verdad, fuentes de su entorno han explicado que se trataba de un "simple lapsus" y han admitido que, efectivamente, simplemente se había admitido a trámite.
Unificación de causas
El rodillo económico contra el independentismo se unifica. El Tribunal de Cuentas informó hace diez días de que hacía efectiva la unificación de los procedimientos para reclamar los gastos del Referéndum del 1-O del 2017, cifradas en 4,2 millones de euros, y de la causa abierta en el 2020 por el gasto en el exterior en la promoción de la independencia de Catalunya entre el 2011 y el 2017, valorada en 5,4 millones de euros. Las cantidades económicas han sido aportadas al tribunal a través de la Caja de Solidaridad, con aportaciones de los ciudadanos, y con avales privados, en el caso de algunos investigados de exteriores. Así, en el procedimiento de reintegro B-180/21 se juzgará al mismo tiempo una cincuentena de excargos políticos de los gobiernos de los presidentes Artur Mas y Carles Puigdemont. A la lista, hay los consellers juzgados y condenados por el Tribunal Supremo por los delitos de sedición, malversación y desobediencia.