El Partido Popular está culminando en las últimas horas la ofensiva contra la ley de amnistía en toda la geografía española. Con una estrategia poco coordinada, los gobiernos autonómicos del PP, al lado de algunos parlamentos autonómicos, han confirmado a lo largo del día de hoy el registro de los correspondientes recursos de inconstitucionalidad contra la norma del olvido penal. Continúan así la estela de Génova, que se anticipó a todos ellos y lo hizo el jueves pasado. Ahora bien, no lo han hecho todos y no lo han explicado de la misma forma. De momento, este lunes lo han confirmado cinco gobiernos autonómicos del PP (Madrid, Andalucía, Aragón, Murcia y Galicia), tres parlamentos autonómicos donde el PP y Vox tienen mayoría absoluta (el Parlamento de Cantabria, la Asamblea Regional de Murcia y las Corts de Aragón) y el gobierno de Castilla-La Mancha, del PSOE y presidido por Emiliano García-Page (el barón socialista más crítico con Pedro Sánchez). Desde primera hora, las noticias se han ido confirmando sucesivamente y con cuentagotas siguiendo la filosofía del minuto y resultado propio de los programas deportivos que hacen las radios los fin de semana.

Gobierno de la Comunidad de Madrid: “Una reforma encubierta de la Constitución”

Quien ha abierto la veda, como era de esperar, ha sido Isabel Díaz Ayuso, la líder territorial del PP con más fuerza. Lo ha anunciado cuando pasaban pocos minutos de las nueve y cuarto de la mañana, en un desayuno en el Nueva Economía Fórum: ha argumentado que la tramitación parlamentaria de la norma del olvido penal “ha infringido” preceptos de la Constitución y del reglamento del Congreso y “ha dado como resultado una reforma encubierta de la Constitución, cosa que no pasa ni en las dictaduras”. Ayuso ha sostenido que la ley de amnistía es “arbitraria y obscenamente inconstitucional”, fue escrita “al dictado de los que intentaron hacer un golpe de estado en Catalunya” y supone “otro paso más en la operación de destrucción del estado de derecho”. “No nos quedaremos de brazos cruzados ante el mayor acto de corrupción política que se ha perpetrado en la historia de la democracia y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que no puedan abusar de la Constitución y hundir España”, ha añadido. La ponente del recurso será la progresista María Luisa Segoviano.

A más, la Comunidad de Madrid, la Junta de Andalucía y la Xunta de Galicia, igual que el PP, han pedido la recusación del presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido (que fue fiscal general del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa), y de los vocales Juan Carlos Campo (exministro de Justicia) y Laura Díez (exdirectora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica). Ayuso ha alegado que están “inhabilitados” para tomar una decisión a causa de su “vinculación pública y notoria con el PSOE”. Y... ¿la presidenta madrileña confía en el TC? “No se trata de confiar o no, se trata de hacer lo correcto ante una ruptura de la separación de poderes y un abuso contra el estado de derecho”, ha sostenido. “Si alguien quiere hacer lo incorrecto, que sean otros”, ha remachado.

 

Gobierno de Castilla-La Mancha: “Habría requerido una reforma de la Constitución”

Más allá de los barones del PP, el gran nombre de este lunes es el de Emiliano García-Page, que ha consumado el desafío a Pedro Sánchez y también ha recurrido la amnistía. El ejecutivo de Castilla-La Mancha, del PSOE, ha presentado el recurso de forma telemática a primera hora argumentando que la ley “vulnera el principio de igualdad” y que, para aprobar la norma, “habría requerido una reforma de la Constitución Española”. La portavoz del ejecutivo castellanomanchego, Esther Padilla, ha esgrimido que el Consejo Consultivo de la autonomía entregó a Page un informe “muy contundente con respecto a la legitimidad de la comunidad para poder presentar este recurso”. La ponente del recurso será la conservadora Concepción Espejel.

Junta de Andalucía: “El deber moral de actuar para defender el interés general”

Volvemos al PP. El argumento de la Junta de Andalucía es el “deber moral de actuar para defender el interés general” ante un “atropello al derecho fundamental” de la igualdad, según ha expresado el presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, después de inaugurar la nueva sede judicial de Lucena (Córdoba). “Andalucía no puede mirar hacia otro lado y utilizaremos todos los recursos a nuestro alcance para que ningún ciudadano sea más que otro”, ha afirmado. El gobierno andaluz esgrime que la potestad legislativa de las Cortes Generales “está sujeta a límites” y “se tiene que ejercer de forma que no vulnere la Constitución ni suponga una reforma encubierta de la misma”. El ponente del recurso será el conservador Ricardo Enríquez.

 

Gobierno de Aragón: “Una impunidad que no está amparada en la Constitución”

Desde Aragón, los dos motivos principales que esgrime el ejecutivo presidido por Jorge Azcón son la “vulneración del principio de exclusividad e independencia del poder judicial y de la separación de poderes” y la “vulneración de los principios de igualdad, legalidad, seguridad jurídica, seguridad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”. El texto presentado por el gobierno aragonés sostiene que la amnistía supone una “quiebra total del estado de derecho” y la “sustitución del poder judicial por el poder legislativo” y otorga una “impunidad que no está amparada en la Constitución”. ¿Y qué legitima el gobierno de Aragón para interponer un recurso de inconstitucionalidad? Según el ejecutivo, la amnistía “afecta a los intereses aragoneses derivados de las relaciones históricas, económicas, sociales y culturales que Aragón mantiene con Catalunya” e “incide en la unidad de la nación española, de la que forman parte Catalunya y Aragón”. El ponente del recurso será el conservador César Tolosa.

Gobierno de la Región de Murcia: “Permite que se puedan cometer delitos en función de dónde se viva y a quién se vote”

También da el paso Murcia. Fernando López Miras ha confirmado en una entrevista en Herrera en COPE que el gobierno de Murcia ha registrado hoy el recurso al Constitucional. Sus argumentos son que “genera desigualdad entre españoles”, “vulnera la separación de poderes” y “permite que se puedan cometer delitos en función de dónde se viva y a quién se vote”. El ponente será el progresista Ramón Sáez.

Gobierno de Galicia: lo ha presentado sin informar

El gobierno de Galicia también ha dado el paso, pero no lo ha explicado públicamente, sino que ha informado de ello el gabinete de comunicación del TC. El ponente del recurso será el conservador Enrique Arnaldo. Justo hace una semana, el presidente gallego, Alfonso Rueda, celebró el dictamen favorable del Consello Consultivo de Galicia para recurrir una norma que, a su parecer, “contradice” el artículo 9 de la Constitución, que establece que “todos los ciudadanos y poderes públicos están sometidos a la Carta Magna”. “Siempre dijimos que Galicia actuará con toda la contundencia cuando pensamos que hay normas que atentan contra sus intereses, como es el caso”, subrayó Rueda.

Parlamento de Cantabria: “Abre la puerta que las penas se impongan en función del carnet del partido del reo”

Más allá de los gobiernos autonómicos, hay tres cámaras autonómicas que aprobaron presentar recursos al Constitucional. La primera en registrarlo ha sido el Parlamento de Cantabria, que lo hizo el viernes pasado después de que en junio lo aprobara el pleno con el apoyo del PP y Vox y la abstención del Partido Regionalista de Cantabria. El recurso pide que se anule todo el texto argumentando que vulnera el principio de igualdad: “Se libera de responsabilidad jurídica a unos delincuentes solo a causa de su ideología política, cosa que es una manifiesta desigualdad”, ha sostenido a la presidenta del parlamento cántabro. María José González Revuelta ha esgrimido que la norma del olvido penal “no cierra heridas, no deja atrás una etapa y no supera ningún conflicto, sino que lo perpetúa” y “abre la puerta que en España las penas se impongan en función del carnet del partido del reo”. Como ponente se ha designado el progresista Juan Carlos Campo, aunque él mismo decidió apartarse de la deliberación sobre la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Penal del Supremo porque era el ministro de Justicia cuando se aprobaron los indultos a los presos políticos.

 

Asamblea Regional de Murcia y Cortes de Aragón: dan el paso sin dar más detalles

Por otra parte, fuentes de la Asamblea Regional de Murcia han confirmado a ElNacional.cat que también han registrado el recurso al TC, pero no han dado más información. La ponente será la progresista María Luisa Balaguer. “Supone un atentado contra principios fundamentales de la Constitución y tenemos que utilizar todos los medios que el ordenamiento jurídico pone al alcance de nuestra mano para pararlo, no podemos tratar esta ley como si fuera un hecho aislado”, argumentó en julio el portavoz del PP en el parlamento murciano, Joaquín Segado. Dieron luz verde a ello el PP y Vox.

También lo han presentado las Cortes de Aragón, que lo aprobaron a finales de junio con el voto a favor del PP, de Vox, del Partido Aragonés y de Aragón-Teruel Existe. El parlamento aragonés no lo ha comunicado, pero así figura en la información remitida por el gabinete de comunicación del TC. La ponente será la progresista Laura Díez.

A la espera de que el resto de gobiernos autonómicos den el paso: seis del PP y el de las Canarias

¿Y quien falta para rubricar el recurso de inconstitucionalidad? De entrada, hay seis ejecutivos autonómicos del PP que todavía no han acudido al TC. Son el de las Islas Baleares, el de Cantabria, el de Castilla y León, el de Extremadura, el de La Rioja y el del País Valencià. Justo esta tarde, la Generalitat Valenciana se ha reunido de manera extraordinaria para aprobar la presentación del recurso contra una “aberración legislativa” que “rompe la garantía de seguridad jurídica y la protección de los derechos de todos los españoles”, según ha manifestado Carlos Mazón después de la reunión. Por otra parte, todavía hay la incógnita de si el gobierno de las Islas Canarias, formado por la alianza entre Coalición Canaria (que lo preside con Fernando Clavijo) y el PP, seguirá el mismo camino. El 30 de mayo, el mismo día que la amnistía se aprobó definitivamente en el Congreso, el ejecutivo canario solicitó a sus servicios jurídicos que valoraran la posibilidad de interponer un recurso. No ha habido más noticias desde entonces. Todos los interesados tienen tiempo hasta el miércoles.