El total de personas que se han beneficiado de la amnistía del Procés asciende a, al menos, 154, incluyendo tanto a condenados que han sido exonerados como a absueltos que han visto eliminados sus antecedentes, incluidos los policiales, desde que la ley entró en vigor el 10 de junio. De este total, 95 son agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como policías nacionales, guardias civiles y Mossos d'Esquadra, según informa este domingo la agencia Europa Press.
Esta semana se ha exonerado a 45 agentes de la Guardia Civil investigados por su actuación en el referéndum del 1 de octubre. El Juzgado de Instrucción Número 4 de Mataró los absolvió al considerar que los hechos encajan en los supuestos de la ley de amnistía. Asimismo, la norma se aplicó al exalcalde Marc Bosch y al concejal Eduard García. Estos 45 se suman a otros 46 agentes de la Policía Nacional que fueron amnistiados anteriormente en una investigación sobre las cargas policiales del 1-O en colegios electorales de Barcelona. En esa ocasión, el juez argumentó que las acciones investigadas fueron de corta duración y se realizaron en el marco de un objetivo policial concreto que no se extendió más allá de la intervención.
La Audiencia de Barcelona también amnistió a cuatro Mossos d'Esquadra acusados de delitos contra la integridad moral y lesiones. Hasta el momento, todas las amnistías se han otorgado en juzgados de Catalunya, beneficiando a personas encausadas por delitos como malversación, prevaricación, desobediencia, desórdenes públicos, pertenencia a grupo criminal, tenencia de explosivos, delitos contra la seguridad vial, atentado a la autoridad, y otros.
Los primeros amnistiados
Entre los primeros amnistiados se encuentran el exconseller de Interior, Miquel Buch, y el escolta del president en el exilio, Carles Puigdemont, Lluís Escolà. Buch había sido condenado por malversación a cuatro años y medio de prisión por designar a Escolà como escolta de confianza para Puigdemont en el extranjero.
Esta misma semana, el Juzgado Penal 10 de Barcelona amnistió a Joana Ortega, exvicepresidenta del Govern, por un delito de quebrantamiento de condena al aceptar un cargo público tras ser inhabilitada. También se benefició la exalcaldesa de Figueres, procesada por desobediencia relacionada con la organización del referéndum del 1-O, y un exsecretario del Ayuntamiento de Hostalric, condenado por prevaricación. Además, el Juzgado de Instrucción 18 de Barcelona exoneró al exconseller de Presidència Francesc Homs y al exsecretario de exteriores Senén Florensa, considerando que los gastos investigados en 2012 estaban destinados a promover la independencia de Catalunya.
En cuanto a manifestantes, unos 30 han sido amnistiados, incluidos aquellos condenados por delitos contra la autoridad en las protestas del 1-O de 2020 y las manifestaciones pro-independencia entre 2018 y 2019. También se ha beneficiado una persona condenada por tenencia de explosivos durante una manifestación en 2018, y cuatro miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) que intentaron boicotear la Vuelta Ciclista a España en 2023.
La Fiscalía estima que la ley podría beneficiar a casi 500 personas y afectar a unos 82 procesos penales en tribunales como el Supremo, la Audiencia Nacional y juzgados de Catalunya. Sin embargo, advirtió que no todos los casos podrán amnistiarse, ya que algunos incluyen delitos no contemplados en la ley. Además, varios tribunales han mostrado dudas sobre la constitucionalidad de la norma y han consultado al Tribunal Constitucional y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre su aplicación en ciertos delitos como el terrorismo y la malversación. Los partidos independentistas consideran que un sector de la justicia, el más conservador y españolista, no aplica la amnistía por motivos ideológicos y denuncia que están en rebeldía. Esto ha impedido, por ejemplo, que se pueda aplicar la amnistía a Carles Puigdemont.