Cuando faltan pocas semanas para que Junts per Catalunya haga la segunda fase de su congreso, en el que también se evaluará el pacto ERC-Junts, han irrumpido con bastantes novedades en el proceso judicial de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que volverán a crear un terremoto político dentro del independentismo. Si bien las tres formaciones habían ido con pies de plomo intentando no manifestarse durante los últimos meses, ahora empieza a percibirse la distancia: Junts dice que el caso de Borràs es persecución contra el independentismo, mientras que ERC y la CUP empiezan a verbalizar tímidamente la palabra "corrupción". Con todo, será una prueba de estrés que puede acabar con una nueva sangría después del golpe que ya provocó el caso de Pau Juvillà. ¿Qué ha pasado hasta y ahora y cuál es el calendario? La respuesta es difusa y en los pasillos del Parlament ya se comenta que toda esta gestión puede desencadenarse el mes de agosto, cuando está previsto que la cámara cierre durante dos semanas. O lo que podría ser todavía peor: que se produzca durante un debate de política general aún sin fijado, hecho que podría provocar fuertes tensiones en sede parlamentaria. Vamos palmo a palmo.
Fue el miércoles cuando el magistrado instructor del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que ha investigado la presidenta durante su periodo como directora de la Institució de les Lletres Catalanes dictó un auto. El texto acuerda, una vez finalizadas las últimas diligencias de instrucción, dar traslado al ministerio fiscal para que en el plazo de 10 días presente petición de apertura|abertura de juicio oral y escrito de acusación o petición de archivamiento|archivación contra Borràs, a su amigo Isaías Herrero (a quien habría adjudicado en dedo contratos de la web de la institución), un amigo suyo, y el funcionario del ILC Roger Espar. En la resolución, el juez Jordi Seguí indica que hay indicios para juzgarlos por el delito continuado de prevaricación administrativa, fraude administrativo, falsedad en documento mercantil y delito continuado de malversación de caudales|dinero públicos. El total de los fondos malversados se sitúan en unos 309.000 euros. Es decir, el TSJC deja a un paso de juicio a la presidenta Borràs.
Está previsto que la próxima semana el ministerio fiscal se manifieste y haga su petición, pero eso no tiene por qué suponer que entonces se abra juicio oral de manera inmediata, ya que este viernes la defensa de Borràs, encabezada por Gonzalo Boye e Isabel Elbal, ha presentado un recurso de reforma en que advierte que los delitos de los cuales se le acusa corresponden a un tribunal del jurado. El recurso admite, sin embargo, que el delito de prevaricación está específicamente excluido del jurado popular y pide que el magistrado instructor plantee una cuestión al Tribunal Constitucional sobre esta exclusión. Asimismo, reclama que, en caso de que se deniegue esta cuestión, quede revocado el auto del TSJC y se acuerde continuar el procedimiento abreviado respecto del delito de prevaricación y acompañar|reconducir el resto de los delitos a las normas establecidas a la ley del tribunal del jurado. En todo caso, se espera que estos recursos tengan poco recorrido, de manera que no retrasan mucho la apertura|abertura del juicio oral. Además, el juez podría dar este paso sin resolver las apelaciones de la presidenta, si bien la opción más habitual es que se espere que haya respuesta.
La estrategia de la defensa de Borràs es clara: ir presentando recursos para retrasar este procedimiento. Pero a pesar de los intentos, el procedimiento judicial podrá seguir su curso y, tan pronto como haya apertura de juicio oral, el artículo 25.4 del reglamento es muy claro: "En los casos en que la acusación sea por delitos vinculados a la corrupción, la Mesa del Parlament, una vez sea firme el acto de apertura del juicio oral, tiene que acordar la suspensión de sus derechos y deberes parlamentarios de manera inmediata". Es un artículo del reglamento que incluyó la CUP en la última reforma y que abrió polémica ahora hace unos meses cuando los letrados emitieron un informe a petición de Borràs sugiriendo su supresión, medida criticada por los republicanos y los anticapitalistas. El punto del reglamento tal como existe hoy supone, pues, que cuando se abra juicio oral, la Mesa tiene que suspender los derechos de Laura Borràs. La duda aparece porque en este artículo hay un segundo punto: "Si se plantean dudas sobre el tipo de delito o sobre el régimen de incompatibilidades aplicable a lo largo de la suspensión, hace falta el dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats".
Lo más probable, apuntan fuentes de los diversos partidos parlamentarios, es la activación de esta comisión presidida por parte de una persona de confianza de Laura Borràs, el abogado y diputado Jaume Alonso-Cuevillas. Será en este punto cuando los partidos no tengan escapatoria y tendrán que posicionarse mediante su voto sobre un dictamen elaborado por el letrado que defienda que hay que preservar Borràs, como se prevé actualmente. ERC y la CUP tendrán que decidir en este momento si votan a favor, se abstienen o votan en contra, blindando a Laura Borràs o dejándola caer. Solo con la abstención de una de las dos formaciones la caída de la presidenta sería automática. ¿Y qué dice cada partido?
Junts
En Junts per Catalunya las voces públicas son claras y cierran filas con la presidenta. El jueves, el pleno del Parlament empezaba con la intervención del portavoz de la formación, Josep Rius, desde donde cerró filas con la representante de la cámara: "Quiero empezar esta intervención dando todo el apoyo a la presidenta Borràs", proclamó, para después decir que una vez más "se encuentra bajo la espada represiva del estado". Estas palabras llegan poco después de que Laura Borràs haya salido escogida presidenta de Junts per Catalunya, al lado de Jordi Turull, en el tándem al cual ambos llegaron para dirigir conjuntamente el partido. Aquel congreso reforzó los favorables del expreso político, y es dentro de este sector donde hay algunas voces que tienen asumido que la presidenta del Parlament tendría que dar un paso al lado para no complicar más la situación.
Esquerra Republicana
¿Dejará caer Esquerra Republicana a la presidenta del partido con quien gobierna? Hasta ahora los republicanos no habían elevado mucho la voz, esperando a tener más informaciones y pruebas. El jueves por la mañana, sin embargo, abrieron la veda estratégicamente con la voz de la expresa política Carme Forcadell. La también expresidenta del Parlament dirigió a Borràs que "no tiene que pensar en ella misma, sino en el prestigio de la institución", y pidió lo que hace tiempo que reivindican los republicanos: que sea la misma Borràs quien dé explicaciones sobre su imputación "porque no puede haber ninguna sombra de sospecha sobre la honestidad del movimiento independentista". "El Parlament tiene que tener tolerancia cero con la corrupción", unas declaraciones que provocaron que poco después Junts per Catalunya saliera a blindarla en el hemiciclo del Parlament.
CUP
¿Dónde está la CUP? La formación anticapitalista ha hecho silencio esta semana después de reactivarse el proceso judicial de Borràs. Los cupaires no han hecho declaraciones públicas sobre esta cuestión, y ya habían ido con pies de plomo desde un inicio para evitar recibir críticas en el supuesto de dejar caer a Borràs, una opción que va creciendo cada vez más entre las filas de la formación. Cuando se desencadenó la crisis de Pau Juvillà, en el que Borràs se comprometió a preservar su escaño, muchas voces consideraban que esta jugada después podría condicionar que la CUP estuviera obligada a blindar Borràs. En aquel tiempo la formación dijo que en todo caso, cuando se tuviera más información, se podría someter a la militancia la decisión, o como mínimo a representantes de las bases en los espacios políticos pertinentes. Lo que ya ha dicho en varias ocasiones es que la CUP aborda esta cuestión teniendo en cuenta dos premisas: tolerancia cero con la corrupción y basta de persecución contra el independentismo. Con las nuevas pruebas como audios y otros elementos que implican a Borràs en los supuestos fraccionamientos, ahora los cupaires apuestan más por hacerla caer haciendo referencia a los supuestos delitos cometidos.
PSC
Los socialistas también han demostrado que no tienen nada de interés en defender la presidencia de Laura Borràs. Así lo puso de manifiesto la portavoz del PSC, Alícia Romero, a mediados de marzo, después de que el TSJC anunciara que cerraba la investigación y empezaba el paso previo para enviarla a juicio. En aquel momento, y siguiendo punto por punto el artículo 25.4, Borràs "tendría que perder la presidencia". "Es un artículo limpio y esclarecedor, no necesita demasiadas aclaraciones", advirtió. Este viernes, la miembra de la Mesa socialista Assumpta Escarp también se pronunció en una línea similar, recordando qué dice el reglamento de la cámara, si bien sin aclarar todavía si su grupo votará para retirarle la presidencia. "Cuando sepamos qué pide y plantea la Fiscalía, el PSC tomará las decisiones oportunas", ha defendido, instando también a Borràs a moverse ella para "preservar el prestigio del Parlament".
En Comú Podem
Para los comuns, el portavoz David Cid también dejó claro el posicionamiento de su grupo en marzo. "Es un caso de presunta corrupción que no es comparable con la judicialización del 1 de octubre o con los procesos de judicialización de la política que viven dirigentes del independentismo", alegó, en contraste con el posicionamiento de Junts, que lo ve como un nuevo caso de persecución contra el movimiento. El lila ya fue contundente, explicando que en el momento que se abra juicio oral, se tendrá que aplicar el artículo 25.4 y "suspender los derechos y deberes de la diputada", como manda el reglamento. No sólo eso, sino que también aprovechó para lanzar un ataque: "Hace mucho tiempo que hemos perdido la confianza en Laura Borràs como presidenta del Parlament".
Vox, Cs y PP
Y para las derechas, su posicionamiento es todavía más claro: Borràs tiene que cesar. Así lo manifestó este mismo miércoles la diputada de Vox, María García, pidiendo "que dimita antes de que el reglamento de la cámara le obligue a hacerlo", y también el líder de la ultraderecha en Catalunya, Ignacio Garriga, en un tuit: "Nunca tendría que haber sido presidenta, pero ahora exigimos que dimita". Desde Ciutadans, la presidenta nacional, Inés Arrimadas, también utilizaba las redes sociales para exigir su renuncia por el "insulto" que supone "estar sentada al banquillo a la vez que a la institución del Parlament". Y en marzo, la popular Lorena Roldán también reclamaba que dimitiera para "ahorrar la vergüenza de ver en el banquillo" a la presidenta de la cámara.