Las investigaciones de la Guardia Civil, las estimaciones de la Fiscalía Anticorrupción y los cálculos de los investigados por la trama Koldo han puesto negro sobre blanco en las cifras del caso, de que se elevan hasta los 60 millones de euros las adjudicaciones públicas en la trama, a 16,5 millones de euros las comisiones y hasta los 88.199 euros el dinero para asegurar comunicaciones seguras a sus integrantes. El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) al juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, revela que el presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, "estimó que obtendría unos ingresos por valor de 60.000.000 euros" a través de la empresa Solucionas de Gestión, principal investigada de la trama para hacerse con nueve contratos por un importe de 53 millones de euros de dinero públicos.
Ingresos millonarios
El estallido del caso, en febrero de este año, llevó a la incautación de los objetos personales de Aldama y los agentes localizaron en su ordenador un documento titulado 'mascarillas', que se elaboró en marzo de 2020, en plena pandemia de la covid. En aquel momento, el presidente del Zamora CF, ya estaba inmerso en el primer contrato con Puertos del Estado, que supondría unos ingresos de 20 millones de euros, según sus cálculos. El archivo siguió modificándose hasta mayo de este año, añadiendo el resto de adjudicaciones: 12,5 millones de Adif, casi 3,5 millones del Ministerio del Interior, 3,7 millones de las islas Baleares y 12,2 de las Islas Canarias. El empresario, que estar en prisión provisional desde este jueves por su implicación en la causa de un presunto fraude del IVA de los hidrocarburos de más de 180 millones de euros, también incluyó estimaciones de 7,5 millones de euros que esperaba ingresar desde Correos. El informe de la OCU revela que Soluciones de Gestión llegó a ingresar el importe, pero solo unas semanas más tarde fue devuelto.
Lo que se ha investigado hasta el momento, también apuntan en las cantidades millonarias que los protagonistas de la trama se embolsaron en comisiones. Los cálculos de Anitcorrupción apuntan que de Aldama recibió 5,5 millones de euros, mientras que el empresario Juan Carlos Cueto, se quedó con hasta 9 millones. Además, hay que sumar un incremento "matrimonial notable" de hasta 1,5 millones de euros al exasesor de Ábalos, Koldo García. La Fiscalía sostiene que los 9 contratos adjudicados a Solucionas de Gestión supusieron un beneficio económico de un total de 16,5 millones de euros para los investigados. Aparte, de los ingresos de Soluciones de Gestión y de las comisiones, las investigaciones también han señalado el dinero que alguno de los investigados gastó en alquileres o incluso en la compra de un chalet en Cádiz, por valor de 600.000 euros, que según la OCU habría disfrutado el exministro José Luis Ábalos.
Gastos en alquileres y seguridad
En el informe remitido este jueves, los agentes apuntan que Ábalos pudo disfrutar del chalet 'La Alcaidesa', situado en La Línea de la Concepción, que incluso pudo poner en alquiler para obtener beneficios económicos. Según los agentes, la propiedad fue adquirida por de Aldama a través de una sociedad controlada por su socio, Claudio Rivas, por un valor de 526.000 euros. La UCO también han encontrado evidencias que un presunto testaferro pagó la mensualidad de un piso situado en la plaza España de Madrid, donde vivía la entonces pareja de Ábalos, entre el 2009 y 2021, por 2.700 euros al mes, que supone un total de 82.298 euros. El informe también recoge que, entre 2018 y 2022, Ábalos "mantendría una relación particular" con una mujer, J.R.G, que fue la que disfrutó del inmueble, y que fue colocada en una empresa de ingeniería que dependía del Ministerio de Transportes. Además, hay que añadir una cantidad que de Aldama le habría dado en Koldo García en metálico.
En el documento del empresario consta un primer pago de 11.500 euros, en 'Grandu' en octubre del 2019, estas entregas en efectivo se mantuvieron hasta septiembre de 2022 a través de intermediarios con 10.000 euros mensuales, según la OCU. La investigación policial también ha revelado esta semana la cantidad que de Aldama se habría gastado para asegurarse "comunicaciones seguras y libres de posibles hurgadas". En total, el empresario habría pagado un total de 88.199 euros al guardia civil investigado en la causa, Rubén Villalba, para que este le proporcionara terminales con las cuales los supuestos integrantes de la trama pudieran comunicarse de manera segura y al margen de una eventual acción judicial o policial". La seguridad era, según la fuerza investigadora, "uno de los aspectos más importantes" para el presunto conseguidor de la trama, aunque Koldo García "también habría estado dotado" de móviles seguros para sus intereses.
Según la Guardia Civil, Koldo García utilizó estos dispositivos "sobre todo durante su periodo ejerciendo labores profesionales para el Ministerio". El agente aseguró que Ábalos también utilizó alguno de estos dispositivos. "Durante su periodo en el Gobierno y muy raramente fuera de esta posición, siempre nos ha pedido telefonía básica, no teléfono inteligente, para hacer sus llamadas. En alguna ocasión llegué a ver al exministro Ábalos con alguno de los dispositivos proporcionados por nosotros", aseguró Villalba en una de las comunicaciones intervenidas por los agentes. El papel Villalba en la trama era gestionar estos móviles, cambiándolos a los integrantes de la trama y destruyendo los antiguos, aumentando, por lo tanto, la protección que se les brindaba a los investigados, destaca el informe. Según este agente, de Aldama reclamaba una elevada cantidad de móviles en espacios de tiempo cortos, en algunas ocasiones, llegó a pedir entre dos y tres teléfonos en un mes.