La jueza de Sabadell que instruye el caso Mercurio ha abierto una nueva pieza separada del caso, la número 34, que investiga posibles delitos contra la Administración pública y de apropiación indebida de caudales públicos.
La investigación apunta al exalcalde de Sabadell Manuel Bustos, pero también a quién fue su sucesor en el cargo, Joan Carles Sánchez, y a tres concejales más del PSC. Se trata del hermano de Bustos, Paco Bustos; el exprimer secretario del PSC en Sabadell Joan Manau, y quien fue titular de Sostenibilidad bajo el mandato de Bustos, Ricard Estrada.
Los cinco investigados habrían podido cobrar de manera ilícita dietas de la compañía municipal de aguas de la ciudad, CASSA. También se incluye en esta investigación a dos funcionarios, entre los que se incluye la jefa de servicio del área de Sostenibilidad en aquel momento.
El archivo de la pieza 27 del caso Mercurio habría sido la piedra de toque para iniciar esta nueva investigación. La pieza archivada investigaba posibles cobros irregulares de retribuciones por parte del presidente de Socade Informática SL, una sociedad filial de CASSA, y por la que estaban imputados Lluís Pascual y el mismo Manuel Bustos por omisión de denuncia.
Nuevas sospechas
Fue, sin embargo, en las declaraciones de los investigados cuando se detectaron nuevas sospechas, según ha informado en un comunicado la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció. La jueza investigará ahora a los exalcaldes Bustos y Sánchez, tres concejales más del PSC y dos funcionarios. Los siete habrían cobrado retribuciones a título particular como miembros del consejo de administración de la compañía municipal de aguas, CASSA, durante los ejercicios 2009, 2010 y 2011.
Sabadell Lliure de Corrupció ha anunciado que se personará en esta pieza para "poder ejercer la acusación popular y poder colaborar a aclarar los hechos y avanzar en la lucha contra la corrupción política". Según la plataforma, la abertura de esta pieza es importante "para que no quede impune" la práctica que se investiga y porque "pone de relieve que el caso Mercurio continúa abierto y activo".
Por su parte, Entesa per Sabadell (SE) ha emitido un comunicado reivindicando que ya denunció públicamente estas irregularidades en 2013, al considerar poco ético que concejales del gobierno del PSC y funcionarios municipales cobraran estas retribuciones por el hecho de asistir al consejo de administración de CASSA. Según detalla Entesa, el año 2011 el importe de estas retribuciones supuso más de 63.300 euros de gasto.