La jueza que instruye la pieza 28 del caso Mercurio sobre las posibles irregularidades en la adjudicación del contrato de la limpieza de Sabadell en la empresa Smatsa mantiene los indicios de delito y confirma que mantiene los principales investigados en la causa. Se trata de una contratación que la justicia investiga por|para las irregularidades detectadas en el proceso de adjudicación, como ahora la duración de 15 años y 5 más de ampliables, o la garantía exigida del 0,2% del importe de adjudicación en lugar del 5% habitual. El entonces alcalde, Manuel Bustos, así como su hermano y exconcejal, Paco Bustos, se mantienen como investigados. La acusación popular reclama al Ayuntamiento que mueva ficha con el contrato y los trabajadores investigados que permanecen en plantilla.

La jueza que instruye la pieza 28 del caso Mercurio sobre las posibles irregularidades en la adjudicación del contrato de la limpieza de Sabadell en la empresa Smatsa mantiene los indicios de delito y confirma que mantiene los principales investigados en la causa. Se trata de una contratación que la justicia investiga por las irregularidades detectadas en el proceso de adjudicación, como ahora la duración de 15 años y 5 más de ampliables, o la garantía exigida del 0,2% del importe de adjudicación en lugar del 5% habitual. El entonces alcalde, Manuel Bustos, así como su hermano y exconcejal, Paco Bustos, se mantienen como investigados. La acusación popular reclama al Ayuntamiento que mueva ficha con el contrato y los trabajadores investigados que permanecen en plantilla.

Según ha comunicado la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupción, que es acusación popular, la jueza Rocío Pérez Gómez concluye en su escrito de conclusiones que las investigaciones permiten constatar que la concesión del servicio fue fruto de "maniobras planificadas, organizadas y dirigidas" por miembros que entonces formaban parte del gobierno de Manuel Bustos (PSC), entre ellos el mismo alcalde. Smatsa, que asumía el servicio desde los años 80, ganó el concurso convocado en el 2011 con unas condiciones que levantaron muchos sospechas, hasta que finalmente, con el estallido del caso Mercurio, la investigación quedó absorbida dentro de la macrocausa abierta.

Concretamente, se trataba de un concurso en que Smatsa se sobrepuso a las ofertas que otras grandes empresas habían presentado, entre ellas Fomento de Construcciones y Contratas. El importe era de 18.522.000 euros y la duración de 15 años, con 5 más de prorrogables, hecho que vulnera, según la plataforma, el procedimiento legal establecido, y se exigía una garantía equivalente al 0,2335% en lugar del tradicional 5%.

Los delitos

Entre los actos presuntamente ilícitos que la jueza ha detectado hay la participación de la empresa en el contenido de los pliegos de condiciones del concurso, la obtención de información privilegiada, el pago de viajes a miembros del gobierno de la época o el pago de actos oficiales del Ayuntamiento y del acto de presentación de Manuel Bustos como candidato a la reelección para las elecciones municipales de 2011. "Estas actuaciones ilícitas para adjudicar el servicio de manera fraudulenta tiene que tener consecuencias, desde la acusación popular pediremos la apertura de juicio oral y emitiremos nuestro escrito de acusación en relación a la gravedad de los delitos", detalla Isidre Soler, portavoz de la plataforma.

En este sentido, Soler destaca que el Ayuntamiento, donde actualmente gobierna al PSC, tendría que mover ficha y mantener su papel como acusación particular. Además, reclama que se plantee qué se hará si finalmente se confirma por la vía judicial que la adjudicación se hizo de manera irregular, así como con los tres trabajadores públicos que siguen manteniendo su plaza de funcionario en el Ayuntamiento y sobre la cual pesan "acusaciones muy graves por haber sido parte activa e implícita en las irregularidades".

Los investigados

El exalcalde Manuel Bustos sigue siendo el principal investigado en esta presunta trama donde se considera que los hechos descritos pueden ser constitutivos de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, soborno, falsedad documental, infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos, blanqueo de capitales y delito electoral. También figuran su hermano y exconcejal de Espacio Público, Paco Bustos, el excoordinador de Espacio Público, Xavier Izquierdo, o el exconcejal y exsecretario de organización local del PSC Cristian Sánchez. Quedan fuera, sin embargo, la exconcejala socialista Ana Carrasco, que renunció al acta de concejala cuando fue incorporada a la investigación, así como otras figuras vinculadas a la empresa, como Marina Taltavull.

La acusación popular calcula que el ritmo que han tomado otras piezas del caso Mercurio permiten prever que el juicio se podría hacer de cara a finales del año 2022.