Iñaki Urdangarin ha sido condenado a 6 años y tres meses de prisión por el caso Nóos, mientras que la infanta Cristina se ha librado de la prisión. La sentencia, de más de 700 páginas, la hace responsable civil subsidiaria y la condena a pagar 265.000 euros. Urdangarin podría entrar inmediatamente en la prisión, si el fiscal así lo pide, aunque la sentencia todavía no es firme a la espera del recurso que puedan presentar las defensas. El fiscal Anticorrupción de las Balears, Pedro Horrach, ha indicado después de conocer la sentencia del caso Nóos que valorará si pide el ingreso en la prisión de Iñaki Urdangarin y de su socio Diego Torres, una decisión que tiene que tomar "casi de forma inmediata". "Pronto lo decidiré", ha dicho Horrach a los periodistas después de afirmar que todavía no lo tiene decidido y que lo hará "esta misma mañana".

Urdangarin ha sido condenado por los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude a la administración pública, tráfico de influencias y delito contra la Hacienda Pública. La suma de las penas es de 6 años y tres meses de prisión, 7 años de inhabilitación y una multa de 512.553,68 euros. Se enfrentaba a 19 años de prisión por tráfico de influencias, malversación, prevaricación, fraude, estafa, falsedad, dos delitos fiscales y blanqueo de capitales. La Infanta se enfrentaba a 8 años de prisión, pero sólo Manos Limpias la acusa como cooperadora necesaria. La Fiscalía desestimó imputarla en el caso.

Entre los argumentos de la sentencia está el hecho de que Urdangarin cobró servicios que no llegó a hacer: "Reiterada exigencia de pago promovida por los representantes del Instituto Nóos, a pesar de ser conscientes, la autoridad y los funcionarios públicos, que los servicios no se habían prestado". Y que "se aplicaron deducciones en las cuales no tenían derecho, defraudando el erario público cantidades superiores a 120.000 euros", prosigue el texto. La sentencia expone, también, que el socio de Urdangarin, Diego Torres, "a través de un entramado societario internacional, radicado en Belice y en el Reino Unido, ocultó la cuota defraudada".

Un algo más de un año después de que empezara el histórico juicio, de 8 meses de deliberación, hoy se ha conocido el desenlace (que no es definitivo porque puede haber recurso) de un proceso en el cual se juzgó la presunta trama urdida por beneficiar con fondo públicos a entidades creadas por Iñaki Urdangarin y su exsocio, Diego Torres, que percibieron unos 6 millones de varias administraciones públicas, así como el supuesto plan posterior para defraudar a Hacienda. El caso ha estado 8 años investigándose y el juicio, que se hizo en la Audiencia de Palma, duró 6 meses.

Las tres juezas del tribunal, Samantha Romero, Eleonor Moyà y Rocío Martín, no han llegado a agotar el plazo que concedió el Tribunal Superior de Justicia de las Balears a la primera de estas, exonerada hasta el próximo 31 de marzo del reparto de otros asuntos, para que se dedicara sólo a redactar la sentencia.

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Los argumentos del tribunal

La Audiencia de las Illes Balears dice en la sentencia que "la contratación de la mercantil Nóos se llevó a cabo prescindiendo de la tramitación legal que era aplicable y, respondió a la decisión unilateral del entonces presidente del Govern Balear que adoptó a causa de la influencia ejercida por D. Ignacio Urdangarin, concertado con su entonces socio, Diego Torres Pérez". La sentencia destaca que "D. Ignacio Urdangarin se sirvió de la íntima relación de amistad que lo unía al recientemente nombrado director general de Deportes, José Luis Ballester Tuliesa, y del privilegiado posicionamiento institucional que ocupaba en esas fechas".

Según el texto del tribunal, "las decisiones adoptadas por el presidente del Govern Balear trataron de revestir de legalidad las decisiones unilateralmente adoptadas por D. Jaume Matas, simulando que habían sido tomadas por la Fundación Illesport a través de la confección de unas actas en que se hacían constar reuniones de la Comisión Ejecutiva o del Patronato de la Fundación, que nunca se celebraron".

La sentencia argumenta que "la Fundación Illesport se hizo cargo del pago de 174.000 euros que no tenía que haber satisfecho, ya que tal importe tuvo que ser abonado por la mercantil Abasta Sport, SL y, de la cantidad de 445.000 euros, correspondientes a los servicios relativos al Observatorio y al Plan Estratégico, incluidos en el convenio relativo al acontecimiento denominado Islas Baleares Foro 2006, que no llegaron a ejecutarse". "Esta última cantidad se abonó como consecuencia de la reiterada exigencia de pago promovida por los representantes del Instituto Nóos, a pesar de ser conscientes, la autoridad y los funcionarios públicos, que los servicios no se habían prestado", prosigue.

El tribunal alega que "Diego Torres e Ignacio Urdangarin tributaron a través del Impuesto de Sociedades de lo que, en realidad, eran rendimientos devengados como consecuencia de su actividad profesional, que tuvieron que haber tributado a través del impuesto sobre la renta de las personas físicas, y se aplicaron deducciones a las que no tenían derecho, defraudando en el erario público cantidades superiores a 120.000 euros".

"Diego Torres, a través de un entramado societario internacional, radicado en Belice y el Reino Unido, ocultó la cuota defraudada en el erario público, transformándola, para devolverla al circuito legal mediante la realización de sucesivos traspasos de fondo, hasta que acabaron depositados en cuentas su titularidad", concluye la sentencia.

Los condenados

Iñaki Urdangarin Liebaert ha sido condenado a 8 años y tres meses de prisión, 7 años de inhabilitación y multa de 512.553,68 euros por ser declarado autor responsable de:
- Un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito de falsedad en documento público y con un delito de malversación de caudales públicos, por el cual se le condena a 2 años y 8 meses de prisión, a una multa de 7 meses y 17 días con una cuota diaria de diez euros y a 2 años y 7 meses de inhabilitación especial para ocupación en cargo público autonómico y local de la comunidad autónoma de Balears.
- Un delito de fraude a la Administración Pública, por el cual se lo condena a 7 meses de prisión y a 4 años y 6 meses de inhabilitación especial para ocupación o cargo público autonómico y local de la comunidad autónoma de Balears.
- Un delito de tráfico de influencias, por el cual se le condena a 1 año de prisión.
- Un delito contra la Hacienda Pública, por la cual se le condena a 1 año de prisión y a una multa del doble de la cantidad defraudada (259.478,38 euros).
- Un delito contra la Hacienda Pública, por la cual se le condena a 1 año de prisión y a una multa del doble de la cantidad defraudada (253.075,30 euros).

Diego Torres, socio de Urdangarin. El tribunal lo condena a 8 años y seis meses, por:
- Un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito de falsedad en documento público y con un delito de malversación de caudales públicos, por el cual se le condena a 3 años de prisión, a una multa de 7 meses y 17 días con una cuota diaria de diez euros y a 3 años y de inhabilitación especial para ocupación o cargo público autonómico y local de la comunidad autónoma de Balears.
- Un delito de fraude a la Administración Pública, por el cual se le condena a 8 meses de prisión y a 5 años de inhabilitación especial para ocupación o cargo público autonómico y local de la comunidad autónoma de Balears.
- Un delito de tráfico de influencias, por el cual se lo condena a diez meses de prisión.
- Un delito contra la Hacienda Pública, por la cual se le condena a 2 años de prisión y a una multa del triple de la cantidad defraudada (1.034.305,86).
- Un delito de blanqueo, por el cual se le condena a 2 años de prisión y multa del doble del valor de los bienes blanqueados (689.537,24 euros).

Jaume Matas, expresidente balear. Condenado a 3 años y 8 meses de prisión y 7 más de inhabilitación por los delitos de:
- Un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito de falsedad en documento público y con un delito de malversación de caudales públicos, por los cuales ha sido condenado a 3 años de prisión, multa de 7 meses y 17 días a razón de una cuota diaria de diez euros y 3 años de inhabilitación especial para ocupación o cargo público estatal, autonómico o local.
- Un delito de fraude a la Administración, por el cual se le condena a 8 meses de prisión y a 4 años de inhabilitación especial para ocupación o cargo público estatal, autonómico o local.

José Luis Ballester Tuliesa. Condenado a 15 meses y 2 días de prisión –que se sustituyen por las penas de multa indicadas– y 4 años, 6 meses y 2 días de inhabilitación, ha sido declarado autor responsable de:
- Un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito de falsedad cometida por funcionario público y con un delito de malversación de caudales públicos, por el cual ha sido condenado a la pena de 9 meses y 2 días de prisión –que se sustituye por la pena de 18 meses y cuatro días de multa a razón de una cuota diaria de diez euros– y 1 año, 6 meses y 2 días de inhabilitación absoluta.
- Un delito de fraude a la Administración, por el cual ha sido condenado a 6 meses de prisión –que se sustituye por la pena de 12 meses de multa a razón de una cuota diaria de diez euros– y a 3 años de inhabilitación especial para ocupación o cargo público autonómico y local de la comunidad autónoma de Balears.

Gonzalo Bernal García. Condenado a 15 meses y 2 días de prisión –que se sustituyen por las penas de multa indicadas– y 4 años, 6 meses y 2 días de inhabilitación, ha sido declarado autor responsable de:
- Un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito de falsedad cometida por funcionario público y con un delito de malversación de caudales públicos, por el cual ha sido condenado a la pena de 9 meses y 2 días de prisión –que se sustituye por la pena de 18 meses y cuatro días de multa a razón de una cuota diaria de seis euros– y 1 año, 6 meses y 2 días de inhabilitación absoluta.
- Un delito de fraude a la Administración, por el cual ha sido condenado a 6 meses de prisión –que se sustituye por la pena de 12 meses de multa a razón de una cuota diaria de seis euros– y a 3 años de inhabilitación especial para ocupación o cargo público autonómico y local de la comunidad autónoma de Balears.

Miguel Ángel Bonet Fiol ha sido declarado autor responsable de:
- Un delito de falsedad documental cometido por funcionario público en concurso medial con un delito de prevaricación, por el cual ha sido condenado a 1 año y 2 días de prisión –que se sustituye por la pena de 24 meses y 4 días de multa a razón de una cuota diaria de seis euros–, a una multa de 1 mes y 17 días a razón de una cuota diaria de seis euros y a 6 meses y dos días de inhabilitación especial para ocupación o cargo público autonómico y local de la comunidad autónoma de Balears.

Cristina de Borbó y Grecia, en calidad de responsable civil a título lucrativo, responderá, conjunta y solidariamente con Iñaki Urdangarin, respecto de la responsabilidad civil de este último, hasta la cuantía de 265.088,42 euros.

Ana María Tejeiro Losada, mujer de Diego Torres, en calidad de responsable civil a título lucrativo, responderá, conjunta y solidariamente con Diego Torres, respecto de la responsabilidad civil de este último, hasta la cuantía de 344,934,31 euros.

El tribunal ha condenado la acusación popular ejercida por Manos Limpias a satisfacer el cincuenta por ciento de las costas del juicio oral causadas a Ana María Tejeiro Losada y el total de las costas del juicio oral causadas a Cristina de Borbó y Grecia.

Los absueltos

Finalmente, el tribunal ha absuelto de los delitos de los cuales estaban acusados:

- Miguel Tejeiro (absuelto por la retirada de la acusación)
- Marco Antonio Tejeiro Losada
- Luis Lobón Martín
- José Manual Aguilar Colás
- Jorge Vela Bargués
- Elisa Maldonado Garrido
- Mercedes Coghen Alber
- Alfonso Grau Alonso
- Salvador Trinxet Llorca

Cristina y Urdangarin, en Ginebra

Mientras tanto, la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin estan en Ginebra, según afirmó ayer el abogado Mario Pascual Vives, que ha asegurado que espera "lo mejor". En declaraciones a los periodistas en las puertas de su despacho en Barcelona, Pascual Vives –abogado de Iñaki Urdangarin– aseguró que la Infanta y su marido están en Ginebra, "esperando, a ver qué pasa" mañana, una vez se notifique la sentencia, en la que los dos se exponen a peticiones de penas de prisión.

"Estamos preparados para lo mejor, esperamos lo mejor y veremos qué pasa", ha indicado hoy el letrado, que se ha mostrado optimista y ha reconocido que no entra dentro de sus previsiones que se imponga una condena de prisión para su cliente. Al ser preguntado por si la infanta Cristina podría ser absuelta, Pascual Vives ya soltó que eso "sería una alegría para todos, toda la gente de bien tendrá una alegría".

Los Reyes, en el Thyssen

Mientras se daba a conocer la sentencia, los reyes Felipe VI y Letícia participaban en un acto público. Los monarcas inaugurarán una exposición de arte al Museo Thyssen-Bornemisza acompañados del presidente de Hungría, János Ader, y su mujer, Anita Herczegh, a las 12.00 horas, la misma hora en la cual el Tribunal Superior de Justicia de Balears ha trasladado a las partes personadas la sentencia.

Aunque la infanta Cristina dejó de ser miembro de la Familia Real en el momento en que su hermano accedió al trono, no ha renunciado a sus derechos dinásticos y sigue estando la sexta en la línea sucesoria, por detrás de la Princesa de Asturias, la infanta Sofía, la infanta Elena y los dos hijos de ésta. Aunque hasta el rey Juan Carlos pidió a su hija a Cristina, vía un intermediario, la renuncia a sus derechos dinásticos, ella no ha querido hasta la fecha dar este paso. Y desde la Casa del Rey se insiste en que esta renuncia corresponde en exclusiva a ella.

¿Qué pedían?

Las condenas que pedían las seis acusaciones van desde los 107 años que suman las que reclama la Fiscalía Anticorrupción a los 192 del sindicato Manos Limpias. La petición de condena más alta era la de este sindicato para Urdangarin: 26 años y 6 meses de prisión.

La petición de condena para Urdangarin era de 19 años y 6 meses de prisión por parte de la Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, fraude, estafa, falsedad, dos delitos contra Hacienda y blanqueo.

A su mujer, la infanta Cristina, sólo la acusava Manos Limpias, que pedía para ella una condena de 8 años de prisión por colaboración en dos delitos fiscales, mientras que la Fiscalía sólo la consideraba responsable a título lucrativo por un importe de 587.413 euros.

Entre los principales acusados figuran también el socio de Urdangarin, Diego Torres, presunto autor de delitos de prevaricación, fraude, tráfico de influencias, malversación, contra Hacienda, falsedad, estafa, falsificación y blanqueo, para quienes la Fiscalía pidió 16 años y media condena y Manos Limpias 22 años y medio.

El expresidente del govern y del PP balear y exministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, acusado de delitos de malversación (en concurso con prevaricación y falsedad) y fraude presuntamente cometidos para contratar con Nóos al margen de la legalidad, afronta peticiones de condena de 5 años por parte de la Fiscalía y la Abogacía de la Comunidad Autónoma de las Balears, y de 11 por parte de Manos Limpias.

El resto de acusados son Ana María Tejeiro, mujer de Torres; su hermano Marco Antonio Tejeiro, contable del Instituto Nóos; el asesor fiscal Salvador Trinxet; el exdirector general de Deportes de las Balears José Luis "Pepote" Ballestero; el exdirector de la fundación Illesport Gonzalo Bernal; el exdirector del Institut Balear de Turisme, Juan Carlos Alía; y el exsecretario de esta misma institución Miguel Ángel Bonet.

También fueron juzgados el exvicealcalde de València Alfonso Grau; el exsecretario de Turismo de la Comunidad Luis Lobón; el exdirector de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) de València José Manuel Aguilar; el también exdirector de CACSA Jorge Vela; la exresponsable jurídica de esta sociedad pública, Elisa Maldonado; y la exconsejera delegada de la candidatura Madrid 2016, Mercedes Coghen.