Cuatro años después del 1-O, lejos de resolverse el conflicto entre Catalunya y España y de culminar el procés independentista, todavía están vivos en los juzgados los casos derivados del referéndum del 1 de octubre del 2017, las protestas posteriores y las investigaciones de la policía española contra miembros del Govern, altos cargos de la Generalitat y activistas.
Entre casos y derivadas, casi se llega ya a los 50 procesos judiciales y todas sus ramificaciones, con 3.500 represaliados. Hay 44 condenados, 6 exiliados, 56 investigados por el Tribunal de Cuentas, 32 altos cargos de la Generalitat investigados por el referéndum, 18 investigados por la creación y gestión de webs, 24 bomberos investigados, 18 maestros investigados con la causa archivada y 712 alcaldes bajo el punto de mira de la Fiscalía, de los cuales sólo 12 continúan con las causas abiertas y sólo a uno se le ha condenado, al alcalde de Agramunt y exconseller, Bernat Solé.
Tres causas, sin embargo, marcan el paso de este 1-O. La reactivación de los procesos que forman la piedra angular de toda la causa independentista han resurgido los días previos al cuarto aniversario del referéndum del 2017 como un aviso para navegantes: indultos, exiliados y Tsunami Democràtic. Las tres patas de la represión se completan con las decenas de casos que afectan a la ciudadanía que se alzó en forma de protesta desde el 2017 y que todavía ahora se mantiene en pie. Ya hay 3.500 represaliados, la gran mayoría de ellos pendientes de juicio y con duras medidas cautelares y fianzas.
Si algo ha marcado este último año en el ámbito judicial han sido los indultos. Los presos políticos han salido con la medida de gracia del Gobierno de Pedro Sánchez, cosa que no ha dejado indiferente a nadie. El indulto continúa vivo y está en vías de recurso. Un hecho inusual, como lo es también todo el caso del procés. El curso que tienen que seguir los indultos es largo. Cuanta más estabilidad política, más probabilidad hay de que se mantengan los indultos. La sala tercera del Tribunal Supremo, que es la que tiene que resolver los recursos de Ciudadanos, Vox y el PP, está formada por 32 magistrados expertos en cada una de las materias del contencioso administrativo. Es la encargada de juzgar los actos del Gobierno, como los indultos. A pesar de basarse en criterios jurídicos, tienen muy en cuenta el contexto político. Una situación sin tensiones y encaminada al diálogo reafirmaría los indultos y el rechazo a los recursos. Pero más crispación y salidas de tono de los indultados políticos, los podría devolver a prisión con la revocación de los indultos.
El curso político y judicial, en puertas del cuarto aniversario del 1-O, ha empezado con la detención en L'Alguer del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. Su puesta en libertad y la prórroga de la declaración para el próximo 4 de octubre se vivió como un golpe de efecto y una victoria más contra la justicia española, que no se da por vencida. El magistrado Pablo Llarena insiste en su extradición. Para el poder judicial, el final del exilio tiene que pasar por el banquillo de los acusados y por un nuevo juicio en el Tribunal Supremo. Pero la vía política, sin concreción todavía, se presenta como un intercambio de intereses en medio de la negociación de la mesa de diálogo que avanza a paso lento y sin un horizonte claro. De momento, la justicia española no se da por vencida y reclama a Puigdemont, acusado de rebelión, a Italia.
El caso de los exiliados ha quedado al margen del indulto. Sin condena, no hay medida de gracia, pero un nuevo juicio ahora contra lo que queda del Govern de la Generalitat que hizo posible el 1-O remueve todavía más las aguas de una frágil negociación.
Toni Comín, Carles Puigdemont y Clara Ponsatí en el Parlamento Europeo - EFE
El otro proceso que ha dado un paso complejo estos últimos días es el caso contra los presuntos promotores de Tsunami Democràtic. La investigación, que estaba en manos del juez de la Audiencia de Barcelona Joaquín Aguirre, ha saltado a la Audiencia Nacional. El tribunal especial ha reclamado el sumario y, contra el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, seguirá la instrucción. Una complicación más para los principales imputados: el exconseller de ERC Xavier Vendrell, el exdirigente de CDC David Madí, el empresario Oriol Soler y el director de la oficina de expresident de Carles Puigdemont, Josep Alay.
Además, hay 44 causas judiciales vinculadas con el 1-O. Algunas de ellas están juzgadas y siguen una vía de recursos, algunas se han archivado, pero hay muchas todavía que están pendientes de resolverse en varios juzgados de Catalunya, España y Europa. Los represaliados llegan ya a los 3.500 entre políticos, altos cargos, funcionarios y activistas en las diferentes causas que no han parado de abrirse cada año a consecuencia o bien de protestas o bien de investigaciones que se bifurcan en nuevas piezas separadas.
Todas las causas
Desde el 2017 hasta ahora se han abierto 44 causas judiciales. Hay desde la causa especial en el Tribunal Supremo, la de la cúpula de los Mossos, la Mesa del Parlament, hasta al caso en el Tribunal de Cuentas, todas las movilizaciones de protesta, la operación Judas, la operación Volhov o las movilizaciones contra el Consejo de Ministros en Barcelona del 2019.
Entre las causas abiertas, hay la de los heridos y detenidos del 1-O, los investigados por la clonación de la web, bomberos investigados, los investigados por la huelga general del 8 de noviembre del 2017, los de la concentración en el Parlament el día de la investidura fallida de Carles Puigdemont después de las elecciones del 21-D, las diversas protestas delante del TSJC, los investigados por las movilizaciones de protesta por la detención de Puigdemont en Alemania, por los actos del primer aniversario del 1-O, por las movilizaciones de protesta por el traslado de los presos políticos por el juicio en Madrid, por la huelga general del 21 de febrero del 2019, por la visita del Rey a Poblet, por la inhabilitación de Quim Torra, por el 11 de septiembre del 2020 y por el 1-O del 2020.
Manifestación por los presos políticos y exiliados - Salvador Foz
Una de las tramas judiciales más complejas, no por los hechos, sino por el hecho de que pueda saltar a la Audiencia Nacional, es la operación Judas. Esta semana se han reanudado las declaraciones de parte de los acusados, y a los 4.500 euros de fianzas que ya habían pagado, la Fiscalía ha sumado 13.000 más. Las defensas de los investigados en la operación Judas han presentado escritos de nulidad para impugnar la resolución de procesamiento de los trece encausados. Los abogados de Alerta Solidària aseguran que han detectado incidencias, la última, la existencia de una causa secreta de la operación Judas de donde surgen los indicios para inculpar a los investigados y a la cual la defensa no ha tenido acceso.
El proceso judicial contra el procés asfixia con el Código Penal y también económicamente. El Tribunal de Cuentas no deja opción posible a los condenados del 1-O ni del 9-N. El Tribunal de Cuentas reclama un total de 5,4 millones a 34 ex altos cargos, entre los cuales los presidents Artur Mas y Carles Puigdemont y el vicepresident Oriol Junqueras. El Tribunal los responsabiliza de haber dedicado la política exterior del Govern a promover el procés. En un intento de salvar a los representantes legítimos del pueblo de Catalunya que actuaron según el mandato democrático, el actual Govern hizo un decreto para crear un fondo para avalar las fianzas que el Tribunal les reclama y evitar así el embargo de sus bienes mientras no haya una sentencia definitiva. Ante la imposibilidad de conseguir el apoyo de alguna de las grandes entidades financieras, en un primer momento ha sido el Institut Català de Finances (ICF), que depende de la Generalitat, quien se ha encargado de cubrir los avales, lo cual provocó un tenso debate dentro de este organismo. La pelota está ahora sobre la Abogacía del Estado que se tiene que posicionar sobre el fondo de contingencia.
El caso Volhov y todas sus ramificaciones, entre las cuales está la trama de los rusos, ha provocado decenas de hojas de sumario este año. La investigación policial sobre personas vinculadas al procés independentista recoge que Rusia habría ofrecido al president Carles Puigdemont en 2017 pagar toda la deuda de Catalunya y disponer de 10.000 soldados. El sumario de la operación Volhov hace evidente las reticencias del ministerio fiscal ante los seguimientos a los que la Guardia Civil sometió con autorización del juez al exdirigente de CDC David Madí, el exconseller de ERC Xavier Vendrell y el responsable de la Plataforma Proseleccions Catalanes, Xavier Vinyals, a los cuales, además de intervenirles los teléfonos durante meses, se les instaló micrófonos en los coches y se les sometió a seguimientos con balizas de geolocalización. La documentación demuestra como a lo largo de todo un año la Fiscalía Anticorrupción fue expresando sus dudas sobre la solidez de una operación que arrancaba de unas conversaciones intervenidas 18 meses atrás de los acusados con Víctor Terradellas. En concreto, cuestionaba que se hubiera demostrado con suficiente solidez el supuesto desvío de dinero público para la creación de criptomoneda, especialmente teniendo en cuenta que ninguno de los tres investigados tenía ya responsabilidad en el Govern catalán y que la criptomoneda no es ilegal.
Contra el pueblo
Hay decenas de procesos contra activistas y la ciudadanía en general derivados del procés independentista.
Las protestas contra la sentencia del juicio del Tribunal Supremo del 2019 generaron detenciones en el aeropuerto de El Prat, Lleida, Mataró, Vic, Amposta, L'Aldea, Barcelona, L'Ametlla del Vallès, Reus, Tarragona, Girona, aparte de la avenida Meridiana de Barcelona entre el 14 de octubre y el 15 de noviembre. Además, la huelga general del 18 de octubre del 2019 provocó protestas y detenciones en la Jonquera, Salt y el Camp Nou.
Corte de Tsunami Democràtic en la Jonquera - Mireia Comas
La protesta contra el sindicato Jusapol que se manifestaba en Barcelona en forma de protesta de Holi Fest ha acabado, también, de la peor manera. De momento, está Marcel Vivet condenado a 5 años de prisión. Vivet continúa en libertad a la espera de que se resuelva su recurso. Pero, en paralelo, esta misma semana la Fiscalía ha pedido 4 años para cuatro acusados más por los mismos hechos.
Hay más de 1.000 investigados por las protestas de todos los casos judiciales y para varios cortes de circulación y vías públicas en todo el país, La Jonquera, durante el Consejo de Ministros del 2018 en Barcelona, la operación Judas, el caso Volhov, el aniversario del 1-O, las protestas postsentencia, en el aeropuerto de El Prat, en el traslado de los presos a Madrid y en las huelgas y concentraciones delante del TSJC. En total, se calcula que el total de represaliados ya llega a los 3.500.
Absueltos y casos archivados
La lista crece, pero también crece la lista de absueltos y casos archivados, lo cual deja al descubierto investigaciones conducidas a buscar cabezas de turco, sentencias exemplificadores y diligencias sin fundamento. Todo, parece, para desincentivar la movilización independentista y la estrategia política de ruptura con el estado español. La estrategia judicial del miedo. La gran cantidad de casos que no llegan a juicio o que el tribunal sentenciador acaba absolviendo tienen un denominador común: la falta de pruebas.
El primer caso de absolución con impacto por su representatividad y por cómo dejaba en duda la sentencia del Tribunal Supremo contra parte del Govern de la Generalitat fue el del major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. Pero esta misma semana, la Audiencia Nacional también ha absuelto a los escoltas de Carles Puigdemont procesados por el delito de encubrimiento por acompañar al expresident de la Generalitat por varios países del norte de Europa hasta su detención en Alemania en marzo de 2018.
Josep Lluís Trapero en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional - EFE
Relacionados con el 1-O, a los cinco miembros de la sindicatura electoral, después de una instrucción de meses del juez de instrucción 15 de Barcelona, los acabaron absolviendo. Estaban acusados de desobediencia y usurpación de funciones públicas. La sentencia constata que no se acredita que dieran ninguna instrucción u orden ni que se volvieran a reunir después de las providencias dictadas por el TC.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya absolvió en 2020 a la exdiputada de la CUP Mireia Boya. Boya era una de las procesadas del caso del 1-O. Su caso fue al Tribunal Supremo y volvió a Catalunya. Y después de 3 años y un juicio, la sentencia la proclamó inocente. La resolución dice que no fue advertida nominalmente por el TC y no ostentaba una posición de intervención en los hechos compatible con el tipo penal de la desobediencia.
Además, de los 30 altos cargos procesados por el juzgado de instrucción 13 de Barcelona, 15 de los casos se han acabado archivando. La jueza decidió no procesarlos por falta de pruebas.
Tamara Carrasco, la vecina de Viladecans acusada de pertenecer a los CDR por la Audiencia Nacional, estuvo con arresto en su municipio durante más de un año. Después el tribunal la absolvió. Es uno de los casos más flagrantes de las acusaciones de activistas. Carrasco estuvo detenida por pertenecer a los CDR y estaba acusada de terrorismo.
El 18 de octubre del 2019, durante la protesta por la sentencia del procés, la policía detiene a cuatro jóvenes que después la Fiscalía acusa de desórdenes públicos. En junio del 2021 quedaron absueltos después del juicio. Entre ellos estaba Guillem, el chico de la sudadera naranja.
Hace sólo unos días, durante el juicio de Pol Serena, acusado de desórdenes públicos por atacar a dos mossos de esquadra el 21 de febrero del 2019 en una huelga independentista en Barcelona, el otro joven acusado quedó absuelto durante la última sesión. Nadie pudo probar que estuviera en el lugar de los hechos ni que hubiera provocado ningún disturbio.
Marc Casadesús, otro activista acusado por lanzar piedras contra el cordón policial el 27 de octubre del 2019 en uno de los cortes en la C-17. La Fiscalía le pedía un año de prisión por un delito de atentado contra la autoridad, pero la jueza consideró que no había pruebas lo bastante contundentes para atribuir e imputar el delito contra el joven y lo absolvió.
En noviembre de 2020, la Audiencia de Barcelona archivó definitivamente la causa contra nueve personas acusadas de desórdenes públicos y coacciones por haber ocupado las vías del TGV de la Estación de Sants. El último archivo ha sido para buena parte de los acusados del corte en La Jonquera de Tsunami Democràtic. Según los abogados de Alerta Solidària, hay más de 300 personas investigadas por las concentraciones de La Jonquera, El Pertús y Tortosa.
Y se cuentan 18 docentes investigados, las causas de los cuales fueron todas archivadas. Se trata de nueve maestros de Sant Andreu de la Barca denunciados en abril de 2018 por la Fiscalía, ocho de la Seu d'Urgell investigados desde noviembre de 2017 y un maestro de Tremp.
Los alcaldes
En septiembre del 2017, justo antes del 1-O empieza la investigación de la Fiscalía General del Estado que acaba con 712 alcaldes investigados. José Manuel Maza pidió que se los investigara por los "presuntos actos de cooperación en la organización del referéndum ilegal".
La Fiscalía emprende la investigación a partir del listado de la Associació de Municipis per la Independència (AMI) con los 712 alcaldes que firmaron "un decreto para visualizar su colaboración con la convocatoria del Govern para el 1 de octubre". Según datos de la AMI, sólo se estaban investigando 78 alcaldes y en 62 casos se ha archivado el caso.
El exconseller Bernat Solé - Raul Moreno
El único exalcalde condenado por desobediencia vinculada al 1 de octubre es el alcalde de Agramunt, y exconseller, Bernat Solé. En diciembre del 2020 la alcaldesa de Roses, Montserrat Mindan, fue absuelta y en octubre del 2019 el TSJC archivó una querella contra el exalcalde de Premià de Mar y exconseller de Interior, Miquel Buch, por los mismos hechos.
Los heridos
La cifra ha ido creciendo a medida que han ido creciendo las protestas y las actuaciones policiales. Desde el 20-S del 2017, ha habido 1.510 personas heridas por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en el marco del procés independentista catalán.
Referéndum 1-O 2017 - Sergi Alcàzar
La cifra sale de desglosar todos los datos de los que se tiene constancia. La inmensa mayoría de heridos, 1.083, se produjeron entre el referéndum del 1-O y los tres días posteriores, del 1 al 4 de octubre. El resto de víctimas, 332, son consecuencia de las actuaciones policiales en las protestas postsentencia del 2019, concretamente entre el día de la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes independentistas y el día de la batalla campal en Urquinaona. Constan 25 heridos del día de la convocatoria de Tsunami Democràtic durante el partido Barça-Madrid. Además de 70 periodistas heridos en varias actuaciones policiales en las protestas.