Continúa la guerra abierta entre el gobierno de Castilla y León, formado por PP y Vox en colación, contra el ministerio de Sanidad y el Gobierno por las medidas antiabortistas que el vicepresidente ultra de la comunidad, Juan García-Gallardo puso sobre la mesa y que, como ya han advertido desde la oposición, vulneran el derecho al aborto de las mujeres. Después que La Moncloa enviara un requerimiento a la Junta de Castilla y León para que no apruebe estas controvertidas medidas, que suponen que los médicos de esta autonomía estén obligados a ofrecer a las mujeres que quieren abortar la posibilidad de oír el latido fetal y una ecografía en 4D. Ante este requerimiento, el gobierno presidido por el PP, que también tiene en su poder la cartera de Sanidad, ha denunciado que el ejecutivo de Pedro Sánchez vulnera su autonomía y sus competencias, y advirtiendo que velará "para que se lleven a cabo todas las acciones que supongan un incremento de los derechos fundamentales de la mujer embarazada en todas las circunstancias".
En un comunicado, el Gobierno autonómico ha recordado que cualquier medida de fomento de la natalidad y de apoyo a la familia se aplicará siempre "sobre tres premisas": el respeto absoluto a la Ley, a libertad y los derechos de la mujer embarazada y de los profesionales sanitarios. En este sentido, el Ejecutivo autonómico "garantizará la libertad y voluntariedad" para las mujeres embarazadas que lo requieran y, "por supuesto", se asegurará la aplicación bajo el "estricto criterio médico, respetando la ley y respetando las recomendaciones de las sociedades científicas". Además de lamentar "la falta de diálogo" de Madrid, el gobierno regional ha asegurada que la comunidad siempre ha sido "pionera en la defensa de la mujer y lo seguirá siendo", unas declaraciones que chocan con la realidad de las medidas antiabortistas de Vox y que el PP ha negado que lo sean. Concretamente, el presidente de la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco habla de unas propuestas para "fomentar la natalidad".
"Medidas de natalidad", según el PP
Intentando alejarse de la tesis de Vox, que siempre ha intentado entorpecer el derecho al aborto, este comunicado de la Junta asegura que la institución "velará por que se lleven a cabo todas las acciones que supongan un incremento de los derechos fundamentales de la mujer embarazada en todas las circunstancias". ¿Cómo? Estudiando, estableciendo y coordinado las medidas pertinentes en defensa de las competencias autonómicas en materia de sanidad que corresponden a la comunidad, según el comunicado. Por este motivo, la Consejería de Sanidad enviará mañana la adecuada contestación al Ministerio de Sanidad y, en su caso, efectuará el oportuno requerimiento oficial donde solicitará al Gobierno de España "abstenerse" de dirigir requerimientos y comunicados oficiales a una comunidad "vulneradores de su autonomía y sus competencias", recogidas en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, "al simple amparo de noticias en medios de comunicación". "Estamos hablando de políticas de medidas de natalidad y apoyo a la familia", apostilla el comunicado, en línea con las declaraciones de Fernandéz-Mañueco. Desde que se formó este gobierno de coalición, el primero entre PP y Vox, aparte de algunas pequeñas declaraciones, nunca se había generado un conflicto como este. Queda por ver si, finalmente, estas medidas se aplican y como responde el Gobierno y el ministerio.
Vox insiste en sus propuestas antiabortistas
Mientras tanto, el vicepresidente de la Junta e instigador de la polémica, Juan García-Gallardo, ha asegurado este domingo que "no temen" al Gobierno central y advierte de que no darán ni un paso atrás en la defensa de la vida, la familia y la natalidad tras el requerimiento enviado por La Moncloa. A través de su cuenta de Twitter, el líder de Vox en el gobierno autonómico, ha señalado que el Gobierno "teme que las madres tengan más información sobre su embarazo". "Lo que aún no saben es que nosotros no les tememos a ellos. Ni un paso atrás", ha espetado.