El catalán se encuentra en una situación de amenaza judicial, también en la Catalunya Nord. Hoy cuatro ayuntamientos norcatalanes, los de Elna, Portvendres, Tarerac y Els Banys se han sentado en el "banquillo de los acusados". Lo han hecho después de haber permitido que en sus plenos municipales se pudiera hablar catalán, con la debida traducción al francés. Una reforma del reglamento interno que no se ha podido elevar a la Corte Constitucional, pero sí que se ha deliberado este martes en el tribunal administrativo de Montpellier, donde elevó el caso el prefecto de los Pirineos Orientales, el hombre del presidente Emmanuel Macron. Después de una vista oral más bien corta, la decisión se hará pública en menos de un mes, en lectura pública el próximo 9 de mayo, pero la magistrada instructora ya ha señalado el camino: el artículo 2 de la Constitución francesa. Que la única "lengua de la República" es el francés. Los alcaldes ya tienen la vista puesta en Europa para encontrar la justicia que no les da Francia.
Las apelaciones a la Constitución francesa han sido los argumentos en uno y otro lado. Por el lado de la magistrada instructora y de la prefectura, es decir, del Estado francés, se han aferrado al artículo 2 de la Carta Magna, que es el que establece única y exclusivamente que "la lengua de la República es el francés", y nada más que eso. Por eso, y amparándose en varios precedentes de la Corte Constitucional, han pedido anular los artículos de los reglamentos internos. Han rebatido que el hecho de traducir al francés degrada esta lengua.
En cambio, los cuatro ayuntamientos denunciados se van hasta el artículo 75.1 del mismo texto constitucional, el que establece que "las lenguas regionales forman parte del patrimonio de Francia", y defienden que eso es lo que hacen, incorporar otras lenguas como la catalana sin afectar el francés, la "lengua de la República". El abogado de los consistorios ha considerado absurdo el argumentario del Estado: "Es como si tú quieres más al primer hijo porque es el primero".
En declaraciones a ElNacional.cat a las puertas del juzgado, su alcalde, Nicolas Garcia, no se ha mostrado muy confiado en la justicia francesa y tiene la vista puesta en la europea. No obstante, está convencido de lo que han hecho y ha denunciado que "el Estado francés hoy tiene miedo de que cuatro ayuntamientos de los Pirineos Orientales, que están muy lejos de París y muy cerca de Barcelona, hablen catalán". Y ha reivindicado la iniciativa lingüística: "No hacemos nada más que decir que, si no hablamos el catalán en los lugares públicos, ¿quién lo hará y dónde lo haremos? ¿De qué sirve?". Considera que, abriendo esta puerta, "ya hemos ganado".
Judicialización del caso
Elna fue el municipio pionero, el que puso la primera piedra. Todo empezó allí, un día que el teniente de alcalde, Pere Manzanares, intervino en catalán y los concejales de la oposición se marcharon del pleno. Después de este incidente, y de haber consultado a juristas, decidieron regularlo. De esta manera, el 21 de abril la localidad rosellonesa cambió su reglamento y se convirtió en "el primer municipio" en reconocer el uso del catalán "de forma oficial", a pesar del voto en contra de cinco concejales. Simplemente, se permitía que los concejales pudieran hacer sus intervenciones en catalán, con la condición de que fueran traducidas al francés. La respuesta del Estado francés no se hizo esperar.
El pasado septiembre, el flamante nuevo prefecto de Pirineos Orientales —y ex jefe de gabinete adjunto del presidente Emmanuel Macron—, Rodrigue Furcy, decidió llevarlo a los tribunales. El argumento del prefecto (figura equiparable a un delegado del Gobierno) se encuentra en el artículo 2 de la Constitución: "El Consejo Constitucional y los tribunales administrativos han considerado, en varias ocasiones, ilegales las deliberaciones de las asambleas deliberativas celebradas en una lengua diferente del francés. Corresponde al juez administrativo pronunciarse sobre la legalidad de la deliberación del municipio de Elna". El catalán es considerado un "elemento susceptible de dañar los principios fundamentales de la República y la jerarquía entre lengua oficial y lenguas regionales".
Financiación de Òmnium y apoyo desde el sur
Según ha avanzado la entidad a ElNacional.cat en primicia, Òmnium Cultural inicia una campaña para "garantizar la defensa jurídica de los ayuntamientos de la Catalunya Nord sometidos a proceso judicial para utilizar el catalán". Según explican desde la entidad a este diario, bajo el liderazgo de la delegación norcatalana de Òmnium Cultural, se da el pistoletazo de salida a una campaña de donativos "para pagar los gastos del proceso judicial y poder garantizar el uso del catalán de los ayuntamientos de Elna, Els Banys, Portvendres y Tarerac". Desde la organización recuerdan que son juzgados "por el simple hecho de utilizar el catalán" y por eso colaborarán activamente con recursos económicos.
Más allá de la campaña de donativos, los ayuntamientos de la Catalunya Nord también han recibido el apoyo del conjunto del independentismo, que se ha desplazado hasta el tribunal administrativo de Montpellier. En nombre de ERC lo han hecho su presidente, Oriol Junqueras y el secretario de organización, Pau Morales. Por parte de Junts per Catalunya se han acercado su presidenta Laura Borràs y el eurodiputado Lluís Puig. Y en representación de la CUP han asistido su jefa de filas en el Parlament, Dolors Sabater, y el diputado Dani Cornellà.