El impulso del catalán se ha convertido en el eje principal del primer tramo de negociaciones entre el PSOE y el bloque independentista formado por Junts per Catalunya y Esquerra Republicana. Es una de las grandes reivindicaciones del catalanismo político desde 1977. El resultado más inmediato de los acuerdos firmados este jueves es que la nueva presidenta del Congreso de los Diputados, la balear Francina Armengol, se ha comprometido a ello desde el minuto 0, tal y como expresó en el discurso de apertura de la decimoquinta legislatura española. Ahora falta ejecutar la promesa y buscar los mecanismos legales y logísticos. De hecho, Armengol y los servicios técnicos de la cámara ya trabajan al encontrar la fórmula para conseguir que, por primera vez desde la recuperación democrática, se normalice el uso ilimitado del catalán en el Congreso de los Diputados. Armengol pide tiempo, quiere negociarlo con los grupos parlamentarios y aspira a que sea posible en un hipotético debate de investidura. Y la experiencia en el Senado, a pesar de que raquítica, puede dar ideas en relación con el desafío logístico.
Tres soluciones para regular el uso del catalán
Hasta día de hoy entre las presidencias del Congreso (UCD, PP y PSOE) se ha extendido la idea de que se tiene que utilizar el castellano a las sesiones plenarias del Congreso de los Diputados. Ahora bien, en ningún punto del reglamento de la cámara -que regula su funcionamiento- se especifica que el castellano tenga que ser a la fuerza la lengua de uso en las Cortes. Como no hay ninguna mención ni ninguna prohibición expresa para utilizar una lengua cooficial, el criterio lo han establecido siempre los presidentes, que se han mostrado poco partidarios del plurilingüismo en más de 40 años de democracia.
"Como no está contemplado en el reglamento del Congreso, las presidencias siempre han interpretado que no estaba permitido [hablar en catalán]". Así de simple se muestra en declaraciones por ElNacional.cat el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona Marcel Mateu, que añade que "es una cuestión de voluntad política" teniendo en cuenta que "no hay ningún impedimento expreso". "No es que no se pudiera, es que no querían", remata.
En opinión de Mateu, hay tres vías para normalizar el uso de las tres lenguas cooficiales, al mismo nivel que el castellano. La primera es la más rápida y consiste en aplicar un cambio de interpretación del reglamento, con base en el artículo 32.2 cuando dice que "corresponde al presidente cumplir y hacer cumplir el reglamento, interpretándolo en los casos de duda." Mateu cree que Armengol se podría aferrar a este punto porque, como no está contemplado que se charle en catalán, se establece "una duda". "Hasta ahora la presidencia entendía que no se podía, ahora ha quedado claro que sí y que Meritxell Batet mentía".
La segunda opción que propone Mateu es incorporar una norma supletoria al reglamento porque se ha detectado una carencia. Para suplir la ausencia de regulación, la presidencia tiene la prerrogativa de hacer una norma provisional -que puede ser indeterminada en el tiempo- que autorice a los diputados hablar en catalán. La propuesta la tendría que aprobar la Mesa y la Junta de Portavoces, donde el bloque progresista tiene mayoría.
Para acabar, la fórmula más lenta a la vez que más sólida es reformar el reglamento, que requeriría la mayoría absoluta del pleno, demostrada este jueves. "Tan sencillo", recalca el profesor Mateu, "como reformar el artículo 6 del reglamento", que regula los derechos de los diputados. A su entender, se podría incorporar un apartado que previera la necesidad de tener unos servicios de traducción y poner los medios materiales y económicos que hicieran falta. Según Mateu, que defiende que se tendría que desplegar una ley de lenguas a todo el Estado, las tres vías "son complementarias" y "se podrían hacer desde ahora mismo".
Los impedimentos históricos del PSOE y PP con el uso del catalán
La celeridad con que Armengol quiere abordar las cuestiones lingüísticas contrasta con los hechos constatados en la anterior legislatura, cuando la ya expresidenta Meritxell Batet cortó en más de una ocasión las intervenciones de diputados independentistas que hacían sus discursos en catalán. La predecesora de Armengol les permitía hacer citas breves en catalán, pero los interrumpía cuando se alargaban demasiado alegando que el reglamento de la cámara "obliga" a los legisladores a "expresarse en la lengua de todos, que es la castellana." A la tercera advertencia, Batet les retiraba la palabra contundentemente.
El caso más paradigmático lo vimos en junio de 2022 durante el debate para impulsar una reforma del reglamento, que tenía el objetivo de extender el uso del catalán al pleno del Congreso. Aquel día Batet expulsó de la tribuna a los portavoces de ERC, Junts, la CUP para hablar en catalán en la defensa del texto. Para más inri, el PSOE se alió con el bloque de la derecha, vetó las lenguas cooficiales y rechazó tramitar la reforma motivada por partidos independentistas, soberanistas y Unidas Podemos. Los socialistas argumentaron que el catalán ya se podía utilizar en el Senado.
En su forma de actuar de permitir una breve cita en catalán, Batet se inspiraba en el expresidente socialista Manuel Marín, que en el 2005 autorizó que se hablara catalán en intervenciones breves y siempre que hubiera traducción oral inmediata al castellano. "Puede parecer exótico y ridículo hoy en día, pero en aquel momento nos pareció un progreso porque hasta el momento el manual de instrucciones [del PP y del PSOE] era retirar automáticamente la palabra al diputado que hablara otro idioma". Hace memoria en conversación con ElNacional.cat Jordi Xuclà, exdiputado por Convergència y Unió y el PDeCAT entre 2004 y 2019:
"Era un pacto tácito de 3 o 4 líneas. Tenías que hacer la cita en catalán, decirla de inmediato en castellano y, al bajar de la tribuna, tenías que entregar el papel de lo que habías dicho en catalán a las taquígrafas, que lo incorporaban al diario de sesiones," afirma Xuclà, que recuerda que el pacto se mantuvo en las siguientes legislaturas. "Ver a un presidente con los auriculares puestos es una imagen muy potente", dice Xuclà sobre la propuesta de Armengol.
La experiencia en el Senado: limitada y con traducción simultánea
La prohibición histórica del Congreso tiene el contrapunto del Senado, que permite el uso de las lenguas cooficiales, aunque en contadas ocasiones y gracias a la traducción simultánea a través de auriculares. Se permite su uso desde el 2005 en las comisiones de las Comunidades Autónomas y, en la última reforma del reglamento del 2011, se ampliaron los supuestos tímidamente: también se pueden expresar en catalán en las mociones y en las mociones consecuencia de interpelación. Ahora bien, el castellano se tiene que utilizar para el grueso de la actividad en el Senado, que es el que tiene un peso legislativo más importante. No se puede utilizar en el debate de leyes que llegan a la cámara alta ni para interpelar en el gobierno a las sesiones de control ni en las comparecencias del presidente del ejecutivo.
Para revertirlo, Junts per Catalunya mantenía viva una propuesta para reformar el reglamento y equiparar el castellano a las lenguas cooficiales a la vida diaria en el Senado. La defendía el exsenador Josep Lluís Cleries, pero la disolución abrupta de las Cortes la ha hecho descarrilar. Los juntaires se habían quejado del "filibusterismo parlamentario" del PSOE, que había solicitado ampliar el plazo de enmiendas 51 veces y eso, decían, estaba eternizando su tramitación. Con la mayoría absoluta del PP en el Senado se hace difícil pensar que esta propuesta pueda resucitar.
Aunque el PSOE -que controlaba el Senado en la pasada legislatura- se había comprometido a ampliar la utilización, la portavoz socialista, la catalana Eva Granados, rechazó normalizar el catalán en las sesiones de control alegando que "la inmediatez del debate en el parlamentarismo es esencial". "Cuando hay una interpelación, un debate vivo, tenemos una lengua que nos une y que nos permite esta inmediatez que hay en el parlamentarismo", aseguró en noviembre de 2022 en una entrevista en Europa Press.
Con base en el margen del reglamento del Senado, todos los senadores tienen a su disposición unos auriculares para escuchar la traducción automática. Por eso la cámara alta se ha dotado de una bolsa de 25 intérpretes que son requeridos en función de la actividad legislativa y que tiene un coste aproximado de 350.000 euros anuales. En cada pleno trabajan siete intérpretes trabajando (dos de catalán, dos de euskera, dos de gallego y uno valenciano). De hecho, la distinción entre catalán y valenciano se huele como uno de los conflictos para la aplicación de las lenguas en el Congreso. Armengol ha defendido la unidad lingüística y el gobierno del PP y Vox de la Generalitat valenciana ya ha adelantado que se plantean pedir también la oficialidad del valenciano en la Unión Europea. En la práctica, los senadores catalanes explican que utilizan su idioma en "prácticamente todos los plenos". Lo cuenta a ElNacional.cat la senadora de ERC Sara Bailac, aunque reconoce que para "cuestiones de menos peso político e institucional", como las mociones. Bailac asegura que, a pesar de la traducción instantánea de los intérpretes, "es habitual ver que no todos los senadores se ponen los auriculares".