Las Islas Baleares están a punto de aprobar una nueva legislación que sitúa el catalán como la principal lengua en los estudios que se impartan en este territorio. En este sentido, la nueva normativa retira la palabra vehicular del texto y define el catalán como "lengua de enseñanza y aprendizaje", una categoría que también tienen el castellano u otros idiomas extranjeros.
Ahora bien, con respecto a estas lenguas y el catalán hay una gran diferencia, según informa el diario El Mundo, ya que la legislación establece "la lengua catalana, propia de las Islas Baleares". Por eso, determina que sea "la lengua vertebradora de la enseñanza" en los centros educativos, es decir, el idioma con el cual se impartan las clases.
El castellano
En el caso del castellano y los idiomas extranjeros son definidos como "lengua de enseñanza y aprendizaje", por lo cual habrá asignaturas al respecto, pero como no son "vertebradoras" no será el idioma con el cual se darán las lecciones. Así pues, son contenidos curriculares, pero no lingüísticos.
Desde 1997, en esta autonomía rige lo que se conoce como una "ley de mínimos", aprobada con el gobierno popular de Jaume Matas, que obliga a que el 50% de los estudios se impartan en catalán. Ahora bien, esta nueva legislación prevé que este idioma se utilice en el 100% de la enseñanza, lo que ya pasa de facto en muchas escuelas públicas. Eso sería una inmersión lingüística parecida a la que ya existe en Catalunya.
La actual ley se aprobará con el apoyo del gobierno de coalición entre el PSOE, Podemos y Més Balears. En el caso concreto de esta normativa, se ha confeccionado desde la conselleria de Educació y Formació Professional, que está en manos del socialista Martí Xavier March.
Esta legislación, que se prevé aprobar en los próximos días, viene precedida por la Ley Celaá, que se aprobó el 23 de diciembre del 2020 en el Senado. Esta normativa, que pactó al PSOE con ERC, también retiraba la referencia al castellano como lengua vehicular. Además, manifiesta que las administraciones educativas establecerán la proporción del uso de la lengua castellana y de las lenguas cooficiales como lengua vehicular. De la misma manera, también pactaron que la ley impidiera que las escuelas concertadas pudieran segregar a los alumnos por sexo si querían conservar los conciertos públicos.