Nadie será expulsado este martes del Congreso de los Diputados por hablar catalán. La cámara baja celebra este martes un pleno para aprobar de forma exprés una reforma del reglamento que permita utilizar las lenguas cooficiales del Estado junto con el castellano. Se hará por la vía rápida, para examinar la proposición y aprobarla en 48 horas: el jueves, si no hay ninguna sorpresa, el Congreso iniciará una nueva etapa en la cual el catalán, el aranés, el vasco y el gallego podrán ser tratados de la misma manera que el castellano. Se podrán, incluso, presentar escritos en estas lenguas. Este proceso de normalización, sin embargo, contará con la oposición del PP, un partido que el fin de semana se manifestará contra una posible ley de amnistía.
La mayoría progresista de la Mesa del Congreso llegó la semana pasada a un acuerdo para que en este mismo pleno del martes ya se pueda hacer uso de cualquiera de estas lenguas de forma oral. Si lo quieren, además, los diputados también podrán hacer uso de lenguas como el asturiano, que no son oficiales, pero sí que se consideran parte del patrimonio del Estado. Pero, en estos casos, el diputado tendrá que hacer una "autotraducción al castellano", tal como informan fuentes de la presidencia de la cámara baja. ¿Por qué se podrá hablar en estas lenguas, si el reglamento todavía no se habrá reformado? Porque el reglamento actual, de hecho, no prohíbe hablar catalán. Pero, por tradición, las Mesas de esta cámara han prohibido su uso; también las que han sido presididas por el PSOE.
No es que los socialistas hayan cambiado de opinión de la noche a la mañana. Ha sido uno de los compromisos de Francina Armengol con el independentismo para que Esquerra Republicana y Junts per Catalunya votaran a favor de su candidatura para presidir el Congreso. Este cambio del reglamento ha sido impulsado por ERC, y la formación liderada en Madrid por Míriam Nogueras lo exigió como condición sine qua non para investir a Armengol como presidenta de la cámara.
Ofensiva del PP contra el catalán y la amnistía
El PP, sin embargo, volverá a hacer de las suyas este martes. A pesar de reiterar que el partido no tiene ningún problema con las lenguas cooficiales de los diversos territorios del estado español, ya ha presentado un escrito de reconsideración a la Mesa, que tendrá que resolver este mismo martes a las diez de la mañana, un rato antes de que se celebre el Pleno. Se prevé que, a causa de la mayoría progresista de este organismo, el escrito no tenga ningún recorrido y en los minutos posteriores el Congreso pueda empezar a tramitar la reforma del reglamento.
Este lunes, el portavoz del PP, Borja Sémper, ha faltado duramente al respecto la normalización lingüística, y en rueda de prensa ha asegurado que los populares mantendrán la utilización del castellano en el Pleno del martes. "No haremos el canelo ni cosas extrañas", ha manifestado cuando ha tratado esta cuestión, para asegurar que su partido político quiere "hablar a los españoles" e intentar que el Congreso "vuelva a ser un lugar donde los debates sean edificantes y que se hable otra vez de las cosas que interesan a los ciudadanos". Además, fuentes de los populares reiteran que el partido estudia si puede recurrir a la justicia española todo este proceso de normalización lingüística en la cámara baja, con el argumento de que las lenguas cooficiales solo son oficiales en esos territorios en los que son lengua propia; y eso en Madrid no es así.
Esta persecución al catalán, el vasco y el gallego (y también al aranés) tendrá lugar, además, en una semana que acabará con una manifestación ultra convocada por el PP en Madrid. Será una concentración para protestar contra la posibilidad que el PSOE llegue a un acuerdo con Esquerra Republicana y Junts per Catalunya y saque de esta manera adelante una ley de amnistía. El primero a levantarse contra esta posibilidad fue el expresidente del Gobierno José María Aznar. La derecha mediática madrileña abrazó la llamada a la movilización, y el PP de Alberto Núñez Feijóo se vio obligado a convocar su propia movilización. Se producirá, además, cuando solo queden 48 horas para que se celebre el debate de investidura del líder popular como presidente del Gobierno.
Auriculares, transmisores y traductores
Dicho esto, ¿cómo funcionará el primer debate al Congreso con normalización de las lenguas cooficiales? Este martes se habilitará un sistema de traducción simultánea que empieza a funcionar con un equipo de seis intérpretes homologados y 650 auriculares que estarán a disposición de los diputados que los pidan. Aparte, las dos pantallas gigantes que ya se encuentran en el hemiciclo ofrecerán subtítulos en castellano.
Fuentes de la presidencia del Congreso indican que el gasto total en auriculares ascenderá —IVA incluido— hasta los 7.600 euros. A esta cifra se le tiene que sumar el coste del alquiler y mantenimiento de los aparatos que reciben la señal de la traducción simultánea: unos 45.900 euros hasta que acabe el año. La cámara baja tiene la intención de comprar sus propios aparatos en un futuro. Así, los traductores que trabajen en estos plenos cobrarán en torno a unos 90 euros la hora. Estos traductores, que son autónomos, trabajarán a distancia. Como no se encontrarán físicamente en el Congreso, habrá un retraso en la traducción que se calcula que no superará los cuatro segundos.
El catalán se examina en Madrid y Bruselas
Este martes, los ojos no tienen que estar solo fijados en Madrid. También habrá que estar pendiente de lo que pasa en Bruselas. El Consejo de Asuntos Generales del Consejo de la Unión Europea debatirá la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE. Las quinielas no auguran un buen pronóstico, sobre todo después de las reticencias públicas expresadas por Suecia y Finlandia. El Gobierno necesita —al menos de cara a la galería— demostrar que lucha de lo lindo la oficialidad de estas tres lenguas, ya que fue uno de los reclamos de Junts per Catalunya para votar a favor de colocar a Francina Armengol como presidenta del Congreso.