El catalán seguirá siendo excluido de la página oficial de la Unión Europea en el futuro. Así lo establecen dos normas publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 1 de diciembre del 2021, que regulan "normas detalladas sobre el funcionamiento del portal web". Las dos disposiciones indican que la información en la web tendrá que estar disponible "en las lenguas oficiales de los estados miembros", así como en "ruso, árabe, japonés, chino, albanés, bosnio, macedonio, hindi y turco". De la misma manera, las informaciones adicionales que se enviarán a través de correo electrónico también estarán disponibles en estos idiomas. Según detalla Plataforma per la Llengua, la negativa de las instituciones españolas de hacer que el catalán sea oficial internamente y de solicitar la oficialidad en la Unión Europea tiene el efecto de que la normativa europea crea toda clase de situaciones de discriminación para los catalanohablantes.
Nuevo reglamento interno
El 30 de diciembre apareció en el BOE un nuevo reglamento interno del Comité Europeo de las Regiones, en el cual están representados los gobiernos regionales, que establecía una serie de garantías para que las delegaciones de cada estado pudieran utilizar la lengua oficial de su estado en los debates y recibir la información, las órdenes del día, las propuestas de resolución y las solicitudes de elaboración de las resoluciones. La norma preveía la posibilidad de que en los debates se pudieran usar "las lenguas a las que se haya reconocido esta posibilidad en virtud de acuerdos administrativos celebrados por el Comité con los distintos estados miembros", la posición de partida es desfavorable para el catalán porque esta posibilidad queda en manos de la voluntad de los estados.
Las normas europeas que contienen previsiones lingüísticamente discriminatorias son solo una parte del total de aquellas que aparecen en el BOE. Las instituciones generales del Estado español aprueban regularmente normas que sitúan el castellano en detrimento del catalán. Eso lo podemos ver en la Constitución, que da al castellano, la lengua de una parte de la ciudadanía española, la calidad de lengua oficial del Estado e impone su conocimiento a todos los ciudadanos, mientras que los otros idiomas autóctonos únicamente pueden ser oficiales en sus territorios tradicionales y si lo prevén normas específicas, concretamente los estatutos de autonomía. Por otra parte, el Tribunal Constitucional español ha dicho que estos segundos idiomas no pueden ser de conocimiento obligado para el conjunto de la población.
Disposiciones discriminatorias
Las autoridades portuarias son organismos públicos que dependen del Ministerio de Fomento español y que dirigen la actividad de uno o más puertos. Durante el mes de octubre, la Autoridad Portuaria de Baleares, la de Valencia y la de Alicante emitieron hasta 7 resoluciones que blindaban el castellano y relegaban el catalán a los puertos de Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa, La Savina, València, Sagunto, Gandia y Alacant. Las resoluciones de las autoridades portuarias eran de dos clases. La primera comprendía las resoluciones que regulaban los servicios de recepción de detritus y hacía dos exigencias: los candidatos a prestar el servicio tenían que enviar la documentación emitida fuera del Estado español traducida en castellano y los contenedores de detritus tenían que presentar las indicaciones "en español e inglés”. La segunda clase comprendía las resoluciones que regulaban el servicio de practicaje y el servicio de amarre y desamarre; hacía la misma exigencia de traducir la documentación y añadía la obligación de que los trabajadores acreditaran el conocimiento del castellano. En conjunto, estas resoluciones implicaban una imposición gubernativa porque los servicios de los puertos del dominio lingüístico catalán funcionaran en castellano. El último tramo del 2021 se cerró con un récord de 72 nuevas normas que discriminan a los catalanohablantes en sus territorios tradicionales, algunas de las cuales aprobaron directamente las instituciones generales españolas, las europeas y las Naciones Unidas.