Tarde, pero efectivo. Una semana después de la difusión del espionaje masivo al independentismo catalán, a través de la investigación Catalan Gate del grupo Citizen Lab de la universidad de Toronto, el pleno del Consejo General de la Abogacía Española, ha emitido hoy un comunicado en el cual rechaza "por unanimidad" cualquier posible intervención de las comunicaciones de los abogados y abogadas en el ejercicio de su profesión. El pleno del Consejo de la Advocacia Catalana reaccionó antes, al día siguiente del estallido de la denuncia, el Lunes de Pascua, en el cual daba apoyo a los abogados afectados, Gonzalo Boye, Andreu Van den Eynde, Jaume Alonso Cuevillas, Oriol Sagrera y Quim Jubert, infectados por el software Pegasus, de la empresa NSO, y del cual el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la ministra de Defensa han admitido la autoría del espionaje en 18 de los 65 afectados. "Gracias, compañeros", han tuiteado este mediodía Boye i Van den Eynde.
En el comunicado, el Consejo de la Abogacía informa que en la reunión de hoy ha acordado expresar este rechazo de las intervenciones de las comunicaciones de los abogados en su ejercicio, ya que es "la salvaguardia del derecho fundamental de defensa" y manifiesta "su preocupación ante la información aparecida en varios medios de comunicación, por si la presunta utilización de los medios tecnológicos pudieran haber afectado el derecho y deber del secreto profesional". La asociación Drets también mostró su apoyo a los compañeros espiados.
Por su parte, la Advovacia Catalana, en su comunicado del 19 de abril pasado, era más contundente y exigía "inmediatas explicaciones públicas al Gobierno, por el hecho que puede representar una grave invasión de derechos fundamentales y una intolerable afectación del derecho de defensa y del deber de secreto profesional de los abogados y abogadas afectadas".
El juez Garzón
Precisamente, dos de los abogados espiados, Boye y Van den Eynde, han participado este mediodía junto con los también penalistas Benet Salellas y Antoni Abat, en un debate, en el cual han explicado contra quién dirigirán las querellas de los afectados, en un acto en la Universidad de Barcelona (UB). Salellas, que lleva las acusaciones de Òmnium y la CUP, ha avanzado que la querella irá dirigida contra la empresa israelí NSO, como persona jurídica, y que también pedirán al juez de Barcelona que ya tiene abierta una causa por Pegasus, que "investigue" "todas las agencias gubernamentales españolas", refiriéndose a la Guardia Civil y a la policía española, además del CNI. El hecho de que la empresa NSO tenga una sede en Luxemburgo da esperanzas que haya mayor colaboración judicial, ya que el titular del juzgado de instrucción 32 de Barcelona, todavía espera una respuesta sobre la comisión rogatoria que envió a Israel sobre NSO, el octubre del 2020. Desde la prensa española se ha publicado que las investigaciones del CNI a independentistas catalanes tenían autorización judicial.
En este sentido, Salellas ha recordado que en el 2012 el Tribunal Supremo dictó que "determinadas autorizaciones judiciales pueden ser delictivas", haciendo referencia a la condena del entonces juez Baltasar Garzón por haber autorizado espiar abogados de los investigados por el caso Gürtel. Por su parte, Gonzalo Boye ha detallado que los abogados espiados como él y Van den Eynde tienen inmunidad a nivel europeo, ya que tienen causas de los independentistas catalanes. I Andreu Van den Eynde ha concluido: "La vulneración del derecho defensa no se puede justificar."