Los abogados de los líderes independentistas espiados con el sistema Pegasus reclamarán al juez que investigue diferentes agencias gubernamentales por estos seguimientos, no solamente el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), sobre el cual se han proyectado hasta ahora las responsabilidades, sino también la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía (CNP). El abogado Benet Salellas, responsable de la acusación de los afectados de Òmnium y la CUP, ha concretado durante un acto organizado en la Universidad de Barcelona (UB) que presentarán las querellas ante el juzgado de instrucción 32 de Barcelona, que es el que mantiene abierta una investigación por el espionaje al expresidente del Parlament Roger Torrent y el diputado republicano Ernest Maragall.
Salellas ha subrayado que todos los indicios demuestran la colaboración de estas agencias con el espionaje. Ha recordado que algunos SMS tenían información de la cual sólo disponen las agencias españolas y que el CNI ha admitido que dispone del programa Pegasus. "Hay un deber de investigación por parte de las autoridades españolas", ha advertido. La empresa israelí responsable del software espía, NSO, tiene una delegación en Luxemburgo, lo cual, en opinión del abogado, tiene que servir para facilitar la colaboración entre la justicia española y la europea. De hecho, hace un año y medio que el juez de Barcelona que investiga el caso espera una respuesta de Israel sobre NSO.
Por lo que respecta a la imputación como persona jurídica contra NSO -más allá que después se demuestre que hay implicadas personas físicas-, ha recordado que en California esta empresa argumentó que antes de vender el producto se hace un estudio sobre el gobierno que lo tiene que comprar, y también un control posterior de su uso correcto, que puede llevar a revocar permisos. "Pediremos imputar a NSO o bien una falta de diligencia debida, o bien falta de control y vigilancia", ha concretado. Igualmente, ha advertido sobre la "colaboración necesaria" de la empresa, dado que los datos transitaran por un servidor de NSO antes de llegar al gobierno.
Salellas ha expuesto diferentes argumentos de la acusación. En opinión de los abogado, que recuerdan que Pegasus está diseñado para luchar contra terrorismo y crimen organizado, es imposible relacionar desde una perspectiva lógica y homologable con criterios internacionales la actividad de Tsunami con violencia. Asimismo, ha recordado que el juez Baltasar Garzón fue condenado por haber escuchado a los abogados de la trama Gürtel, prácticas que se atribuyeron a regímenes totalitarios, con lo cual el mismo Tribunal Supremo dejó claro que determinadas actuaciones judiciales pueden ser susceptible de ser consideradas delito. "El debate no es si hay autorización judicial, sino si hay justificación", ha remachado argumentando que es imposible explicar el espionaje a políticos y abogados dentro del Estado de derecho.
El delito de Robles
Las palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, justificando el espionaje masivo contra el independentismo se han convertido en una de las claves del acto. De hecho, según el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, tendrán consecuencias jurídicas fuera del Estado español. "Más de un juez pensará que eso es delito, por una sencilla razón, porque lo es. Es un delito de manual, que da poco margen a la interpretación. La gravedad de los hechos es importante", ha advertido al abogado.
Boye ha sido uno de los abogados afectados por el espionaje, al igual que Andreu Van den Eynde, abogado de Junqueras y de los dirigentes republicanos, el cual ha destacado que tienen una inmunidad como defensores que ha sido violentados por los autores de este espionaje y ahora mismo sólo se puede pensar que la ministra ha asumido la responsabilidad. "Somos profesionales, estamos amparados por derecho, y la vulneración de este privilegio es muy difícil que se pueda explicar", ha remachado.
El abogado de Junqueras ha explicado el funcionamiento de Pegasus, como ciber arma de espionaje masivo, que realiza una monitorización total de las aplicaciones del móvil, y puede actuar sobre el dispositivo "plantando pruebas", haciendo llamadas en nombre de la persona infectada o enviando mensajes. NSO habría proporcionado a sus clientes, en este caso el CNI, un servidor que estaría a su disposición para utilizar la información que deseen.
Actuación contra Pegasus
El abogado ha detallado las tres patas de la actuación que llevarán a cabo para denunciar Pegasus: ha explicado que el objetivo es trabajar para presionar técnicamente que se haga la investigación -en este sentido, ha recordado que ya hay una "buena investigación técnica" de Citizen Lab que demuestra que se ha espiado-; hay también una parte jurídica, y reclama una parte política para que los órganos responsables no se puedan "escapar". El abogado considera que ya ha habido "un punto de inflexión" en este tema, porque acaba de empezar una investigación en el Parlamento Europeo, mientras que los EE.UU. han puesto a la lista negra a NSO.
En este punto, Boye ha subrayado el hecho de que numerosos periodistas han sido también espiados a través de los contactos que han mantenido por teléfono con los infectados. "El espionaje por definición es ilegal. Aquí ha habido espionaje, no investigación de hechos delictivos," ha advertido.
Explica la represión
Salellas ha reclamado que el CatalanGate, donde se ha atacado a ciudadanos, políticos o periodistas, tiene que servir para "intentar dar la vuelta" a la defensa internacional de la represión contra el independentismo y denunciar la "situación de vulneraciones del Estado de derecho que se produce al Estado español". "El CatalanGate nos da la oportunidad de explicar fuera cuál es la diana y el objetivo del Estado español. Perimetra muy bien cuál es el objetivo del Estado español. No son sólo políticos, no es sólo la sociedad civil, sino también contra abogados, ingenieros... Lo único en común es la voluntad de participar, colaborar en la defensa del movimiento independentista. Quizás nos da una oportunidad de definir la represión en esta causa general contra el independentismo", insistiendo en la intervención de las agencias estatales para "dibujar fuera del drama jurídico"
Boye ha destacado que al igual que el Watergate fue un ataque directo a la democracia en los Estados Unidos, el CatalanGate "es el símbolo más claro de ataque a la democracia y vulnerando los derechos de los catalanes". Ha advertido que cuando la ministra da por hecho que ante el independentismo se tenía que cometer delitos, la respuesta "es perversa y peligrosa", y ha reclamado a Robles: "dónde puso los límites de los delitos que estaban dispuestos a a cometer?".
Antoni Abat, abogado de los espiados de la ANC, ha reprochado que hay una persecución ideológica contra el independentismo, que se han vulnera derechos fundamentales esenciales.
Al acto han asistido el presidente de Òmnium, Xavier Antich, y la presidente de la Assemblea, Elisenda Paluzie, así como algunos de los dirigentes políticos afectados por el espionaje, como la eurodiputada y esposa de Raül Romeva, Diana Riba.