Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del presidente Carles Puigdemont, y uno de los espiados en el caso denominado CatalanGate, se ha manifestado este lunes en su cuenta de Twitter y ha sido muy crítico con el gobierno de Pedro Sánchez. En el tuit, Alay cita un hilo de uno de los investigadores de la organización Citizen Lab, donde se pregunta: ¿"Qué gobierno hay detrás del CatalanGate? Bien no lo estamos atribuyendo a un gobierno específico... pero hay evidencias sustanciales que sugieren un nexo de unión con el gobierno de España". ¿Ante esta afirmación por parte de uno de los investigadores, Alay expresa su indignación y se pregunta ¿"no tenéis bastantes razones todavía para hacer caer el Gobierno corrupto de Pedro Sánchez"?

El presidente Carles Puigdemont no está dentro de esta lista de 65 personas que han sido espiadas por el programa israelí de espionaje Pegasus contra los líderes independentistas catalanes. El hecho de que Puigdemont tenga un teléfono Android dificulta la certificación de que su teléfono haya sido infectado por el programa Pegasus, cosa que no pasa con los Iphone. "Nuestras herramientas forenses para detectar Pegasus están mucho más desarrolladas para dispositivos iOS", asegura el mismo informe de Citizen Lab. La organización apunta que para llegar a Puigdemont se atacaron los dispositivos de hasta once personas del entorno del presidente, como su esposa, Marcela Topor; el abogado Gonzalo Boye; el director de la oficina del presidente, Josep Lluís Alay, o el actual diputado de JxCat y persona próxima a Puigdemont, Josep Rius.

El Gobierno se desvincula

El Ministerio del Interior se ha desvinculado del espionaje a políticos catalanes destapado este lunes por el The New Yorker. Fuentes del departamento de Fernando Grande-Marlaska insisten en que "ni el Ministerio, ni la Policía Nacional, ni la Guardia Civil han tenido nunca ninguna relación con la empresa NSO y, por lo tanto, nunca han contratado ninguno de sus servicios". El Ministerio del Interior ya negó tener ninguna vinculación con la empresa israelí creadora del software Pegasus cuando en el 2020 se destapó el espionaje al expresidente del Parlamento Roger Torrent. Las mismas fuentes "recuerdan" que ni Interior ni las fuerzas de seguridad españolas han contratado NSO, aunque, Citizen Lab, en su investigación, sugiere que hay evidencias que indican un "fuerte nexo" del espionaje con "unas o más entidades del Gobierno". Citzen Lab cita en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) -adscrito al Ministerio de Defensa- como cliente de NSO y al Ministerio del Interior como poseedor de "capacidades similares". "Consideramos improbable que un cliente de Pegasus no español haga una operación tan extensiva en España", dice la organización.

Investigación independiente

Amnistía Internacional (AY) ha pedido al estado español que haga una investigación "exhaustiva e independiente" sobre el uso que hace del software espía Pegasus. "El gobierno tiene que aclarar si es o no cliente del grupo NSO", ha subrayado en un comunicado. En octubre del 2019, la ONG pidió información al ministerio de Defensa sobre el uso de este programa en el Centro Nacional de Inteligencia, pero este no respondió alegando que se trataba de información "dentro de materias clasificadas". AY también lamenta que las instituciones de la UE no están consiguiendo poner fin "a las violaciones rampantes" de los derechos humanos cometidos por el software espía israelí Pegasus. En este sentido, ha insistido en pedir en la UE que actúe para acabar "con este abuso". Amnistía Internacional, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, ha documentado anteriormente el uso generalizado e ilegal del software espía contra activistas políticos y periodistas de todo el mundo.