Después de una semana marcada por el escándalo por el espionaje contra independentistas revelada por The New Yorker, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la consellera Laura Vilagrà han mantenido esta mañana una reunión en el palacio de la Generalitat ante la exigencia del ejecutivo catalán que reclamaba explicaciones. El ministro ha anunciado la apertura de un control interno dentro del CNI a petición del mismo Centro de Inteligencia, así como la constitución de manera inmediata de la comisión de secretos oficiales y la garantia de la "plena cooperación del gobierno con la justicia". La respuesta del ministro no ha satisfecho a la consellera, que ha valorado negativamente el encuentro y ha advertido de consecuencias graves, si no se aclara el asunto.

La reunión, que ha empezado con tres cuartos de hora de retraso, ha durado más de dos horas. Por exigencia de la consellera, se ha hecho sin móviles encima de la mesa. El ministro ha comparecido al acabar ante la prensa, pero sólo ha aceptado tres preguntas. Ha asegurado que las instituciones españolas actúan dentro de la legalidad y que el Gobierno comprende la preocupación de los afectados, que el Gobierno tiene "la conciencia tranquila y nada que esconder".

 

Bolaños ha mostrado la confianza en que la comisión de secretos oficiales se constituya tan pronto como sea posible. "Es allí donde realmente la directora del CNI u otras personas pueden dar información y que los portavoces de todos los grupos puedan tener acceso", ha explicado. El ministro ha asegurado que ya han iniciado los contactos con los grupos para constituir la comisión y que tendrán que estar representados todos los grupos sin excepción. Ha subrayado que no hay ninguna figura que pueda sustituir a este control del Parlamento, ejerciendo sus derechos a la información.

Aparte, del control interno que ha anunciado dentro del CNI, el ministro ha garantizado la plena disposición del CNI para colaborar con las actuaciones que iniciará el defensor del Pueblo para aclarar estos hechos, así como la total disposición del gobierno a colaborar con la justicia, desclasificando documentación, si hace falta, para proyectar luz a la situación.

"Nuestro objetivo es aclarar los hechos, que la ciudadanía quede tranquila, de que tenemos un Estado de derecho que funciona. El esclarecimiento de los hechos tiene que ser un trabajo prioritario y urgente", ha remachado. El ministro no ha ido más allá en sus explicaciones. Ha insistido eso sí, en la voluntad de diálogo del Gobierno y a asegurar que "la Catalunya de hoy es muy diferente a la del 2017" y que eso, según ha insistido, es gracias al ejecutivo español y, en particular, a Pedro Sánchez.

El jueves pasado el president, Pere Aragonès, exigió al Gobierno, después de reunirse con los grupos parlamentarios afectados por el espionaje que alguien asuma responsabilidades por este espionaje. No obstante, el ministro ha evitado hablar de dimisiones y se ha limitado a remitirse a la investigación interna en el CNI y en el trabajo en el Congreso.

El escándalo estalló el lunes cuando The New Yorker publicó un reportaje sobre el espionaje de Pegasus al independentismo a partir de un informe del centro de investigación canadiense Citizen Lab.