Ayer Gabriel Rufián envió un primer aviso a Pedro Sánchez durante la sesión de control: "Vaya pidiendo el teléfono al señor Casero". Hoy, antes de entrar en el hemiciclo, el portavoz republicano ha optado por el sarcasmo cuando le han preguntado por el sentido de su voto: "Lo sabe el CNI". Al final no ha hecho falta el voto del diputado del PP que se equivocó en la votación de la reforma laboral, pero el Gobierno ha tenido que aprobar el decreto anticrisis por la guerra de Ucrania in extremis y por la mínima, gracias a los votos de EH Bildu, el PDeCAT o el BNG, que han priorizado la "responsabilidad". En cambio, el resto de formaciones independentistas, ERC, Junts y la CUP, han votado en contra. Los puentes están rotos por el CatalanGate, la ministra Margarita Robles y el inmovilismo de La Moncloa. Los republicanos han lanzado hoy un "primer aviso" para lo que queda de legislatura.
El decreto contemplaba medidas para hacer frente a la subida de precios, como la rebaja de al menos veinte céntimos por litro de gasolina para todos los usuarios o las ayudas directas a varios sectores, como los transportistas, los agricultores o los ganaderos. Y parecía que se tenía que aprobar plácidamente, porque con matices la mayoría de aliados parlamentarios, incluyendo ERC, veían el decreto con buenos ojos. Hasta que ha estallado el escándalo de espionaje masivo al independentismo sin una respuesta suficiente del Gobierno.
Se ha reflejado en el marcador final: 176 votos a favor, 172 en contra y una abstención. A favor lo han hecho 120 del PSOE, 33 de Unidas Podemos, seis del PNV, cinco de EH Bildu, dos de Más País, uno de Compromiso, uno del BNG, uno de Nueva Canarias, uno de Teruel Existe, uno del PRC y la diputada Meri Pita, escindida de Podemos. La diputada de Coalición Canaria se ha abstenido. El resto, desde el PP hasta los independentistas, han votado en contra.
El ministro Félix Bolaños no ha ofrecido nada. En su defensa del decreto, se ha limitado a advertir que votar en contra del decreto es votar contra los ciudadanos: "¿Quién de ustedes quiere subir la gasolina a los ciudadanos? ¿Alguien quiere que la factura de la luz mañana sea más cara? ¿Que se suba el alquiler un 3%? ¿Sacar ayudas directas a transportistas o ganaderos? Entonces es incomprensible votar que no a este real decreto ley". Lo mismo ha hecho la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, que ha asegurado que "quien se oponga deberá explicarlo".
El independentismo no ha caído. En su intervención ante el pleno, la diputada republicana Montse Bassa ha recurrido al sarcasmo: "Si quieren conocer qué pensamos o qué votaremos en el decreto pregunten al CNI o a la ministra Robles". Míriam Nogueras, de Junts, ha asegurado que "el independentismo no puede regalar estabilidad a un gobierno que nos espía" y ha reclamado "que se acabe ya el diálogo ficticio con esta gente que ni nos quiere ni nos respeta". Y el cupero Albert Botran ha defendido que La Moncloa "no merece el voto de los independentistas ni de ningún grupo que quiera esclarecer el origen de este ataque a los derechos democráticos".
Negociación infructuosa
El Gobierno no ha conseguido los votos necesarios hasta que ha empezado el pleno, cuando EH Bildu ha anunciado que lo facilitaban por el contenido de las medidas. Durante los últimos días no han parado de sonar a los teléfonos. Ayer mismo, en los despachos del Congreso, el portavoz republicano Gabriel Rufián se reunió con el ministro Félix Bolaños durante media hora, pero no vieron ningún tipo de avance más allá de la comisión de secretos oficiales y el "control interno" hecho por el mismo CNI. Las palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, justificando el espionaje al independentismo sólo fueron la gota que colmó el vaso de los partidos independentistas, incluyendo la formación presidida por Oriol Junqueras.
Ante este portazo de los republicanos, el Gobierno intentó buscar la abstención del nuevo PP de Feijóo, abriéndose incluso a la tramitación del decreto como proyecto de ley. Al final los populares tampoco se han puesto bien, viendo como no se aceptaba ninguna de sus medidas.
En el comunicado difundido este jueves por la mañana por ERC, los republicanos aseguran que este es sólo un "primer aviso" al Gobierno para lo que queda de legislatura. El mismo Gabriel Rufián ha advertido que "el PSOE vuelve a jugar a la ruleta rusa". Y fuentes republicanas recuerdan que importantes iniciativas legislativas, como la ley de memoria democrática o la derogación de la ley mordaza, sigue hoy en el aire. El Gobierno espera poder "reconducir" esta relación.