El Govern de la Generalitat ha denunciado de nuevo esta mañana que, después de ocho días, el ejecutivo de Pedro Sanchez sigue sin dar respuesta ante el espionaje de que han sido objeto por parte del Estado 65 personas vinculadas al independentismo. Por esta razón, el Consell Executiu ha aprobado emprender todas las acciones jurídicas y políticas a su alcance para llegar al final, por todas las vías y en todas las instancias competentes. Asimismo ha acordado restringir al mínimo imprescindible las relaciones con el Gobierno. "Hace falta saber quién y cómo ordenó y permitió estas escuchas y espionaje masivo y que se asuman las consecuencias", ha reclamado la portavoz, Patricia Plaja, ante lo que constituye un ataque gravísimo a los derechos fundamentales.
El president, Pere Aragonès, reclamó una entrevista cara a cara con el presidente español al estallar el escándalo. Aragonés intercambió mensajes con Sánchez con ese objetivo, pero la respuesta del gobierno español fue la reunión que mantuvieron este domingo el ministro de Presidencia, Félix Bolaño, con la consejera Laura Vilagrà. Este encuentro fue considerado insuficiente por el Govern. Tras analizar la situación durante la reunión del Consell Executiu, la portavoz ha salido a denunciar de nuevo el silencio del gobierno del Estado.
Plaja ha explicado que las fórmulas jurídicas que se aplicarán están en manos de los servicios jurídicos de la Generalitat. Por lo que respecta a las relaciones con el Estado, hasta que se hayan depurado responsabilidades y se garantice que no se volverá a repetir una situación como esta "sólo se mantendrán aquellas imprescindibles, necesarias y convenientes para aclarar hechos relacionados con CatalanGate o imprescindibles para el conjunto de la ciudadanía de Catalunya", ha especificado a la portavoz. La congelación de las relaciones afectará también a la mesa de diálogo. El ejecutivo considera que no se dan las condiciones para que se pueda celebrar la reunión dado que, a pesar de apostar por el diálogo, hay una emergencia superior encima de la mesa.
Asimismo, el Govern exige que se levante el secreto de todas las actuaciones relacionadas con este escándalo, y reclamará al Consejo de Ministros el acceso en los contratos con NSO, la empresa suministradora de Pegasos, y otras análogas; también exigirá la reforma de la ley sobre secretos oficiales, de 1968, que ha considerado "absolutamente desfasadas", y la derogación del decreto digital que permite al ejecutivo español intervenir las comunicaciones electrónicas sin autorización judicial. Igualmente se promoverá cualquier investigación que se pueda llevar a cabo al Congreso, al Parlament o a nivel Europeo.
Ante las informaciones aparecidas hoy en el sentido que el CNI dispone del programa Pegasus y lo habría utilizado contra independentistas, aunque ayer la ministra Margarita Robles negó que se espiara, la portavoz se ha preguntado "si el gobierno da por bueno que acabar con el independentismo justifica todos los medios". En este sentido, ha advertido que las autorizaciones judiciales para permitir las escuchas "tienen que venir fundamentadas, y en una democracia el todo por la patria no tendría que ser una motivación suficiente para que un organismo autorizara vulnerar tantos derechos fundamentales".