Reacciones. Más de una treintena de entidades en defensa de los derechos humanos del ámbito internacional han firmado un manifiesto, que se ha presentado esta mañana, en el cual afirman que "el espionaje digital no es legal ni democrático" y exigen "una investigación independiente, rápida, efectiva y garantista" sobre el espionaje que han sufrido al menos 65 personas vinculadas al independentismo catalán y vasco, incluido el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, políticos periodistas y abogados. Además, las organizaciones firmantes han pedido que se prohíba el uso de Pegasus, del grupo israelí NSO, y herramientas similares porque vulnera el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones. Y también reclaman que se revise la Ley 11/2002, que regula la actividad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por "desfasada" y poco clara.
"Cualquier injerencia en los derechos fundamentales del secreto a las comunicaciones y a la intimidad de la persona tiene que estar previsto en las leyes y tiene que ser forma clara, previsible, accesible y proporcional", ha afirmado Anaïs Franquesa, codirectora de Irídia, y ha asegurado que actualmente "las normas que regulan el CNI, en términos de derechos humanos, no cumple con los estándares internacionales de protección, ya que no indican con claridad el alcance de su actuación". Franquesa ha leído el manifiesto, junto con Luca Gervasoli, presidente de La Fede; Robert Sabata, presidente de la Asociación Abogados Europeos Democrates (AED), y Cecilia de Armas d'OMCT, en la sede de La Fede.
Derechos vulnerados
El 18 de abril pasado, el laboratorio Citizen Lab hizo pública una investigación que revelaba una amplia operación de espionaje contra diferentes personalidades de Cataluya y del País Vasco con las herramientas Pegasus y Candiru. Este software espía accede a todo el contenido de los aparatos interceptados, incluyendo las fotografías y aplicaciones, así como el contenido de todas las comunicaciones y la activación remota de la cámara y el micrófono. Parra las entidades, las consecuencias del espionaje en el caso catalán y vasco van todavía más allá, al dirigirse contra activistas, periodistas, personalidades políticas y abogados. "El espionaje de personas defensoras de derechos humanos y periodistas supone una amenaza a la libertad de expresión y manifestación", han afirmado, y han añadido que "su uso contra abogados y abogadas implica también una vulneración del derecho de defensa y un ataque al secreto profesional, partes fundamentales de la tutela judicial efectiva, el juicio justo y base de cualquier democracia sujeta al estado de derecho".
CNI
Desde las entidades se asegura que hoy por hoy, la ley 11/2002, que regula la actividad del Centro Nacional de Inteligencia español (CNI) legitima la ejecución de investigaciones secretas sin concretar las circunstancias ni los mecanismos (no establece una limitación con relación a la utilización de herramientas ni a su alcance). "Eso -precisan- abre un campo muy peligroso, ya que la ley no garantiza a los particulares el grado mínimo de protección en el cual tienen derecho en un estado democrático". Además, sostienen que es "una ley desactualizada": al ser del año 2002 no puede contemplar los supuestos del uso de la tecnología en las investigaciones. Y se insiste en que "las injerencias publicadas por el estudio de The Citizen Lab no se tienen que entender de forma aislada, sino como una parte de un conjunto de herramientas destinadas a la persecución de las voces críticas, a la disidencia política y a la reducción del espacio de la sociedad civil".
En este sentido, recuerdan que es necesario fijarse en su uso a escala internacional, ya que Pegasus se ha utilizado para espiar defensoras de los derechos de las mujeres como Hala Ahed Deeb a Jordania y Ebtisam al-Saegh en Bahreim, escritores críticos en el gobierno indio como Rona Wilson (actualmente en la prisión) o defensores de derechos humanos palestinos, como el abogado Salah Hammouri (también encarcelado) o los activistas Ubai Al-Aboudi y Ghassan Halaika.
Las entidades se añaden a las demandas del Alto Comisionado de la ONU, Michelle Bachelet, que pide el levantamiento del velo corporativo para la prevención del espionaje, que ya ha alertado de los peligros que eso supone y ha puesto sobre la mesa la necesidad de la rendición de cuentas.