El CatalanGate es el tema del momento y cada día aparecen nuevas informaciones que apuntan a más víctimas del espionaje con Pegasus y, sobre todo, que dan pistas sobre si el Gobierno estaba al corriente del espionaje o si fue él quien lo encargó. Según la ministra de Defensa, Margarita Robles, el independentismo ha actuado con "hipocresía" con el CatalanGate. "Les va muy bien en este momento aparecer como víctimas", afirmó Robles este miércoles a la sesión de control en el Congreso. "¿Qué tiene que hacer un Estado cuando alguien vulnera la Constitución, declara la independencia, corta las vías públicas o está teniendo relaciones con dirigentes políticos de un país que está invadiendo Ucrania?", planteó al mismo tiempo que criticó que "no les ha oído decir nada" cuando "se hackean organismos como el SEPE o teléfonos de ministros".
Mientras las nuevas informaciones sobre el caso van saliendo de bajo de las piedras, el Gobierno ha decidido comprometerse por escrito a la estricta pulcritud en el uso de datos en Internet y en las conexiones virtuales como Estado. Tal como ya explicaba El Nacional.cat este viernes, la Moncloa se ha sumado a la Declaración para el Futuro de Internet que establece la visión y los principios de una Internet de confianza. España, junto con los miembros de la Unión Europea y los Estados Unidos, "dan apoyo a un futuro por el Internet abierto, gratuito, global, interoperable, fiable y seguro y afirman su compromiso a la hora de proteger y respetar los derechos humanos en línea y digitales". La firma de este documento ha provocado que el abogado Gonzalo Boye haya utilizado la ironía para dirigirse al alto representante de la UE, Josep Borrell, para recordarle que cuando se firma un documento hay que cumplir con lo que dice: "Bien Pep... ahora toca cumplir".
El texto dice: "El comportamiento malicioso patrocinado o tolerado por el estado está en aumento, incluida la propagación de desinformación y ciberdelitos como el ransomware, el espionaje ilegal, que afectan a la seguridad y la resistencia de la infraestructura crítica, mientras se mantiene el riesgo en los activos públicos y privados vitales". Y añade: "Al mismo tiempo, los países han erigido cortafuego y tomado otras medidas técnicas, como el cierre de Internet, para restringir el acceso al periodismo, la información y servicios, de maneras que sean contrarias a los compromisos y obligaciones internacionales en materia de derechos humanos".
Borrell, el firmante representante de España
Desde el gobierno de Pedro Sánchez, quien ha liderado este acuerdo es Josep Borrell: "La Declaración por el futuro de Internet es un mensaje claro en un momento de convulsión geopolítica y digital. La UE está comprometida en mantener Internet libre y abierto, global, interoperable, fiable y seguro. Nos oponemos a los esfuerzos para dividir Internet y seguiremos trabajando junto con nuestros socios de todo el mundo para proteger los derechos humanos en línea y a todo el ecosistema digital", indica el texto que cuenta con el pleno apoyo de España.