Los británicos se escandalizan por el CatalanGate. Joanna Cherry, diputada del Partido Nacional Escocés por el Edinburgh South West, planteó en la Cámara de los Lores si el gobierno del premier Boris Johnson piensa posicionarse teniendo en cuenta que el abogado inglés de Clara Ponsatí, Aamer Anwar, también es una de las víctimas de este espionaje.
La pregunta de Cherry que ayer pronunció es esta: "El gobierno español está acusado de utilizar Pegasus, el controvertido software espía israelí, para piratear el teléfono de un abogado escocés que representaba a la exconsellera de Educació, la profesora Clara Ponsatí, y ahora miembro del Parlamento Europeo. El secretario de Asuntos Exteriores está de acuerdo conmigo que, si eso sucediera, sería una incumplimiento vergonzoso del privilegio de cliente del abogado y un ataque directo a un político elegido democráticamente. Así pues, ¿la ministra de Asuntos Exteriores tratará este asunto con el embajador español la próxima vez que se reúna con ellos?"
¿Qué hará el gobierno Johnson?
Sin saber todavía el papel que cogerá la ministra británica, Liz Truss, un diputado del partido de Johnson abrió la puerta a analizar el caso: "Puedo asegurar a la honorable dama y delante de esta casa que tenemos una relación internacional muy sólida con España y somos capaces de plantear todo tipo de cuestiones. No especularé con los detalles ni comentaré las acciones que se han planteado ya que, ahora mismo, no tienen manera de corroborarlos, pero le puedo asegurar que este gobierno siempre defenderá el estado de derecho y la voluntad de dar apoyo".
Today I pressed the Foreign Office to tackle the Spanish Govt re allegations that Pegasus spyware was used to hack the phone of the Scottish Solicitor acting for @ClaraPonsati MEP. They need to take this shocking breach of solicitor/client privilege seriously pic.twitter.com/2ZOFoTVAsc
— Joanna Cherry QC (@joannaccherry) April 26, 2022
Anwar tuvo que comunicarse con el móvil de su hija
La diputada Cherry defiende que hay que presionar el Foreign Office para abordar las relaciones del gobierno español con el programa Pegasus. Y por su parte, el perjudicado, también ha dicho la suya a través de twitter. El abogado Aamer Anwar ha sido muy crítico: "No espero ayuda del 10 de Downing Street para defender el estado de derecho, cuando no se puede confiar con qué obedezcan la ley por ellos mismos. Desde Franco, España ha operado con un estado canalla declarando la guerra a Catalunya y sus líderes". Y acompaña el tuit con el hashtag inglés del caso "Phone Hacking".
El mismo Anwar ya había declarado anteriormente que no le sorprendía que fuera espiado. En declaraciones al diario The Herald aseguró "que él y el equipo legal que trabajaba en el caso de Ponsatí" pensaban que "estaban siendo pirateados en aquel momento" y por eso se vieron "obligados a utilizar software cifrado para comunicarse". Los hechos, por su parte, se remontan a julio del 2020. Ya entonces, Anwar tomó la iniciativa: "Éramos muy conscientes del hecho porque algunas llamadas se cortaban a media frase, el correo electrónico no funcionaba, los mensajes llegaban 24 horas más tarde... En el punto álgido se volvió tan frustrante que no podías tener una conversación. Y por eso utilicé muchas veces el teléfono móvil de mi hija de 12 años, por precaución".
I expect no assistance from @10DowningStreet on upholding the rule of law, when they can't be trusted to obey the law themselves.
— Aamer Anwar✊��������️����#BlackLivesMatter (@AamerAnwar) April 26, 2022
Since Franco, Spain has operated as a rogue state declaring war on #Catalonia & its leaders🎗 #PhoneHacking #Pegasus
pic.twitter.com/GWkaInZ4JK
Anwar también da algunos detalles: "Recuerdo en una ocasión en qué le compré un iPad a mi hija. Lo puse en marcha y lo restauré desde mi perfil y al cabo de unos dos minutos se volvió loco, hizo ruidos extraños. Entonces les llevé a Apple y me dijeron que nunca antes habían visto nada similar". Por su parte, la empresa de Israel NSO ha dicho que sólo vende el software a los gobiernos para hacer el seguimiento de criminales y terroristas. Mientras que, en paralelo, diputados de la cámara británica tildan de "violación de privilegio entre abogado y cliente" lo que se deriva de las informaciones del CatalanGate y piden "tomarse muy seriamente el caso".