Nuevo peligro. El hecho inesperado que hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, hayan anunciado que también han sido espiados por el software Pegasus y que lo han denunciado en la Audiencia Nacional, puede provocar que todas las querellas del CatalanGate acaben en este tribunal, en lugar del juzgado de Barcelona que ya tiene abierta una causa contra Pegasus. La jurisdicción que asume la Audiencia Nacional es de hechos que suceden en distintos puntos del territorio nacional y sobre los delitos más graves. Inicialmente, abogados que han preparado las querellas del independentismo catalán no ven "conexidad" de los hechos hasta que no se acredite que el autor de este espionaje masivo "es el mismo". La unificación de las causas podría ser solicitada por la Fiscalía misma. Se apunta el delito contra las instituciones del Estado, al ser espiados el presidente español y el catalán, Pere Aragonès, hecho que podría favorecer esta unificación.
En el caso del espionaje al Gobierno, el titular del juzgado central de instrucción 4, en funciones de guardia, ha resuelto que la denuncia de Sánchez y Robles, presentada por la Abogacía del Estado, se entregue al juzgado central de instrucción decano a fin de que se lleve a reparto, hecho que se hace habitualmente cuando no hay una fecha clara de los hechos delictivos denunciados. En esta denuncia a la Audiencia Nacional, se indica que los dispositivos móviles del presidente Sánchez y de la ministra Robles recibieron distintas infecciones a través del software Pegasus, entre mayo y junio de 2021. No se han detallan los delitos de la denuncia.
Con respecto al CatalanGate, las querellas de los afectados de Òmnium y de la CUP se han presentado ante el titular del juzgado de instrucción 32 de Barcelona porque ya tiene una causa abierta contra Pegasus, desde octubre de 2020, con las querellas del expresidente del Parlament y conseller de Empresa, Roger Torrent, y del concejal y exdiputado de ERC, Ernest Maragall. El primer paso, ahora, es que el magistrado de Barcelona Juan Antonio Cruz pregunte al fiscal sobre las pruebas pedidas por las acusaciones particulares. Los delitos denunciados son contra la intimidad y contra la producción y uso de este software espía. En las dos querellas, el penalista Benet Salellas, apunta que el espionaje al independentismo catalán está realizado o permitido desde el Gobierno y sus agencias gubernamentales.
Sospechas
En concreto, en las querellas de Òmnium y la CUP, Salellas expone que el gran lapso de tiempo en que se han producido los ataques, así como la relevancia de las personas atacadas “llevan a descartar que se trate de una operación clandestina de un tercer país o una tercera persona, puesto que habría sido descubierto precisamente por el propio CNI o por otras agencias de ciberseguridad”. También precisa que, ante la reacción del Gobierno, con medidas y declaraciones, “se confirmaría la hipótesis que apunta el informe de Citzen Lab que señala el gobierno español y las estructuras que dependen son los responsables del espionaje de los querellantes”. Por todo esto, pide al juez que se reclame si han usado Pegasus a la dirección del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de la Policía (CNP).
Tsunami, el precedente
El reparto de la causa del espionaje con Pegasus al presidente del Gobierno podría recaer en el juez Manuel García Castellón, titular del juzgado central de instrucción 6, que desde el 2017 investiga en una causa secreta el independentismo catalán, donde se asegura que se han investigado a muchas personas. Incluso, tiene una pieza, también secreta, de Tsunami Democràtic, y de la cual hizo que el juez de Barcelona del caso Volhov, le derivara este caso, donde los principales investigados son el exdirigente de CDC y empresario David Madí, y el exconseller de ERC, Xavier Vendrell. En la causa de Tsunami, la sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha validado el secreto, en los últimos meses, al asegurar que está pendiente de comisiones rogatorias en el extranjero.
Abogados de las causas catalanas, por ahora, no ven conexidad, ya que las "personas afectadas son diferentes y también el objetivo del espionaje". Si se acreditara un mismo autor, sería más probable. Si el CatalanGate se eleva a la Audiencia Nacional, sin embargo, dudan de que se aclare nada.