La querella presentada hoy por Òmnium Cultural contra el espionaje masivo al independentismo catalán quiere aclarar la implicación del Gobierno. Por eso, la querella va dirigida contra la persona jurídica de NSO Group, propietaria del software Pegasus, sin embargo, también solicita al titular del juzgado de instrucción 32 de Barcelona, que ya investiga a Pegasus, que pida una serie de documentación a organismos policiales estatales, además de la declaración como testigos de los jefes de las agencias de ciberseguridad españolas y catalana. La CUP, que también ha presentado la querella esta mañana, solicita las mismas pruebas documentales y testificales, ya que comparte abogado con Òmnium, el penalista Benet Salellas. El primer paso del magistrado José Antonio Cruz será preguntar al fiscal del caso, que además es especializado en delitos informáticos, qué pruebas considera adecuadas para aprobarlas. Además, Òmnium y la CUP solicitan que los Mossos se encarguen de la investigación.
En concreto, Salellas pide que el juez dicte una orden europea de investigación (OEI) al gobierno de Luxemburgo para que NSO, empresa israelí de Pegasus que tiene sede en este país europeo, detalle los ingresos que ha recibido de estamentos españoles del 2016 al 2022. Y en la investigación española pide hasta seis pruebas documentales: la primera es remitir oficio dirigido a la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para que informe si ha adquirido o utilizado directamente o a través de terceros el software a Pegasus, y si lo ha utilizado para investigar a las personas que aparecen en el informe de Citizen Lab, y concretamente los querellantes; el segundo oficio está dirigido al director del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas ; el tercero, a la dirección de la Guardia Civil y el cuarto, a la dirección del Cuerpo Nacional de la Policía para que aclaren si han usado Pegasus contra los afectados de Òmnium y de la CUP. También pide que se reclame información a la Intervención General de la Defensa y a la Intervención General de la Administración del Estado. Además, el abogado solicita que las direcciones de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia aporten en el juzgado copia de todos los correos electrónicos remitidos desde correos corporativos al servidor de NSO Group (@nsogroup.com).
Testificales
Con respecto a las testificales, Òmnium y la CUP solicitan al juez que cite: Rosa Díez Moles, directora general del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), a fin de que informe sobre todos los datos de que disponga del spyware Pegasus así como de la posible utilización de lo mismo en territorio español; y también a Enrique Belda Esplugues, director del Centro Tecnológico de Seguridad (CETSE); a Guillermo Fernández López, jefe de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad del Ministerio del Interior, y a Oriol Torruella y Torres director de la Agencia de Ciberseguridad de Catalunya, a fin de que informe sobre el conocimiento de Pegasus.
El penalista justifica que son "pertinentes" las testificales de los responsables de las agencias encargadas del control y supervisión en materia de ciberseguridad, asegurando: "Mientras que las divisiones de información e inteligencia de CNI, Policía Nacional y Guardia Civil podrían aparecer como los principales interesados en el uso de Pegasus y, por lo tanto, tienen que ser a nuestro entender un primer objeto de la investigación, entendemos que en la estructura estatal existen otras agencias que no tienen por función la obtención y acumulación de datos e información sino precisamente el control de la seguridad que se pone en riesgo con la utilización de este tipo de herramientas de ciberespionaje y que, en consecuencia, tienen que ser los sujetos de la investigación."
Los delitos
El juez Cruz aceptó la querella presentada por el expresidente del Parlamento y conseller de Empresa, Roger Torrent, y el diputado de ERC Ernest Maragall por el delito contra la intimidad. En la querella de Òmnium y la CUP se añade el delito que castiga específicamente la elaboración del software informático (recogido en el artículo 197 ter del Código Penal), con esta finalidad y afirma: "Tiene que ser castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años o multa de tres a dieciocho meses al que, sin estar debidamente autorizado, produzca, adquiera para su uso, importe o, de cualquier manera, facilite a terceros, (...) un programa informático, concebido o adaptado principalmente para cometer delitos".
En la querella se recuerda de que el memorándum del Consejo de Europa incluye la presencia documentada de Pegasus en Azerbaiyán (48 periodistas), Hungría (10 abogados y 5 periodistas), Polonia (abogados, fiscales y políticos) y Francia (5 periodistas). Y ahora, la investigación de Citizen Lab detalla la vigilancia a 65 personas vinculada al independentismo catalán. El objetivo de las acusaciones particulares de Òmnium y la CUP: encontrar al autor.