Los puentes con el independentismo, y en particular con ERC, los ha acabado de dinamitar hoy la ministra de Defensa, Margarita Robles, que en sesión de control ha llegado a justificar el espionaje político sufrido por el independentismo catalán y vasco: "¿Qué tiene que hacer un Estado cuando alguien vulnera la Constitución? ¿Qué tiene que hacer cuando se declara la independencia o anima a desórdenes públicos? ¿Qué tiene que hacer cuando tiene contactos con quienes han invadido Rusia? ¿Qué pasa cuando se hackean webs como la del SEPE o móviles de ministros? Ustedes ahora se presentan como víctimas porque les conviene". Algunos integrantes del Consejo de Ministros admiten en privado que se han llevado las manos a la cabeza después de contemplar la escena. La imagen de Pilar Llop, visiblemente incómoda a su lado, ha sido muy reveladora.
Con una crisis de caballo por un escándalo de espionaje masivo a la disidencia polítixa, todo se complica. El president Pere Aragonès ya ha reclamado su cabeza. "La ministra tiene que asumir responsabilidades, lo tiene que hacer porque el CNI estaba bajo su responsabilidad, si no lo sabía, por incompetente y si lo sabía, por actuar vulnerando los principios democráticos más básicos", ha asegurado el jefe del Govern. Las peticiones de dimisión van más allá del independentismo. Incluso Unidas Podemos ha insinuado que "tienen que rodar cabezas", sin poner nombres pero disparando contra la ministra de Defensa.
Todo esto tendrá consecuencias inmediatas. Las tímidas iniciativas del Gobierno han sido del todo insuficientes para el independentismo. En este contexto llega mañana la votación del decreto anticrisis (para los efectos económicos de la guerra de Ucrania) al Congreso de los Diputados. Tenía que ser una votación plácida y ha acabado poniendo a Pedro Sánchez nuevamente contra las cuerdas. Es sintomático que el presidente español haya anulado su agenda de jueves y viernes, con viajes previstos a Moldavia y Polonia, en la frontera con Ucrania. Los números están muy complicados. En La Moncloa dan por descontado algunos votos a favor: el PDeCAT, el PNV, Más País, Compromiso, Nueva Canarias, el PRC y Teruel Existe. Pero no son suficientes. La votación está tan ajustada que, a última hora de esta tarde, el Gobierno ha anunciado que, finalmente, tramitará este real decreto como un proyecto de ley para que los grupos parlamentarios puedan introducir enmiendas.
Hace un mes los republicanos daban por descontado que lo aprobarían, aunque fuera insuficiente. Ahora piensan todo lo contrario. Fuentes del grupo parlamentario aseguran que "pinta muy mal". Esta misma mañana ha habido una reunión privada, de una media hora, entre Gabriel Rufián y el ministro Félix Bolaños, que según estas fuentes ha sido un "desastre" sin ningún tipo de avance. Esta noche habrá un cónclave de Calabria para fijar una posición, que no descartan que se alargue durante horas. Lo mismo EH Bildu, que celebrará una reunión en San Sebastián. A pesar de los beneficios de las medidas contenidas en el decreto, están preparados para votar en contra. Y advierten que el resto de la agenda legislativa está en el aire, desde la ley mordaza hasta la nueva ley de memoria democrática. A eso hay que sumar el no de Junts per Catalunya y la CUP.
En este terreno tan pantanoso, el Gobierno busca a la desesperada una alternativa por la derecha, con el nuevo PP de Alberto Núñez Feijóo. Durante las últimas horas ha habido varios llamamientos públicos del presidente Pedro Sánchez. Según fuentes populares, también la ministra María Jesús Montero ha llamado a la dirección de Génova 13 para pedirles el apoyo. Estas mismas fuentes se abren a dar apoyo si se incorporan algunas de sus medidas en la tramitación posterior del texto. "Quedan 24 horas. Es el Gobierno el que tiene que buscar el camino. Si quiere hablar con nosotros, hablaremos y dialogaremos", señalan desde el PP. Esta misma tarde su vicesecretario de Economía, Juan Bravo, ha hecho llegar una carta a Montero con cuatro medidas: actualización de la tarifa del IRPF, reducción del IVA de gas y electricidad al 5%, agilizar la ejecución de fondo europeos y racionalizar la gastos burocráticos y el tamaño del gobierno central.
Pocas horas después, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha dado a conocer la carta de respuesta que ha enviado a Juan Bravo. En la misiva, la socialista abre la puerta a la negociación y le manifiesta la disposición de tramitar el real decreto como un proyecto de ley, como finalmente ha acabado haciendo el Gobierno. Al mismo tiempo, Montero le subraya que les gustaría llegar a acuerdos que "favorezcan a la ciudadanía y al conjunto del país". Estos consensos entre ambas formaciones serían, para la titular del Ministerio de Hacienda, una "forma eficaz de ejercer la política y mostrar la utilidad de la representación que nos han dado los ciudadanos". Sobre las medidas que Bravo ha trasladado a Montero, la ministra asegura que requieren de un "análisis profundo" y que es necesario estudiar "el impacto económico y presupuestario" de estas. En este sentido, Montero se abre a hablar del documento remitido por los populares, pero también los insta a abordar cuestiones como la renovación del Consejo General del Poder Judicial o la reforma del artículo 49 de la Constitución, entre otros.
Votación de secretos oficiales
Mañana también se produce otra importante votación al Congreso: la constitución de la comisión de gastos reservados, también conocida como a comisión de secretos oficiales. Es en este órgano, a puerta cerrada y sin posibilidad de filtrar nada, donde el Gobierno ha delegado las posibles explicaciones sobre el CatalanGate. La comisión lleva dos años sin constituirse, por los vetos de la derecha a la presencia de los independentistas catalanes y vascos. Se ha tenido que reformar el reglamento para que sea necesaria sólo una mayoría absoluta (176 diputados) y no una mayoría reforzada (210). Previsiblemente, esta votación no tendría que suponer ningún susto, a pesar de las protestas de la derecha y la extrema derecha.