Plataforma per la Llengua vuelve a denunciar este año nuevos casos de discriminación lingüística contra catalanohablantes por parte de las administraciones públicas del Estado español. Este 2016 se saldó, según la ONG del catalán, con 22 nuevas situaciones, que se suman a los 87 que se produjeron entre el 2007 y el 2015.

Entre las situaciones más "graves" se encuentra la que sufrió un opositor a una de las cinco plazas de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Godella (València), donde había unas 800 personas convocadas. Roberto Benavent denunció no haber podido hacer el examen en valenciano, pero también el trato recibido por parte del presidente del tribunal quien, después de que Benavent le dijera que él había estudiado el temario en valenciano, y que por lo tanto quería hacerlo en esta lengua, se le acercó y le dijo: "No lo tenemos en valenciano y no te lo daremos, así que o lo haces en castellano o te vas".

Eso va en contra de la Ley de Uso del Valenciano, que establece que la administración "adoptará las medidas necesarias para impedir discriminación de los ciudadanos por el hecho de usar cualquiera de las dos lenguas oficiales". En este sentido, sostiene que al no poder realizar el examen en valenciano ha sufrido un agravio con respecto al resto de aspirantes que sí lo han hecho en la lengua que deseaban.

Expulsados

Otro de los casos que llaman la atención fue la expulsión de un hombre de una oficina de Correos de Barcelona en junio del año pasado por pedir más presencia del catalán en esta administración. Plataforma per la Llengua denuncia que "no garantizar la atención en una lengua oficial como el catalán representa un incumplimiento del artículo 54.11 del Real Decreto Legislativo 5/2015, que regula el estatuto básico del empleado público en España".

También en junio fue expulsado un entrenador de tenis mesa por animar a sus jugadores en catalán. La entidad denuncia aquí que así "cualquier individuo con un pequeño espacio de poder sabe que puede actuar de manera xenófoba y despótica hacia los ciudadanos catalanohablantes sin peligro de que se le imponga ninguna pena ni sanción".

Un mes más tarde, un ciudadano catalán fue expulsado del CAP Drassanes por parte de una enfermera cuando él le pidió que lo atendiera en catalán. "Ahora sí, fuera de la consulta", le dijo, mientras que dirigiéndose a una compañera suya le exclamaba: "Hasta que no se vaya este chico de la consulta, no trabajo".