El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha aprobado los nuevos objetivos de déficit para 2018 durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado este viernes en Madrid, pero no ha conseguido el apoyo de las autonomías del PSOE, pese a elevar la previsión de déficit hasta el 0'4%. Es decir, un 0'1% más que en el CPFF celebrado la semana anterior. Las socialistas Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana y Cantabria han vuelto a votar 'no', y sólo Extremadura se ha pasado a la abstención. Las comunidades del Partido Popular y Canarias han votado 'sí', y Catalunya no ha podido votar porque no estaba el conseller, aunque su voluntad se mantenía en el 'no'.

El secretario de Economía, Pere Aragonès, ha reiterado el argumento de la Generalitat sobre que los déficits tendrían que ser asimétricos, según avala la Autoridad de Responsabilidad Fiscal Independiente (Airef). Aragonès ha dicho que el reparto se hacía "sin criterios objetivos" y defiende que para Catalunya debería ser del 0,88%. El número dos de la conselleria ha criticado también que se les ha convocado en sólo 48 horas y sin información sobre la modificación de la propuesta del Estado. De hecho, Aragonès venía en sustitución del vicepresidente y conseller de Economía, Oriol Junqueras, quien estaba ausente por motivos de agenda. La semana anterior estuvo en su lugar el conseller de Justicia, Carles Mundó. 

En total, el dinero transferido a Catalunya –según el modelo de financiación– se incrementará hasta los 1.879 MEUR. Dentro de este paquete están incluidos los 220MEUR que supone el incremento del 0'1% en la previsión del déficit. A ello se añaden 266 MEUR resultantes de las liquidaciones del año 2015, que "llegan con dos años de retraso y sin intereses" y que ha tenido que adelantar el Govern para pagar servicios públicos como la salud o la educación, según Aragonès. Este remachó que pronto estas cuestiones no serían quizás una preocupación para los ciudadanos, como insinuando la victoria del sí en el referéndum previsto el 1 de octubre.

El representante del Govern, sin embargo, ha recordado que la Generalitat ya criticó la previsión del Estado sobre las liquidaciones de años anteriores y había pedido que se hiciera un ajuste. "Ahora nos han dado la razón porque ya habíamos dicho que la liquidación no nos parecía adecuada", ha lamentado.