La Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona, el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) y la Diputación de Barcelona se han conjurado este lunes para conseguir cumplir antes de enero de 2021 a los límites europeos de contaminación de óxido de nitrógeno, que en la actualidad rebasan dos de las 30 estaciones de monitorización.

Lo ha anunciado el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, tras presidir una cumbre por la calidad del aire convocada de urgencia tras la denuncia de la Comisión Europea ante el tribunal europeo por la contaminación en ciudades españolas, como Madrid y Barcelona, ante la que ha hablado de acelerar las medidas previstas en la actual hoja de ruta.

Junto al vicepresidente de la AMB, Antoni Poveda; la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona Janet Sanz, y el diputado de Espacios Naturales de la Diputación de Barcelona, Cesco Gomar, el conseller ha subrayado la necesidad de aportar una "respuesta firme, rápida y unitaria".

Calvet ha explicado que la denuncia hunde sus raíces en un expediente iniciado hace años por la Comisión Europea y que se había conseguido paralizar con la batería de iniciativas llevadas a cabo a lo largo de estos años, ha insistido.

En el encuentro, los diferentes representantes han reafirmado su voluntad de iniciar el 1 de enero de 2020 la Zona de Bajas Emisiones que permitirá quitar de la circulación de la entrada y salida de Barcelona cerca de 124.000 vehículos considerados los más contaminantes, algo que "tendrá mucho impacto en la calidad del aire".

ACN

La teniente de alcalde de Barcelona ha insistido en que "la medida no será equivalente a un Madrid Central, sino a 20 Madrid Central", ha dicho en relación al proyecto de bajas emisiones de la capital española. "Será la primera vez que se implementa en una ciudad del Estado", ha resaltado Sanz, ante lo que el vicepresidente de la AMB ha significado que este área se convertirá en una de las zonas más grandes de Europa de bajas emisiones, con una afectación en 5 municipios y un radio de 95 kilómetros cuadrados.

Sobre la implantación de un peaje contra la polución que permitiría regular la entrada y salida de Barcelona, Sanz ha defendido que desde el consistorio trabajarán para tener a punto un proyecto de trabajo para implementar esta medida tan pronto como se haga necesaria: "A los tres, cuatro o cinco meses de iniciar la zona baja de emisiones, si hace falta".

De todas formas, ha pedido el apoyo del resto de Administraciones, especialmente del Estado por tener competencia sobre la materia, mientras que Calvet ha destacado que el Grupo de Trabajo de Peajes se reunirá el jueves y seguirá estudiando esta posibilidad, cuyo análisis se anunció en la cumbre por la calidad del aire de marzo.

Si bien Poveda ha hablado de la necesidad de mantener peajes como el de Martorell o el Maresme con fines disuasorios y recaudatorios para el medio ambiente, Calvet ha defendido ceñirse a los trabajos con el Ministerio de Fomento para implantar un sistema de viñeta, que suponga una tarifa plana en función del uso de autopistas.

Más transporte público

Entre las medidas citadas para mejorar la situación, han enumerado una ampliación futura de las zonas de bajas emisiones, la aceleración de la instalación de carriles bus en las carreteras B-23 y 245, un aumento de la capacidad del transporte público, la unión del tranvía y la finalización de las líneas 8 y 9 de Metro, ante lo que ha pedido mayores recursos al Estado, también para Rodalies.

Respecto al Puerto de Barcelona, han explicado su "ambicioso" plan de electrificación de los muelles y los trabajos del Aeropuerto para mejorar en la movilidad terrestre a través también de una electrificación.