La catedrática de la Universidad de Santiago de Compostel·la Alba Nogueira ha desmontado las acusaciones del Tribunal de Cuentas contra el Diplocat, aportando el caso de unas jornadas académicas que organizó su centro universitario en colaboración con el organismo catalán, y que se centró estrictamente en las competencias de la Generalitat y en el interés general. Nogueira se acaba preguntando abiertamente si es competencia del Tribunal de Cuentas "fijar los límites de la libertad de expresión y el pluralismo político".
"En el 2014 la dirección del Diplocat me pidió coordinar en la Universidad de Santiago de Compostela unas jornadas académicas dentro de un ciclo que estaban organizando por varias universidades, aquí y en el exterior, sobre el marco legal para consultas ciudadanas", explica. Una parte de los ponentes eran catalanes y los otros, gallegos.
Nogueira insiste en que el coloquio fue totalmente plural. "Mediante la denominada diplomacia pública se buscaba dar a conocer la percepción de la cuestión catalana en el exterior, contrastándola con opiniones divergentes, para establecer un diálogo que abonara la comprensión mutua," explica.
Según la catedrática, la intención era realizar un debate abierto y con diferentes opiniones "en un entorno académico" y con tiro social para atraer al público. "Me dieron plena libertad para seleccionar la parte gallega e incluso para suplir agujeros en la catalana", argumenta.
Nogueira insiste en que diversos de los que participaron en las jornadas, como el catedrático Ramón Máiz; los periodistas José Luis Méndez y Anxo Lugilde, y el escritor Suso de Toro aquellos días no eran independentistas. E insiste en que fue un encuentro plenamente enmarcado en las competencias del Govern catalán.
"Me imagino que este es uno de los actos que sirve al Tribunal de Cuentas para decir que se gastaron dinero en cuestiones que no son de interés general y que no formaban parte de las competencias catalanas. ¿Forma parte del control contable decidir la oportunidad de las políticas de las comunidades autónomas? ¿Decidir si los actos entran en el ámbito competencial autonómico? ¿Si una comunidad organiza un debate sobre el acuerdo de París o el cambio climático podría incurrir en irregularidad contable?", se pregunta llegando al absurdo.
3,7 millones de euros
El Tribunal de Cuentas pide al entonces director del Diplocat, Albert Royo, 3,7 millones de euros a pagar en 15 días. "Cómo el Estado saquea las cuentas de los ciudadanos a los que considera disidentes políticos. 3,75 millones de euros a pagar en 15 días. Ni que los tuviera... Sin juicio y ordenado por un tribunal que no está formado por jueces. Inaudito en la Unión Europea", ha indicado Royo en la red.
Mientras tanto, el alud de críticas que han llovido contra el Tribunal de Cuentas a raíz de las cantidades millonarias con que ha castigado a los responsables de la política exterior de la Generalitat durante el procés ha provocado una respuesta airada y sorprendente de la institución a través de una "nota esclarecedora".
En el texto el Tribunal de Cuentas explica que es un órgano constitucional y asegura que "disfruta de plena independencia en el ejercicio de sus funciones, sometido sólo al ordenamiento jurídico".
"Los informes de fiscalización son aprobados por el pleno del Tribunal de Cuentas y no pueden ser modificados por otras instancias, ni recorridos", advierte la nota donde se asegura que la fiscalización se hace siguiendo las normas y parámetros internacionales. Además, añade, el Tribunal ejerce también una función jurisdiccional dirigida a enjuiciar responsabilidades contables para obtener la restitución de los fondos públicos ante usos indebidos de los mismos