El juzgado de instrucción número 14 de Madrid ha enviado al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la causa que se sigue contra el exministro de Sanidad Salvador Illa por un presunto delito social en el reparto de mascarillas no homologadas entre el personal sanitario durante la primera etapa de la pandemia. Según han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, el magistrado Carlos Valle ha remitido al tribunal catalán la querella que la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) presentó ante el Tribunal Supremo en abril de 2020 y que le fue asignada por turno de reparto. El juez ha concluido que no tiene competencias para investigar a Illa por su condición de aforado, al ser diputado del Parlament de Catalunya.
La querella la presentó la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) después de conocerse el uso de máscaras defectuosas durante los primeros momentos de la pandemia de la covid-19. El mismo CESM explicaba el contenido de la decisión del juez que decidió incoar diligencias previas por el presunto delito social contra Salvador Illa y pedía que se trasladara al ministerio fiscal para que informe sobre la competencia de este órgano o del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, teniendo en cuenta que Illa es aforado. Y en este punto nos encontramos ahora.
En septiembre del año pasado, la Fiscalía del Tribunal Supremo se pronunció sobre las querellas interpuestas contra el Gobierno por la gestión del coronavirus. En el caso de la presentada por la confederación contra Illa, el ministerio público aseguró que era procedente la inadmisión a trámite porque estimaba que los hechos relatados no eran constitutivos de un ilícito penal. La Fiscalía consideró que la responsabilidad criminal que se le atribuye al exministro es "difusa y genérica" y no se hace por su concreta intervención en unos hechos delimitados, sino por el cargo que ocupaba en el momento de desencadenar la crisis sanitaria.
Las querellas de Illa
A esta querella, Illa suma otra presentada el pasado mes de enero por la Asociación Nacional de Víctimas y Afectados por Coronavirus (Anvac) por los delitos de homicidio y lesiones imprudentes, prevaricación y contra los trabajadores por su gestión de la pandemia de la covid-19.
La querella se presentó como acusación particular en representación de varias decenas de familias, cuyos familiares se han visto afectados por el coronavirus, y según el abogado firmante, Pedro Tabares, no sólo fue por los hechos de la primera ola, que consideran muy graves "para muchos ciudadanos que murieron por la mala gestión el primer trimestre del 2020", sino por otros posteriores, como los relacionados con decisiones adoptadas por el Ministerio de Sanidad entre julio y septiembre pasados.