Basta con comparar dos portadas. El miércoles 5 de julio del 2017, el día siguiente de la presentación de la ley del referéndum en el Parlament y en el TNC, el diario ABC titulaba "jaque al Estado de derecho en Catalunya". Y añadía: "La Generalitat presenta un delirante proyecto de ley que pisotea derechos, garantías y libertades de los propios catalanes para imponer la consulta ilegal de octubre y la consiguiente independencia". La fotografía era para parte de los miembros del Govern, entre ellos el president Carles Puigdemont, con la cabeza gacha, con excepción del vicepresident Oriol Junqueras.

Este lunes la portada de este diario ha sido radicalmente diferente. La imagen de la primera plana ha sido para Lilian Tintori, mujer del preso político Leopoldo López, sonriendo y enseñando su carnet de identidad. "Exhibición de fuerza de la oposición", ha titulado el diario, que afirma que "la participación pone en jaque a Maduro" y le reconoce el carácter plebiscitario contra el proyecto de Asamblea Constituyente del presidente venezolano.

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Uno de los casos más extremos posiblemente es el del diario El País este lunes, que en su portada tenía espacio para las dos votaciones. "El Gobierno catalán fuerza la maquinaria del referéndum", decía el primer titular, que tildaba el 1-O de "votación ilegal". El segundo titular era para la consulta contra Nicolás Maduro: "Voto masivo en Venezuela contra la maniobra de Maduro". Destacaba la movilización de miles de ciudadanos "para frenar el plan de reforma de la Constitución".

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En la misma línea, La Razón dividía su portada de este lunes en dos. Arriba, "la avalancha de votos contra el miedo a Venezuela", después de una "jornada de participación masiva contra la Constituyente de Maduro". Justo debajo, Catalunya: "La ley del referéndum anula las garantías electorales de los catalanes. Junts pel Sí y la CUP se atribuyen todo el control en la jornada de la consulta ilegal".

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El referéndum venezolano, sin garantías

La realidad es que la consulta venezolana tenía pocas garantías. Lo reconocen las mismas crónicas de estos medios. En primer lugar, ha sido sacada adelante unilateralmente por la Asamblea Nacional, sin acuerdo con el gobierno de Maduro, que no la ha reconocido y que, como el gobierno español con el 1-O, la ha tildado de "golpista". Venezuela vive desde las elecciones legislativas del 2015 un choque institucional, con un gobierno chavista y un parlamento dominado por la oposición. Maduro se ha servido especialmente del Tribunal Supremo para desconocer la autoridad del poder legislativo.

El gobierno venezolano ha utilizado contra la votación el mismo argumento que los que se oponen al 1-O: no tenía garantías democráticas. La votación fue hecha en urnas de cartón, con un censo incompleto y sin ningún sistema que impidiera que una persona votara más de una vez. Este voto doble se podría haber evitado si el Estado venezolano hubiera facilitado la tecnología que utiliza en las elecciones convocadas bajo el amparo del Consejo Nacional Electoral (CNE).