Convergència asegura que su objetivo es hacer de Catalunya un Estado independiente y miembro de la UE. Así lo ha asegurado la portavoz del partido, Marta Pascal, en respuesta a las especulaciones que han provocado las declaraciones del líder de CDC, Artur Mas, en el sentido que la formación se define como soberanista.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del secretariat permanent de CDC, Pascal ha querido salir al paso de este tema para desmentir que el partido esté rebajando el discurso. Se ha remontado a los acuerdos del congreso de Reus en relación al futuro Estado independiente y ha asegurado que “de ninguna de las maneras” Convergencia quiere renunciar al “derecho y deber convencer cuanto más gente sea posible en relación a la vía independentista.
“Queremos convencer a aquellos que no están convencidos de que este país puede ser un Estado en la Unión Europea. Un Estado que quiera a sus ciudadanos, no como el español que ha demostrado que no nos quiere de ninguna de las maneras”, ha reprochado.
En relación a la reunión que mañana mantendrá el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, con el president Carles Puigdemont ha insistido en que el referéndum es una condición “sine qua non” para apoyar la investidura del líder socialista en el Congreso.
CDC ha hecho público hoy parte de los resultados de las encuestas que está planteando entre los militantes dentro del proceso de debate de cara al congreso del partido. En concreto son los resultados de las 505 primeras encuestas.
Según este sondeo, la militancia convergente se define como de centro -4,99%- y catalanista -9,1 sobre 10. La opinión mayoritaria defiende cambiar el nombre del partido pero manteniendo la palabra Convergència -35,2-, el 50% defiende sustituir las ternas como sistema de elección de los cargos y mayoritariamente se inclina por las primarias. Considera que los investigados –antes imputados- no pueden ir en las listas electorales -71,5%-, y reclaman la dimisión cuando hay sentencia firme -42%-. Asimismo apuestan por la segunda vuelta en las elecciones -81%- y por limitar la duración de los cargos públicos -73%.
Asimismo defienden los referéndums, incrementar el salario mínimo, la convivencia de la educación pública y concertada, la dación en pago o regular la prostitución.