Las sospechas se confirman. El titular del juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional ha investigado el independentismo catalán, una vez pasado el Referéndum del 1-O, del otoño del 2017 al menos hasta septiembre de 2019, de forma prospectiva, con la intervención de teléfonos a 38 personas de distintas entidades catalanas que han apostado por el procés de independencia de Catalunya. Destacan integrantes de la Izquierda independentista, como el diputado de la CUP Xavier Pellicer, cuando era portavoz del grupo Alerta Solidaria, entidad que lleva la defensa de la mayoría de encausados en las movilizaciones, tal como ha adelantado el semanario La Directa, este lunes. El Nacional.cat ha tenido acceso a las dos piezas secretas (la 14/2017 y la 99/18) abiertas por el magistrado Manuel García Castellón, que demuestran que la Guardia Civil ha intervenido el teléfono de agentes de los Mossos d'Esquadra, de bomberos, de campesinos, ingenieros o comunicadores que participaron en movilizaciones posteriores al 1-O, y también a los que participaron a la creación del web del Consell de la República, constituido en marzo de 2018 y presido por Carles Puigdemont. El magistrado de la Audiencia Nacional, finalmente, ha entregado toda esta investigación a los CDR detenidos en septiembre de 2019 y acusados de terrorismo, ya que es el origen de su investigación, que no tenían hasta ahora, aunque casi ya ha acabado la instrucción de la causa. El magistrado mantiene en secreto la pieza de Tsunami Democràtic, hecho que implicará, seguramente, que se destapen más intervenciones telefónicas a la búsqueda de un delito, acción proscrita en derecho penal.
La primera investigación por el delito de "Apología del terrorismo" arranca en noviembre de 2017, cuando un trabajador de Adif declara a la Guardia Civil que por la huelga general del 8 de noviembre de 2017 se han producido "cuatro sabotajes" en distintos tramos de las vías de Renfe en Catalunya, uno de ellos en Cardedeu. El juez permite la intervención del móvil de dos personas, una de ellas había trabajado en el mantenimiento ferroviario, y también es monitoreada una cuenta de Telegram, llamado "Cortamos la Jonquera". La fiscalía reclama a la Guardia Civil que cambie el delito por el de terrorismo, ya que se indica que hay "un movimiento social cada vez más es radicalizado que quiere subvertir el orden constitucional". En esta investigación, también se adjunta el informe de los Mossos sobre los siete muñecos que aparecen colgados en un puente de la C-17 con las caras del rey Felipe VI y Albert Rivera, entre otros. La investigación a las dos primeras personas se archiva, mientras en esta caza de sediciosos en las redes sociales aparecen los nombres de Tamara Carrasco y Adrià Carrasco, los dos detenidos como terroristas por la difusión de un audio sobre movilizaciones y el bloqueo de peajes, que al final han sido absueltos.
El CNI catalán y Escudos para la República
Paralelamente a la movilización en la calle, la Guardia Civil informa al juez de la Audiencia Nacional de que ha encontrado el núcleo de personas que se autonombran CNI catalán, que estarían en contacto con los grupos de los CDR y que también impulsarán el grupo Escudos para la República, inicialmente creado el 2018 para evitar que haya violencia en las movilizaciones, objetivo que no detalla el cuerpo armado en su informe. Así, la Guardia Civil sitúa a una mujer como coordinadora de este grupo, de la cual se asegura de que decía que "tenía controlado todo el país", sin aclarar si la finalidad eran simplemente manifestaciones o acciones de difusión del reclamo catalán. A su lado identifican a Lluís Escolà, el sargento de los Mossos d'Esquadra, que será juzgado el próximo año junto con el exconseller Miquel Buch para permitir que viajara con el presidente Carles Puigdemont, supuestamente a cuenta desde el Departament de Interior. En este grupo también se identifican dos agentes más de los Mossos, y el juez permite que se intervenga sus teléfonos. En total, una treintena. No se detalla ninguna acción del CNI catalán ni su presupuesto ni acciones violentas. Solo movilizaciones de protesta en la calle o charlas y encuentros, incluso los que organizan birras por la república. Por eso, se intervienen el teléfono a un responsable de Bomberos por la República; a un agente de la Guardia Urbana de Barcelona, que con agentes de policías locales que forman Viento de Gregal; incluso a un representante de los campesinos. Y en algunos casos se reproducen conversaciones y fotos de una cena con Joan Canadell, entonces presidente de la Cambra de Barcelona y actual diputado de Junts. Y algún cargo del Assemblea Nacional Catalana (ANC). En este bloque, aparece Roger Cumeras, que después es concejal de la CUP en Viladecans.
La Guardia Civil asegura en uno de los informes que "en la posible existencia de un órgano denominado CNI Catalán, relacionado con la administración autonómica y pública catalana, que en colaboración directa con algunos miembros de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) han iniciado la planificación, mediante el uso de la violencia y la fuerza para introducirse, ocupar y defender por tiempo el Parlament, con el objetivo de subvertir el orden constitucional y generar una crisis de graves e imprevisibles consecuencias políticas e institucionales, todo eso con la finalidad principal de conseguir la independencia de Catalunya". Nada de eso pasó.
"Sediciosos" preparados
"Estamos en un giro importante no en los objetivos que quieren alcanzar en los Comités de Defensa de la República (CDR) sino en los procedimientos que se quieren utilizar para él", afirma la Guardia Civil en uno de sus informes al juez en diciembre de 2017 y alerta que "tienen conocimientos en materia de seguridad informática" y que "están en una fase de reclutamiento con la que pueden tener una extensa red de expertos informáticos que garantiza y proteja sus actos". Y concluye: "Si este proyecto avanza y se consolida, posiblemente nos encontramos en un reto difícil de investigar, por la dificultad que supondría la observación digital de las comunicaciones que lleven a cabo los activistas, siendo difícil anticiparse a sus acciones (control de fronteras, bloqueo aeropuerto) e identificación de sus responsables". Y añade que usan Signal para no ser interceptados. Dos años después, con la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes independentistas, en octubre de 2019, llegarían las grandes movilizaciones de Tsunami Democràtic, que no subvirtieron ninguna orden constitucional y que la Guardia Civil todavía investiga a sus líderes.
De estos supuestos sediciosos, la Guardia Civil acota la investigación y el seguimiento a los nueve miembros del CDR detenidos el 23 de septiembre de 2019, acusados de querer blindar el Parlament si llegaba el presidente Puigdemont o de idear algún sabotaje en torres eléctricas, y los explosivos que se asegura de que tenían y solo eran precursores, según las periciales. Después detuvieron a cuatro personas más, sin ninguna medida cautelar. Y archivaron la causa para uno de ellos por motivos de salud. La fiscalía los acusa de pertenencia a organización terrorista, y de tenencia y fabricación de explosivos.
La financiación de Waterloo
La investigación prospectiva también se amplía a Bruselas y reconstruye el viaje de dos informáticos que viajan a Waterloo para montar la web del Consell de la República. En algunas de las conversaciones intervenidas hay quien se lamenta que los grupos de movilizaciones impulsados desde Catalunya se quieren acaparar ahora por el Consell, o no se reconoce lo suficiente su trabajo. Se informa de dos sociedades, CatGlobal ASBL y de CATCIP, y esta última sería la que recoge las donaciones y las aportaciones de los socios del Consell. Y cita a cuatro personas como los responsables del órgano de gestión de la plataforma digital del Consell de la República.
El diputat de la CUP espiado
Con respecto a integrantes de entidades de la izquierda independentista, es en julio de 2018 que el juez Garcia Castellón permite a la Guardia Civil que intervenga durante tres meses los teléfonos del actual diputado de la CUP Xavier Pellicer, entonces portavoz de Alerta Solidaria; Joan Terán, militante d'Endavant; y Josep Freixas, coordinador d'Endavant en el Barcelonès. La Guardia Civil justifica la intervención de sus móviles "por la radicalización" del movimiento independentista. No obstante, de las llamadas de Pellicer destacadas por el cuerpo armado como importantes, una hace referencia a unas jornadas anti-represivas, una segunda del 10 de septiembre de 2018 que tiene que recibir integrantes del País Vasco y Galicia que quieren participar en la Diada, y una tercera sobre un desahucio en Sabadell y que habla con concejales de la CUP. Ningún plan violento.
Un software similar a Pegasus
A la mayoría de los 38 investigados se les interviene el teléfono por orden judicial. El juez de la Audiencia Nacional también permite que se haga un seguimiento similar las funcionas que tiene el software Pegasus a la mitad de los investigados. Los CDR acusados de terrorismo se les hizo un seguimiento más esmerado, poniéndoles balizas y micrófonos en los coches, así como acceso a sus ordenadores y aparatos. Y al menos a cuatro informáticos relacionados con Waterloo, el juez permite, en junio de 2019, la instalación de un software -el llamado sistema de interceptación SILC- que permite, de forma remota y telemática, el examen a distancia y sin conocimiento de su titular o usuario del contenido de los terminales telefónicos.
