La Comisión Europea recibió a Societat Civil Catalana sin que estuviera inscrita en el Registro de Transparencia de la Unión Europea. En diciembre del 2021 el comisario de Justicia, Didier Reynders, se reunió con la entidad antiindependentista, que no se registró hasta finales de enero del 2022. El código de conducta interno prohíbe a los comisarios reunirse con organizaciones que no estén registradas. Los eurodiputados de Junts alertaron sobre este hecho en una pregunta europarlamentaria, pero Bruselas ha esquivado la cuestión. En la respuesta enviada el pasado viernes, la CE asegura que aplican "altos estándares de transparencia en los contactos con representantes de interés". Sin embargo, no menciona los requisitos del código de conducta.

"Los comisarios y los miembros de su gabinete sólo se podrán reunir con aquellas organizaciones o individuos autónomos que estén registrados en el Registro de Transparencia (...) en la medida en que entren en su ámbito de aplicación", dice el artículo 7 de código de conducta del ejecutivo comunitario. El Registro de Transparencia es una base de datos que incluye "representantes de interés" (organizaciones, asociaciones, grupos y autónomos) que llevan a cabo actividades para influir en la política y en proceso de toma de decisiones de la UE. Por su parte, el eurocomisario de Justicia ha defendido este lunes que se reunió con Societat Civil Catalana porque un eurodiputada de Ciudadanos pidió el encuentro. Preguntado por eso, Reynders ha dicho que era "lógico" hacer la reunión, ya que había una "petición des del Parlamento Europeo". "Recibí la petición de un eurodiputado que vino acompañado de otras personas", ha explicado.

El encuentro con Societat Civil

El entonces presidente de la entidad, Fernando Sánchez Costa, y el eurodiputado de Ciudadanos Ramón Bauzá se reunieron a principios de diciembre del 2021 con el comisario de Justicia, Didier Reynders, para pedir a Bruselas que "obligue a los poderes públicos" a cumplir la sentencia del 25% de castellano. La entidad también acusó al Govern "de erosionar" el estado de derecho y trasladó a Reynders "la importancia de que las euroórdenes se cumplan". Los eurodiputados de Junts Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí enviaron una queja a la CE por la reunión y denunciaron los "estrechos lazos" de la entidad con la extrema derecha. Sin embargo, la CE defiende el encuentro con SCC y recuerda que mantiene un "diálogo abierto, transparente y regular con representantes de la sociedad civil". "Nuestra puerta siempre está abierta y es importante para la CE relacionarse con la sociedad civil y escuchar diferentes puntos de vista", dijo el portavoz de Justicia, Christian Wigand, ante las críticas de los independentistas.

La nueva presidenta de la entidad antiindependentista

La principal plataforma social del unionismo en Catalunya celebró al principio de este mes de abril su asamblea anual de socios, que sirvió para iniciar una nueva etapa. Y es que la marcha ya anunciada del hasta entonces líder, Fernando Sánchez Costa, fue acompañada de la llegada de Elda Mata como nueva presidenta de SCC. Un nombramiento, además, hecho posible gracias a un contundente apoyo con poco margen de discusión: un 99% de los socios compartieron su voto para la candidata oficialista, que era el nombre preferido para relevar a la anterior junta directiva.

Nacida en Barcelona en 1953, ha pasado la mayoría de su vida en la provincia de Girona, concretamente en la localidad ampurdanesa de Ullà. Durante años, ejerció profesionalmente de empresaria y gerente de varios negocios agropecuarios y turísticos en la región. Pero en el 2019, decidió orientar su vida en una nueva dirección y lanzó al activismo antiindependentista. Sin vinculación ni militancia política, Mata asumió en el 2019 la presidencia provincial de SCC Girona, convirtiendo así este territorio en la sucursal más activa de la entidad en la defensa del españolismo. Su vertiginoso ascenso por las filas constitucionalistas empezó a materializarse el año siguiente, cuando Sánchez Costa la proponía como vicepresidenta territorial. Ahora, la presidencia ha servido para culminarlo al fin y al cabo.