España ha pedido a la ONU la recusación de dos de los cinco miembros que integran el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria después de que el grupo pidiera la libertad de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.
En una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz Isabel Celaá ha explicado que el estado español ha pedido "la revisión de los miembros del grupo de la ONU" porque piensan "que hay imprecisiones y conflicto de intereses".
Este conflicto existiría, según ha argumentado Celaá, entre estos expertos y el abogado Ben Emmerson, "que claramente se ha mostrado a favor de los independentistas" en la defensa de los presos ante la ONU, ha especificado Celaá. Emmerson fue relator especial del 2012 al 2017 de las Naciones Unidas para los derechos humanos y la lucha contra el terrorismo.
Según una carta que ha leído Celaá en la rueda de prensa en nombre del embajador de España ante la ONU en Ginebra, Cristóbal González-Aller, Emmerson formó parte de otros órganos similares de derechos humanos de la ONU y habría trabajado con los dos en al menos dos causas.
Según alega el cuerpo diplomático español, se han vulnerado aspectos "procesales" en la redacción del informe y hay "incompatibilidades" entre dos de los cinco miembros y las defensas de Junqueras, Sànchez y Cuixart. Los dos miembros que pretenden que se aparten del grupo de trabajo de la ONU son el presidente-relator, el mexicano José Guevara Bermúdez, y el coreano Seong-Phil Hong, los dos miembros desde el 2014.
La inhabilitación que pide España sólo concierne al informe específico sobre los líderes independentistas.
La Moncloa califica de "despropósito" la carta de Torra
La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha calificado de "despropósito" la carta que el president de la Generalitat, Quim Torra, ha enviado al presidente español, Pedro Sánchez, donde le pide que emprenda las "acciones necesarias" para liberar a los presos independentistas.
Celaá acusa a Torra de "desconocer absolutamente" el reparto de poderes en "una democracia consolidada" y remarca que el poder judicial es quien tiene que decidir sobre esta cuestión "y no el ejecutivo".
La portavoz ha explicado los motivos por los cuales han pedido la recusación de dos de los cinco miembros que integran el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y ha criticado el informe que pide liberar a Junqueras, Sànchez y Cuixart.
"El gobierno quiere dejar claro que da apoyo a los procedimientos especiales de la ONU de manera leal y crítica", ha manifestado, pero cree que se tienen que "reforzar" los mecanismos para que sean más "transparentes" y no se puedan "intoxicar".