Cada día son más y más los casos que se suman a la lista de vulneraciones del derecho a la libertad de expresión en España. Han sido víctimas todo tipo de colectivos: raperos, periodistas, artistas, actores... A continuación, recogemos los principales casos registrados a día de hoy.
Enaltecimiento del terrorismo
Valtonyc, en el exilio
Por ahora, el rapero Valtonyc es el único exiliado por condenas relacionadas con la libertad de expresión. Fue condenado por el Tribunal Supremo a tres años y medio de prisión por los delitos de enaltecimiento de terrorismo y humillación a las víctimas, injurias al rey Juan Carlos I y amenazas a Jorge Campos del partido Actúa Baleares. Todo eso, por el contenido de las letras de sus canciones.
Antes de entrar en prisión, el rapero mallorquín decidió marcharse a Bélgica. Su defensa asegura que Europa es el mejor lugar donde se pueden garantizar sus derechos, y así se ha demostrado. La justicia belga decidió este septiembre no extraditarlo al considerar que su caso se enmarca dentro de la libertad de expresión. El rapero asegura que llegará al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Objeto del delito: Versos como "Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza, ETA es una gran nación" -cita literal d’un lapsus de Rajoy l’any 2007-, "A ver si te enteras, como el caso Bárcenas, pierdo los papeles y en cuarteles grito GORA ETA" o "De Cospedal no reiría tanto en un zulo a cuarenta grados".
Pablo Hasel, dos años de prisión
El también rapero Pablo Rivadulla, más conocido como Pablo Hasel, fue condenado por la Audiencia Nacional a dos años y un día de prisión por los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias en la Corona y las instituciones del Estado por mensajes en Twitter y una canción colgada en YouTube. A la condena de prisión, se sumaba una multa de 24.300 euros.
Después de recurrir la sentencia, la Audiencia Nacional le rebajó la pena a nueve meses y un día argumentando que las organizaciones terroristas ETA y GRAPO ya no están en activo. Al no superar los dos años de condena, Hasel no tendría que entrar en prisión si no fuera porque fue condenado en el 2014 a dos años por enaltecimiento del terrorismo. Las dos penas sumadas sí que le obligan a cumplir condena.
La última opción que le queda a Hasel para evitar la prisión es el recurso en el Tribunal Supremo. Si este no acepta su petición ni rebaja la condena, tendrá que ingresar en prisión.
Objeto del delito: Versos como "Mi hermano entra en la sede del PP gritando ¡Gora ETA!", "Pena de muerte ya a las infantas patéticas" o "Los GRAPO eran en defensa propia ante el imperialismo y su crimen".
La Insurgencia, doce condenados
El colectivo de raperos La Insurgencia fueron citados a declarar en la Audiencia Nacional ante la magistrada Carmen Lamela en noviembre de 2016 acusados de enaltecimiento de organizaciones terroristas cómo los GRAPO. En diciembre de 2017, fueron condenados por este delito a dos años y un día. A causa de este día extra de condena, el ingreso en la prisión de sus doce integrantes es obligatorio a pesar de no tener antecedentes.
La sentencia contó con el voto particular de la magistrada Ángela Murillo, que consideró que los condenados querían "conseguir notoriedad, reafirmando sus personalidades, en definitiva, llamar la atención que por otras vías no pueden conseguir". El colectivo ha recurrido la sentencia a la Audiencia Nacional para evitar entrar en prisión.
Objeto del delito: Versos como “sé cuál es mi bando, el de los oprimidos, los explotados, recordando como volaron fascistas con los GRAPO", "manda cojones que los Borbones aún no hayan sido sometidos a explosiones" o "hacen falta guillotinas para los cerdos dirigentes de la policía".
Los titiriteros de Madrid, a prisión por un guion
Dos titiriteros fueron detenidos y enviados a prisión provisional sin fianza a principios de febrero de 2016 después de representar la obra 'La Bruja y Don Cristóbal' durante el carnaval de Madrid. Estaban acusados de enaltecimiento del terrorismo e incitación al odio por mostrar una pequeña pancarta de atrezzo que decía 'Gora Alka-ETA', un juego de palabras con 'Gora Alkaeta' (Viva el alcalde).
Pasaron en prisión cinco días, hasta que la Fiscalía cambió de opinión y pidió su liberación. Al mes de junio siguiente, se archivó la acusación por enaltecimiento del terrorismo y, a principios de 2017, fueron absueltos del delito de incitación al odio. El caso fue seguido con mucha expectación e indignación y la obra fue representada en ciudades de toda España.
Objeto del delito:
Imitación del fragmento que llevó a los titiriteros a la cárcel
Cassandra, condenas que saltan por los aires
Cassandra Vera, @kira_95 en Twitter, fue denunciada el año 2016 por unos tuits bromeando sobre la muerte de Carrero Blanco. La denuncia la presentó la Guardia Civil -cuándo la chica cumplió 18 años- después de encontrar sus tuits en una redada de la Operación Araña, pensada para perseguir el enaltecimiento del terrorismo en las redes sociales.
Cassandra basó su defensa en la libertad de expresión pero fue condenada por la Audiencia Nacional a un año de prisión y siete de inhabilitación. Su caso levantó mucha polémica e, incluso, recibió una carta de apoyo de la nieta de Carrero Blanco. Finalmente, la sentencia fue anulada en 2018 por el Tribunal Supremo, entendiendo que las afirmaciones eran "en clave de humor" sobre un suceso que, después de 44 años, ya se podía considerar "histórico".
Objeto del delito: Tuits como “ETA impulsó una política contra los coches oficiales combinada con un programa espacial”, “Spiderman VS Carrero Blanco” o “Kissinger le regaló a Carrero Blanco un trozo de la luna, ETA le pagó el viaje a ella".
César Strawberry, prisión por tuits sobre GRAPO y ETA
El cantante de Def cono Dos, César Augusto Montaña Lehmann, fue condenado en el 2017 a un año de prisión y a seis años y medio de inhabilitación absoluta por enaltecimiento del terrorismo y humillación de las víctimas de ETA y de los GRAPO.
La Audiencia Nacional le absolvió al considerar que los mensajes forman parte de su faceta artística, pero el fiscal recurrió al Tribunal Supremo, que le condenó un año después. Se le acusa por una serie de tuits que publicó entre noviembre de 2013 y enero en el 2014. No ha tenido que ingresar en la prisión porque la condena es menor a dos años, pero consta como antecedentes de cara a futuras condenas.
Objeto del delito: Tuits como...
Operación Araña, 76 tuiteros detenidos
La misma operación policial que detuvo Cassandra y César Strawberry también actuó contra 74 tuiteros más por enaltecimiento del terrorismo en las redes sociales entre 2014 y 2016. Algunos de los detenidos eran menores de edad e incluso se llegó a imputar a dos jóvenes de 14 años. A los acusados, se les hacía declarar ante la Guardia Civil y se les requisaba el teléfono móvil, a la espera de comparecer ante la Audiencia Nacional.
De momento, la operación ha comportado el ingreso en prisión del tuitero Alfredo Remírez, condenado a un año por haber celebrado la liberación de presos de ETA y por escribir parafraseando una canción que decía que el general Galindo merecía un tiro en la nuca. La pena se sumó a una que ya tenía de 2009 por llevar un muñeco con la cara de un condenado por colaboración con ETA a las fiestas de Amurrio. Está condenado a prisión hasta noviembre de este año.
Amnistía Internacional citó la Operación Araña entre los casos de restricciones injustificadas de la libertad de información, expresión y reunión en su informe anual 2016-2017.
Injurias
El Jueves, a juicio por un chiste
Los directores de la revista satírica El Jueves tendrán que ir a juicio por un artículo en qué se bromeaba sobre la policía desplegada en Catalunya para el 1-O y el consumo de cocaína. Según el juzgado de Barcelona que ha instruido el caso, el chiste habría podido incurrir en un presunto delito de injurias. Por eso, se citará el director de la revista, Guille Martínez-Vela y el subdirector y editor web, Joan Ferrús, como responsables de la publicación.
La jueza de la investigación, que se abrió después de una denuncia de los sindicatos policiales a la Fiscalía, argumenta que el artículo "comportó una ofensa y falta de respeto", sin que se sustentara en una base fáctica. Por si fuera poco, durante la instrucción del caso la Abogacía del Estado se personó en la causa en contra de la revista, que respondió con la portada 'Todo es delito de odio' .
Objeto del delito:
Evaristo, denunciado por una jota dedicada a la policía
El excantante de La Polla Records, Evaristo Páramos, fue identificado y denunciado por la Guardia Civil después de un concierto el pasado mes de mayo en Jerez de La Frontera. Los agentes le denunciaron por haber insultado a la policía al acabar la actuación. Los insultos denunciados formaban parte de la letra de una jota que el cantante a menudo interpreta a capela al final de sus conciertos.
En aplicación de la Ley Mordaza, las "faltas de respeto y de consideración" dirigidas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se consideran faltas leves y están castigadas con multas que van de los 100 a 600 euros. Páramos lleva más de 30 años sobre los escenarios sin haber vivido ningún incidente parecido.
Objeto del delito: Versos como "No pago 30.000 euros por llamarte hijo de puta" (hablando de la policia) o "rómpete la crisma, hijoputa, policía".
Toni Albà, a la espera de juicio por tuits
El actor y humorista Toni Albà irá a juicio acusado de un delito de injurias por varios tuits que hizo después del 1 de octubre sobre la actuación policial, judicial y política. En ninguno de los mensajes hay insultos, pero el juez cree que se podrían considerar ofensivos. Entre estos, hay comentarios en contra de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela o del anterior fiscal general del estado Jose Manuel Maza.
Objeto del delito: Tuits como...
Eduard Biosca, citado por un personaje ficticio
El humorista Eduard Biosca fue denunciado por la Policía Nacional por un presunto delito de injurias contra los cuerpos de seguridad. El origen de la querella fue un comentario del 'señor Bohigues', su personaje cómico más conocido, durante un gag en el programa 'Versió Rac1'. El caso acabó siendo archivado por la jueza argumentando que, aunque el chiste pueda ser de mal gusto, el actor no incurrió en ningún delito.
Objeto del delito: Programa del 20 de octubre. Los conductores del programa hablaban sobre las malas condiciones de los barcos de que alojaban a los policías enviados a Catalunya para el 1-O, donde había ratas. En medio de la conversación, el personaje del señor Bohigues soltó que "las primeras 10.000 ratas ya las trajeron de Madrid". El resto de integrantes del programa pidieron que no se riera la broma.
Seis imputados por criticar a la Policía de Madrid
Una jueza de Madrid ha imputado a seis usuarios de redes sociales por un presunto delito de injurias y calumnias por tuits en contra de la Policía Municipal por los incidentes de Lavapiés después de la muerte de un mantero senegalés el mes de marzo. Entre los imputados, denunciados por los sindicatos policiales, hay una concejala del Ayuntamiento de Madrid, Rommy Arce, el portavoz del sindicato de manteros, Malick Gueye, el secretario de organización de las JERC Igualada, Joan Mangues, el periodista Fonsi Loaiza y los usuarios de Facebook Iván Cortés Villalón y Swett & Dandy.
Objeto del delito: Tuits como...
Hèctor López Bofill, a la espera de sentencia
El jurista y profesor de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra fue juzgado este septiembre acusado de injurias contra la autoridad, amenazas a un colectivo profesional y amenazas a los derechos fundamentales. El origen de la imputación fueron unos tuits relacionados con el procés y unas referencias al politólogo y filósofo Carl Schmitt. En octubre, se comunicará la sentencia.
Censura
Las obras de ARCO sobre los presos, censuradas
La Institución Ferial de Madrid (Ifema), organismo público que acogía la muestra de arte ARCO, exigió la retirada de una exposición sobre 'Presos políticos en la España contemporánea' de Santiago Sierra el pasado febrero. La obra consistía en varias fotografías de presos políticos españoles y catalanes con la cara pixelada, entre ellos, los líderes independentistas. De los tres representantes que forman Ifema, sólo el Ayuntamiento de Madrid se opuso a la retirada. La Comunidad de Madrid, en manos del PP, y la Cámara de Comercio lideraron la acción.
La galerista encargada de la muestra decidió retirarla sin replicar, cosa que desencadenó una gran polémica. Aunque el tema desperó críticas entre partidos, artistas y otros colectivos, la obra no llegó a exponerse. Eso sí, fue comprada aquel mismo día por uno de los socios fundadores de Mediapro, Tatxo Benet, por 80.000 euros y, poco después, empezó una ruta por espacios como el Museo de Sixena o el CCCB.
La exposición sobre presos políticos / EFE
El libro 'Fariña', más tres meses secuestrado
La jueza Alejandra Pontana acordó el pasado mes de marzo el secuestro cautelar del libro 'Fariña', obra en la cual el periodista Nacho Carretero profundiza en la historia del narcotráfico gallego. La medida fue aplicada a petición del exalcalde de O Grove (Pontevedra) José Alfredo Bea Gondar, que demandó a Carretero y a la editorial Libros del KO por presunta vulneración de su derecho al honor. Bea Gondar aparece citado por presuntos vínculos con el narcotráfico gallego.
Las ventas de 'Fariña' —que iba por la novena edición en el momento en que la jueza decidió su secuestro cautelar— se dispararon todavía más al conocerse la noticia. Después de tres meses 'secuestrado', se levantó el veto del libro y desestimó la demanda. Antes de que eso pasara, el exalcalde de O Grove aseguraba en una entrevista en El Mundo que "si no fuera creyente y tuviera un revólver, buscaba el chico y le metía un tiro en la cabeza", refiriéndose al autor del libro.
Objeto del delito: Los fragmentos “Orbaiz Picos se ofreció al cartel de Cali para traer 2.000 kilos de cocaína. Lo hizo a través de Alfredo Bea Gondar, alcalde de O Grove por AP en 1983 y 1991, quien aceptó la propuesta” y “El coche (...) estaba a nombre de Alfredo Bea Gondar: alcalde de O Grove, afiliado al PP (otro más) y procesado en 2011 por un alijo de dos toneladas de cocaína”.
Amarillo, silbatos y esteladas, vetados al fútbol
La requisada de camisetas amarillas en la final de la Copa del Rey en el Wanda Metropolitano es uno de los casos más esperpénticos de veto a la libertad de expresión en campos de fútbol en España. La policía decomisó más de 200 camisetas a los aficionados azulgranas. Desde el gobierno español, no se dio ninguna explicación y se negó haber dado "instrucciones políticas" al respecto. El Barça y las entidades soberanistas han acabado llevando el caso a los tribunales después de haber preguntado los motivos reiteradamente y no haber recibido respuesta.
Silbar el himno español también podría suponer delito, pero ni los tribunales lo tienen claro. El promotor de la polémica silbada durante la final de la Copa del Rey del 2015, Santiago Espot, fue condenado a pagar una multa de 7.200 euros por un delito de injurias a la Corona y ultraje a España. Cinco meses después, la misma Audiencia Nacional lo absolvía. No satisfecha, la Fiscalía ha pedido que se reactive el caso y pide una multa de 90.000 euros.
La exhibición de esteladas es el otro tema candente en las graderías desde hace años y ha comportado la apertura de expedientes y recursos judiciales. La delegada del gobierno español en Madrid, Concepción Dancausa, quiso prohibirlas durante la final de la Copa del Rey de 2016, decisión que fue anulada por un juez antes de la celebración del partido y, finalmente, archivada.
Por su parte, la UEFA abrió tres expedientes al Barça para exhibir esteladas en los partidos de Champions League de las temporadas 2015/16 y 2016/17. Exigían al club más de 150.000 euros de multa. Después de más de dos años de recursos, la UEFA ha acabado archivando los expedientes y el club no tendrá ninguna sanción.
Los vetos, sin embargo, no acaban en los partidos de primera división y ni siquiera fuera del campo. Así lo demuestran incidentes como la confiscación de una estelada por la policía a un aficionado azulgrana en la Puerta del Sol o la retención de tres aficionados del Sant Andreu en Castellón por el mismo motivo.
Delito de odio
Jordi Galves, citado por un artículo sobre Cornellà
El ayuntamiento de Cornellà denunció al colaborador de El Nacional Jordi Galves por un presunto delito de odio por un artículo que publicó en este medio titulado 'Cornellà no es como Catalunya'. El caso se archivó antes de la declaración cuando la fiscalía no vio indicios de delito al texto.
Objeto del delito: Un artículo sobre Cornellà con frases como "Una tierra donde sólo hay un colectivo que se cree superior a los otros y que ha decidido no integrarse en Catalunya", "Donde prolifera la ley del más fuerte, la violencia en todas sus formas, la ultraderecha, el sexismo, el resentimiento permanente del inmigrante que no quiere dejarlo nunca de ser", "He conocido a un chico solitario, aislado y asustado, a quién sus compañeros denominaban 'el catalán' para estigmatizarlo, para asediarlo".
Pesarrodona, una nariz de payaso y tres delitos
El concejal de ERC de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Pesarrodona, fue imputado en diciembre de 2016 por un presunto delito de odio y resistencia grave durante el 1-O en su pueblo. Pessarrodona se había hecho conocido por haber posado durante unas tres horas con una nariz de payaso al lado de un agente que custodiaba la puerta del Departament de Governació durante el 20-S. Finalmente, no hizo falta ni que declarara, ya que la jueza decidió archivar el caso después de escuchar dos horas el testimonio de un teniente de la Guardia Civil. Sin embargo, todavía tiene pendiente otra causa de desobediencia grave por la cual tendrá que declarar el próximo 10 de octubre.
Mossos per la República, citado por la Guardia Civil
El coordinador de Mossos per la República, Albert Donaire, está siendo investigado por un supuesto delito de incitación al odio por tuits. El mosso se negó a declarar ante la Guardia Civil y está pendiente de saber si el caso sale adelante o es archivado. El origen de la investigación es un vídeo que el agente colgó denunciando que un vigilante de seguridad del Aeropuerto de Girona se le había enfrentado por hablar en catalán. A partir de aquí, también analizan los tuits e interacciones contra la actuación policial del 1-O.
Ofensas a los sentimientos religiosos
480€ por poner cara al Cristo de la Amargura
El joven Daniel Serrano, de 24 años, fue condenado este febrero a pagar una multa de 480 euros como autor de un delito contra los sentimientos religiosos por publicar en Instagram un fotomontaje con su propia cara del Cristo de la Amargura, popular a la Semana Santa de Jaén.
La cofradía le pidió en varias ocasiones que retirara la imagen y, al no obtener resultado, acabaron por llevar el caso a los tribunales. Según la fiscalía, la "vergonzosa manipulación de la cara de la imagen" evidenciaba un "manifiesto desprecio y mofa hacia la cofradía con propósito de ofender" y pedía una multa de 2.160 euros.
Objeto del delito:
Willy Toledo, citado por "cagarse en Dios"
El actor Willy Toledo fue imputado por un presunto delito de ofensa a los sentimientos religiosos a raíz de una denuncia presentada por la Asociación de Abogados Cristianos. El motivo era un post publicado en el 2017 donde cargaba contra Dios y la Virgen del Pilar. La denuncia se archivó provisionalmente pero fue reabierta por un recurso de la asociación. Toledo fue citado dos veces a los juzgados pero se negó a presentarse.
Después de unos días de expectación, el actor fue detenido en su casa y trasladado a los juzgados para prestar declaración ante el juez. Se acogió a su derecho a no declarar y ha quedado en libertad provisional a la espera de saber si su caso sale adelante o es archivado.
Objeto del delito: Un post donde decía “Me cago en la conquista genocida de América, me cago en Dios, me cago en la Virgen del Pilar. Viva el coño insumiso”.
'Coño insumiso', una performance a juicio
Tres mujeres serán juzgadas el año que viene por participar en una performance escenificando una procesión con el 'Coño insumiso' como protagonista en mayo de 2014 en Sevilla. Fueron denunciadas por la Asociación de los Abogados Cristianos por un delito contra los sentimientos religiosos y la Fiscalía pide para cada una de ellas una pena de 3.000 euros. La causa fue archivada por una jueza en 2016, pero se reabrió un año después por un recurso de la asociación.
Objeto del delito: