Un manifestante independentista ha aceptado 3 años y 10 meses de prisión, ante los 8 que pedía al principio el fiscal, por los incidentes de diciembre de 2018 con motivo de la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona, en los que golpeó a varios mossos, aunque se deja en suspenso su ingreso en la prisión. Los hechos juzgados se produjeron el 21 de diciembre de 2018, durante la celebración del Consejo de Ministros en la capital catalana, en los alrededores de la Llotja de Mar, acontecimiento contra el cual se convocaron protestas independentistas.
En su escrito de acusación, el fiscal sitúa al acusado en un "numeroso grupo de personas, muchas de ellas encapuchadas" que, "actuando de forma concertada y con el propósito común de atentar contra la paz pública", se colocó ante la línea policial profiriendo insultos a los agentes de los Mossos. El acusado, según el ministerio público, "esgrimía un asiento de bicicleta" en una mano que "no cesaba de mover a manera de hacha" ante los agentes, al mismo tiempo que lanzaba insultos como "sois unos traidores, unos putos perros, os mataré.....".
Uno de los detenidos en la manifestación en Drassanes el 21-D / Sergi Alcàzar
El joven manifestante, igual que otras personas del grupo, empezó entonces a "dar patadas y sacar las vallas" de protección, momento en que se inició la intervención de la policía catalana, subraya el fiscal en el escrito de acusación. Entonces, sostiene el ministerio público, el acusado, con el "ánimo de infringir el principio de autoridad", intentó golpear a varios agentes con el asiento de su bicicleta y cogió a uno de ellos "por el cuello". Otros agentes, al intentar retenerlo, acabaron cayendo al suelo en el forcejeo y fueron golpeados por el acusado, que finalmente fue reducido por los Mossos.
En el juicio de conformidad celebrado este jueves en la sección quinta de la Audiencia de Barcelona, el joven ha aceptado una pena de tres años y diez meses de prisión, además de una multa por las lesiones ocasionadas a dos agentes de la policía catalana. En concreto se le impone una condena de dos años de prisión por el delito de desórdenes públicos, y un año y diez meses de prisión por el delito de atentado a agente de la autoridad. Además, ha sido condenado a una multa de 29 días con una cuota de tres euros al día por cada uno de los delitos leves de lesiones, y por el de lesiones menos graves a cinco meses de multa, con la misma cantidad diaria.
Con respecto a la responsabilidad civil, tendrá que indemnizar con 2.400 euros a uno de los mossos por las lesiones ocasionadas, y con 13.000 euros a otro de los agentes, más otros 3.000 en concepto de las secuelas sufridas por este último después de la agresión. Impedir un Consejo de Ministros está penado según el Código Penal con 5 años de prisión.
Durante la vista de conformidad el fiscal ha informado de forma favorable a la concesión de la suspensión de las penas de prisión por el plazo de cinco años, condicionado a no delinquir y a la imposición de 276 días de trabajo en beneficio de la comunidad. La suspensión de la pena, asimismo, está vinculada a la obligación de satisfacer el pago de la responsabilidad civil, por el cual se han establecido unos plazos.